Periódico Alma Máter

El hurto con violencia se ha convertido en uno de los factores que más inciden en la percepción de inseguridad de los habitantes de Medellín. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

Es posible que usted alguna vez haya llamado a la Policía porque en su calle están jugando, armaron una parranda o algunas personas se comportan de manera sospechosa. Puede que de la estación o del CAI más cercano envíen algunos agentes a verificar y «poner orden» y, en caso de que no lo hagan, seguramente va a sentir no solo malestar con esa institución, sino con otras entidades del Gobierno. 

En la mente de algunas personas está la idea de que la fuerza pública debe intervenir en casi todas las situaciones que molestan, incomodan o alteran de alguna manera la vida de los seres humanos, pero, en ocasiones, esto solo contribuye a agravar el estado de cosas. 

Por eso, al hacer una revisión de la Política Pública de Seguridad y Convivencia de Medellín, por invitación de la Administración distrital, el Instituto de Estudios Políticos —IEP— de la UdeA destacó esta situación entre los aspectos para tener en cuenta en el replanteamiento de dicha política. 

«Una de las discusiones centrales fue que esta política necesitaba ajustar su problema público, tanto para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, así como del mejoramiento de la capacidad de gestión y acciones desarrolladas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia y del gobierno local mediante dimensiones, instancias de decisión, intervención y mecanismo definidos, acorde a las metas propuestas en el rediseño de esta política», sostuvo Andrés Felipe Lopera Becerra, docente del IEP. 

Este investigador recalcó que, en 2015, cuando se replanteó desde la academia esa política, la idea central era la gobernanza, es decir, que las instituciones y los individuos pudieran gobernar sus destinos, con el compromiso de que la Secretaría de Seguridad y Convivencia mantuvieran las mejores condiciones de los asuntos que le competen en la ciudad. 

Pero al revisar este aspecto, los profesionales de la UdeA encontraron que no solo el problema público, sino también los mecanismos que se requieren para que opere esa política, no contaba con las herramientas suficientes para responder en algunos casos.  

Los expertos de la Alma Máter consideran que para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia del distrito es necesario fortalecer la gestión y el relacionamiento institucional entre la Secretaría de Seguridad y otras dependencias de la Alcaldía, con organismos de seguridad y justicia nacionales, así como con gremios, actores sociales, oenegés, grupos significativos de ciudadanos, universidades, tanques de pensamiento, entre otros. 

Cinco dimensiones 

Para que esto funcione, la investigación propone hacerlo a partir de siete dimensiones, las cuales deben ser construidas con base en los datos con los que cuenta la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

Convivencia: focalizar la atención en mejorar la confianza y el reconocimiento entre ciudadanos y entre estos y las instituciones públicas, reducir la intolerancia y los comportamientos contrarios a la convivencia, así como incrementar el presupuesto para estas acciones. 

Justicia cercana al ciudadano: incrementar la presencia y capacidad de respuesta en Casas de Justicia, Inspecciones de Policía y Comisarías de Familia. Esto apunta a la contención de problemas como riñas, intolerancia vecinal y familiar, además de reducir la intervención de grupos armados que, en ocasiones, suplantan la autoridad legal e imponen sus propios órdenes en algunas zonas de la ciudad. 

Operatividad: el Estado no puede renunciar al monopolio de la fuerza y, por eso, la Secretaría de Seguridad y Convivencia debe convertirse en actor clave en la articulación de acciones con la fuerza pública, pero sin que esta sea la única vía de acción. 

Espacio público: buscar enfoques intrersectoriales —sociedad civil, gremios, entidades oficiales— para intervenirlos en beneficio de la mayoría de los habitantes de la ciudad, es decir, que se promueva la apropiación de la ciudadanía del espacio público para su uso y disfrute de manera segura e inclusiva. 

Uso de información: aprovechar que la Secretaría de Seguridad y Convivencia es una de las entidades que más información recibe y recopila con el fin de incrementar su apropiación y conocimiento, tanto para la toma de decisiones como para los ciudadanos. 

Infraestructura: sacar el máximo provecho de los recursos físicos y tecnológicos con el fin de mejorar las respuestas de las diferentes entidades comprometidas con las políticas de seguridad y convivencia. 

Estas dos últimas dimensiones son transversales a las demás, toda vez que sin ellas es muy difícil la aplicación de las otras cuatro. 

En años recientes, la Alcaldía de Medellín ha impulsado el uso de herramientas tecnológicas para mejorar los indicadores de seguridad en la ciudad. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.
 

La percepción es diferente 

Los investigadores del IEP también analizaron las estadísticas de seguridad y comprobaron que el delito que más afecta a los habitantes es el hurto a personas, pero la percepción ciudadana muestra algo diferente. 

«Siempre que hablamos de seguridad y convivencia el factor perceptual es determinante. En delitos como el homicidio, nuestra percepción de inseguridad aumenta, ese es un reto para esta Alcaldía y para todas las que vengan, porque, aunque haya un cambio positivo en el comportamiento estadístico de un fenómeno, cuando las personas ven uno solo de estos hechos, sea de manera directa o por información en medios de comunicación y redes sociales, muchas veces sienten que el problema es mayor», dijo Felipe Lopera. 

Por ello, recomendó a la administración utilizar las estadísticas objetivas y subjetivas con el fin de ubicar las zonas donde se presentan esos delitos de alto impacto y planear estrategias puntuales allí. 

El análisis ya está en manos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y debe ser la Administración distrital la que decida la mejor manera de aprovechar las recomendaciones de los investigadores de la Universidad. 

Seguridad con participación ciudadana 

Pablo Angarita Cañas 
Docente e investigador Grupo Conflictos, Violencias y Seguridad Humana UdeA. 
pablo.angarita@udea.edu.co 

Una política pública de seguridad debe contener múltiples actores, instituciones y acciones. En un Estado social de derecho, toda política pública —y la seguridad no es una excepción— debe estar orientada por el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, lo cual implica que deben predominar las acciones preventivas, diferenciando los problemas de inseguridad de los de convivencia, y, por tanto, tratarlos de manera distinta.  De ahí que sea necesario hacer énfasis en acciones de carácter preventivo más que en las de carácter represivo, como lo postula el enfoque de la Seguridad Humana que el actual Gobierno nacional se propone implementar. 

Una política pública de seguridad y convivencia debe contar los mecanismos de transformación de los funcionarios públicos educados en su rol de servicio a la ciudadanía y de respeto de sus derechos. Pero también debe incluir la promoción de la participación ciudadana, educada en su papel y con conocimiento del rol de cada una de las instituciones en procura de una interacción Estado-sociedad con propósitos comunes.  

Un asunto técnico que debe tener una buena política pública de seguridad son indicadores de eficiencia y de resultados que permitan medir y evaluar los aciertos y las falencias que sea necesario corregir. Además, contar con estrategias comunicacionales y pedagógicas para lograr incidir en las transformaciones culturales que exige una buena política de seguridad y convivencia. Todas estas políticas y acciones tienen que ser transparentes, de cara a la ciudadanía, quien es la razón de ser de las mismas.