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Financiación, el principal reto ante los nuevos horizontes de las universidades públicas

31/05/2023
Por: Julián David Ospina Sánchez - Periodista

Aumento en la cobertura, fortalecimiento en las regiones, relacionamiento con la educación precedente y mejoramiento de la calidad. Estos son cuatro de los horizontes de hoy en la educación superior en Colombia. Sin embargo, el desfinanciamiento que ha enfrentado el sector en los últimos 30 años sigue siendo un escollo. En tiempos de reformas y de la propuesta del Gobierno nacional de crear 500 000 nuevos cupos, las nuevas discusiones sobre el futuro de las universidades públicas en Colombia están sobre la mesa.   

Para crear 500 000 nuevos cupos se necesita la participación de las universidades privadas que, por lo pronto, no han clarificado su compromiso con esta meta. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

Desde la promulgación de la Ley 30 de 1992 la educación superior pública afronta un desfinanciamiento estructural. Todos los actores de este sector lo conocen y, una y otra vez, han llamado la atención sobre él. De acuerdo con los datos del Sistema Universitario Estatal  —SUE—, la cifra que se le adeuda históricamente a las instituciones es de 18 billones de pesos.

Ante la situación se han aplicado salidas paliativas, como la adición de recursos durante el Gobierno nacional anterior, o como la generación de recursos propios que han batallado las mismas universidades. Ahora, con la reforma en curso de dicha ley, y la meta del gobierno del presidente Petro de crear 500 000 nuevos cupos, los nuevos horizontes plantean retos y a las universidades públicas colombianas les surgen nuevos cuestionamientos.

«Frente a la nueva realidad, el compromiso de la Universidad de Antioquia sigue siendo fortalecer y defender la educación superior pública», dijo John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la UdeA, quien avizoró con optimismo nuevas alternativas y destacó que la educación superior quedara consignada como un derecho en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026.

Sin embargo, para Ramón Javier Mesa Callejas, vicerrector Administrativo de la Alma Máter, frente a estos nuevos escenarios es necesario ser claros y saber que todo esfuerzo que se haga genera gastos, por lo que se debe delimitar con claridad el índice de crecimiento y el costo de seguir avanzando en cobertura, mejoramiento de la calidad y extensión de las instituciones a los territorios.

«En el caso de la Universidad de Antioquia, no hemos dejado de crecer. Estamos haciendo de todo, pero tenemos un descalce financiero que es muy fácil de explicar: los gastos crecen más que los recaudos», explicó Mesa Callejas, quien amplió que, con los nuevos recursos de las transferencias y la generación de otros ingresos por parte de la institución, se ha maniobrado en tiempos de crisis.

Por su parte el Gobierno nacional, en voz de Ricardo Moreno Patiño, asesor del despacho del Ministerio de Educación Nacional —MEN—, reconoció la crisis sistémica en la educación superior, relacionada en mayor medida con la falta de recursos. Moreno dijo que espera que las reformas educativas de la administración del presidente Gustavo Petro Urrego, sumadas a los cambios que se logren de la Ley 30 de 1992, consigan, de la mano de las universidades, la transformación del sistema.

Estas reflexiones fueron debatidas por docentes de varias universidades del país, el pasado 26 de mayo de 2023, en el Encuentro Nacional de Profesores Universitarios que se realizó en el auditorio del Edificio de Extensión de la Alma Máter y que fue organizado por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —Asoprudea— y los Representantes a los Consejos Superior y Académico de las Universidades Públicas del país —Arpup—.

«En el movimiento nacional por la educación superior, la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —Asoprudea— ha cumplido un papel protagónico y ha señalado con claridad el déficit histórico de las universidades públicas», expresó John Mario Muñoz Lopera, vicepresidente de Asoprudea, quien pidió que este tipo de espacios se sigan propiciando en todo el país.

El hueco fiscal
 

Desde su creación, la Ley 30 de 1992 indexó las transferencias de la Nación a las universidades al ritmo del índice de precios al consumidor —IPC—, lo que se transformó en un déficit creciente para las instituciones.

Con los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional en diciembre de 2018, gracias a las movilizaciones de estudiantes y profesores de todo el país, los nuevos recursos pactados buscaron poner freno al desequilibrio. Fue entonces que se incluyó el artículo 108 en el Plan Nacional de Desarrollo —PND— 2018-2022, donde quedaron consignadas las partidas adicionales para atender las obligaciones de las universidades públicas: 3.5 % en 2019, 4 % en 2020, 4.5 % en 2021 y 4.65 % en 2022. 

Por ahora, el presidente Gustavo Petro Urrego se comprometió con el incremento del 5 % más el IPC a los recursos que se trasferirán este año a la Universidad de Antioquia y sus similares.

De izquierda a derecha en la mesa principal: Sandra Patricia Duque, presidenta de Asoprudea; Ricardo Moreno, asesor del MEN; John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia; Natalia Gaviria, secretaria de la Junta Directiva de Asoprudea; John Mario Muñoz, vicepresidente de Asoprudea y Mónica Zuleta, representante profesoral ante el Consejo Académico UdeA.

Crecer con responsabilidad
 

«Llevar universidad a más personas y a los territorios, es un tema clave de coincidencia entre el Gobierno nacional y la Universidad de Antioquia, por eso estamos participando en todos los encuentros con el MEN para hallar los caminos posibles», puntualizó Arboleda Céspedes.

Para hallar esas sendas hacia la realidad proyectada debe quedar claro el financiamiento, porque aun incluyendo el incremento de las transferencias no es suficiente. «Por lo pronto sabemos que las trasferencias de este año son del IPC más un 5 %, pero nada más», anotó el vicerrector Mesa Callejas.  

De acuerdo con los cálculos de la Vicerrectoría Administrativa de la UdeA, hoy se tienen que combinar los recursos de regalías con aquellos otros que genera la institución para poder funcionar, no para salir de la crisis. «Entonces queda por definir el número mágico de cuánto debe transferir el Gobierno a las universidades para funcionar y dejar de contener el muro del desfinanciamiento», finalizó el titular de esa dependencia. 

Según Moreno Patiño, «teniendo en cuenta los análisis, como el de la Vicerrectoría Administrativa de la UdeA, es necesario seguir alimentando el debate con la participación de todos los actores y enfilar las acciones hacia los proyectos de reformas como el de la congresista Jennifer Pedraza, sobre la Ley 30 de 1992, y los que prepara el ejecutivo sobre el sistema educativo en general».

Al finalizar las deliberaciones y en el marco de la elaboración del documento conjunto por parte de los profesores participantes, Sandra Patricia Duque Quintero, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia concluyó que «como profesorado es nuestro deber la defensa de una sociedad democrática, crítica y progresista que esté comprometida con la educación pública». 

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