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Academia Sociedad

Reformas de fondo, el gran reto de Petro

08/08/2022
Por: Carlos Olimpo Restrepo S. - Periodista

La administración de Gustavo Petro llega este 7 de agosto con el compromiso de grandes transformaciones sociales, económicas y políticas para Colombia, entre ellas algunas que despiertan temores en la oposición y escepticismo en sectores moderados, aunque mucho optimismo entre quienes eligieron al primer Gobierno de izquierda del país. 

Campesino Filandia, Quindío. Foto cortesía: Cesar Augusto Ramírez Vallejo / Pixabay. 

Tras muchos años de liderar una parte de la oposición política, Gustavo Petro asume este domingo la Presidencia de la República con el reto de introducir los cambios profundos en Colombia que prometió durante su campaña, algunos de los cuales han despertado debates desde antes de ganar la segunda vuelta electoral, el pasado 19 de junio. 

Para esto cuenta con una coalición de distintos matices partidistas en el Congreso, que ya está trabajando según los lineamientos de la administración entrante, aunque es a partir de esta semana que empieza su tarea de fondo.  

Luquegi Gil Neira, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA, señaló que «hay una preocupación por la avalancha normativa que se presenta, pero hay unos límites que fija la Constitución, como la separación de poderes, la primacía de los derechos fundamentales, la garantía de los mecanismos de participación y el principio de protección constitucional de la propiedad privada. Esto significa que para que sean legales los cambios políticos, sociales y económicos que se introduzcan, estos no pueden salirse del marco de la Constitución». 

Además del plan de desarrollo y el presupuesto nacional, que son lo primero que debe estudiar, el Congreso debe abordar otros temas prioritarios para el Gobierno de Petro en esta primera legislatura, como las reformas tributarias, a la Policía, a la salud y al sector rural, entre otras. 

El agro, clave para la paz total 

El exdecano de Ciencias Sociales, John Mario Muñoz Lopera, quien apoya temas relacionados con la paz desde la UdeA, resaltó que para cumplir el acuerdo de La Habana se debe trabajar fuerte en la implementación de dos puntos centrales:  la reforma rural y la reforma política.  

«Para ello se debe pensar en incorporar la institucionalidad del Estado, no solo la fuerza pública, en todos los territorios, hay que trabajar para llevar salud, educación, empleo, oportunidades, si se quiere lograr la paz total, ; porque si muchos de los conflictos se han dado por la pobreza estructural en el país, sobre todo en el campo, o por la falta de presencia del Estado, entonces que se subsane a partir de llevar la institucionalidad a los territorios». 

Y agregó que esa reforma pasa por formar para el empleo, tecnificar el agro y apoyar la soberanía agraria del país. 

Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA, indicó que el sector agropecuario debe ser clave: «La reforma rural que está en el acuerdo de La Habana incluye temas centrados en el desarrollo de la población que vive en el campo, y hay que considerar todos esos aspectos del desarrollo rural que inciden en la calidad de vida de la población, que pueden ser transversales a muchas políticas. Sin duda la tierra está en primer lugar, pero no es lo único». 

Reforma tributaria 

Foto cortesía: Carlos Andrés Ruiz Palacio / Pixabay. 

Esta reforma no debe ser solo una ley para aumentar el recaudo, sino que debe ser estructural y para ello se deben consultar las recomendaciones de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad de 2015 y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública de 2017-2018. 

Así lo señaló el profesor Jairo Humberto Restrepo Zea, quien insistió en que la reforma se debe «plantear para recaudar más plata, no solo durante un año o este periodo, sino por muchos años, que sea un nuevo estatuto tributario que modifique por completo todas las normas tributarias, de modo que, además de recoger más dineros, incida en cambios económicos y sociales». 

El docente propuso aumentar el recaudo directo del Estado mediante un incremento efectivo del impuesto de renta —hoy la base es del 20 %, pero solo se paga el 8 %— y poner fin a las exenciones a la renta y al IVA, entre otras medidas sobre las personas. Para las empresas, sugirió no aumentar gravámenes a las empresas que más generan empleo. 

Cambios en la Policía 

Foto cortesía: Daniel Cifuentes / Pixabay.

El Gobierno saliente puso en marcha la profesionalización de la Policía, con el fin de que sus integrantes accedan a una mejor formación académica durante su preparación para el servicio. 

Así lo recordó Diana Higuita, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quien señaló que, de todas maneras, esta es una de las reformas más delicadas, porque implica responder a las demandas que se hicieron durante las protestas de años recientes, a los temores de los sectores que reclaman mano dura contra las manifestaciones y a la misma institución. 

«En el momento de hacer las propuestas hizo falta mayor rigor técnico. Se requiere un examen técnico profundo, de expertos que conozcan la Policía por dentro, antes de emprender esa reforma. Hay que hablar con ella para lograr las transformaciones que se quieren», afirmó. 

La docente destacó que el paso de la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia es una señal irrefutable del cambio que quiere el Gobierno entrante, pero es algo que debe considerar otros aspectos.  

Sobre el Esmad señaló que «la intención que veo en esto no es anular esa fuerza, sino hacer un giro en su función, que no sea de confrontación, porque este Gobierno tiene como eje central la paz y la resolución de conflictos». 

Salud, la reforma en espera 

Más que abordar de inmediato cambios de fondo, el sistema de salud puede empezar a cambiar con la aplicación o reglamentación de normas que ya existen, mediante la expedición de decretos o resoluciones que no deben pasar por el Congreso, aseguró Yuly Andrea Marín Ospina, docente de la Facultad de Medicina de la UdeA. 

«Hay leyes que le dan herramientas al Gobierno para su aplicación, que se pueden moderar a través de decretos, porque no están incluidos dentro de los puntos que hacen parte de la reforma estructural que se proyecta en esta administración», indicó la docente, quien destacó que la contratación de personal, el manejo eficiente de los recursos, la vigilancia a los prestadores del servicio y un sistema de información ágil, como algunos de los aspectos que pueden empezar a transformarse de inmediato.  

«La reforma estructural es más compleja y uno de los puntos más duros es el papel de la intermediación, que la realizan las entidades administradoras de planes de beneficio, que en su mayoría son EPS privadas y con ánimo de lucro. La propuesta que hay es eliminar ese papel de la intermediación y para ello se requiere una figura que administre los recursos, pero no es eliminar en definitiva las EPS, sino un cambio de rol: muchas aseguradoras hoy son también prestadoras de servicios de salud, lo que se propone es que se queden como IPS y que el fondo público encargado de los dineros de la salud pase los recursos a esas entidades por sus servicios», explicó la profesora Marín. 

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