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Aunque la paz es un derecho y un deber ciudadano protegido constitucionalmente, la implementación del pacto firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc-Ep no avanza según lo acordado: en la actualidad debería estar en 60 % y apenas se ha llegado al 34 %. Seguridad en varias regiones, dificultades para garantizar la reincorporación de excombatientes, persistencia de grupos armados y el desafío de consolidar una cultura democrática que valore el diálogo, son los vacíos más notables. Así lo expresaron en la UdeA diversos actores que hacen seguimiento al proceso, participantes del Congreso «El legado de la CEV: Desafíos para la paz en un contexto global en crisis». 

«El ELN aparece como un actor aliado del gobierno Maduro que podría ayudar a evitar la entrada de tropas extranjeras por la frontera colombiana y, llegado el caso, capacitar a las milicias Bolivarianas para desplegar una guerra de guerrillas si las fuerzas de EE. UU. invaden el país. Visto así, el ELN pareciera ser el comodín del gobierno de Maduro, es decir, que puede disponer de esta guerrilla según conveniencia».

«Colombia no tiene por qué estar condenada a una guerra perpetua, pero tampoco puede permitirse una paz ilusoria. La única vía realista es la de una paz exigente: aquella que combina presión armada, respeto a las instituciones, con un discurso conciliador capaz de abrir puertas sin regalar ventajas. Mientras el Gobierno ignore que la polarización y el costo militar son las dos variables clave, la Paz Total seguirá siendo un eslogan vacío. Los violentos solo se sientan a negociar cuando entienden que la alternativa a no hacerlo es peor que rendirse».