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De izquierda a derecha, Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA; John Jairo Arboleda, rector de la UdeA; Juan Correa, director de la Unidad Especial de Paz, y Stefan Peters, director académico del Instituto Capaz.Foto: Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F.

A tres años de la entrega del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad —CEV— y a casi nueve de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, el balance sobre la aplicación de las recomendaciones del primero y el cumplimiento de los pactos del segundo deja poco espacio para el optimismo.

Así quedó claro en el Congreso «El legado de la CEV: Desafíos para la paz en un contexto global en crisis», organizado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz —Capaz—, con el apoyo de la UdeA a través de su Instituto de Estudios Políticos, la Maestría en Intervención Social de Trabajo Social y la Unidad Especial de Paz.

El evento, que se realizó el 28 y 29 de agosto de 2025, fue instalado por el rector de la UdeA, John Jairo Arboleda Céspedes, y el director académico de Capaz, Stefan Peters, quienes resaltaron la importancia para la sociedad de este tipo de eventos, que contribuyen a la comprensión y a la formación de conciencia en torno a los conflictos del país.

«La Universidad de Antioquia ha estado siempre comprometida con la verdad, la memoria y la reconciliación (…) durante los años de funcionamiento de la CEV nuestra Alma Máter se puso al servicio del país con un claro compromiso institucional y político, pusimos a disposición de la comisión nuestro capital científico y cultural. Docentes, investigadores y estudiantes trabajaron incasablemente para contribuir al esclarecimiento de los hechos del conflicto armado», aseguró el rector de la Universidad.

El directivo agregó que «la educación es una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más justa y en paz. En esta coyuntura, cuando nos acercamos a un nuevo proceso electoral, la reflexión sobre el legado de la CEV, es más relevante que nunca: debemos recordar el pasado para no repetirlo, para consolidar los avances del presente y para seguir construyendo un futuro con verdad y sin violencia».

Stefan Peters, por su parte, señaló que «la educación y la academia deberíamos enfatizar en que las recomendaciones de la CEV lleguen a programas académicos de otras áreas del conocimiento, más allá de las ciencias sociales, porque es un tema que nos debe interesar a toda la sociedad».

El académico resaltó que «en las universidades de Colombia he encontrado que tanto en la enseñanza, como en la investigación y extensión, se trabaja mucho con sociedad, con las comunidades, algo que es visible, en este caso en específico, con lo que la Universidad de Antioquia hace a través de la Unidad Especial de Paz, con la tradición de hace años de la Facultad Nacional de Salud Pública, o lo que hace desde sus diferentes campus, que muestra que hay como un chip en sus docentes y en sus directivos para trabajar en la transformación social». 

Añadió que «aquí estamos para reflexionar sobre los desafíos que tenemos en un contexto de crisis, no solo en Colombia sino global, y por eso repasar lo que nos dejó la Comisión de la Verdad, tanto el informe final como las recomendaciones, es muy importante para saber qué tipos de respuestas estamos dando a esos desafíos».

Los avances y aplicaciones son lentos

Durante el Congreso se abordaron diferentes temas relacionados con la paz en Colombia. Foto: Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F.

En el panel de apertura, Wilson Castañeda, presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, alertó sobre el lento avance en la implementación del acuerdo de paz por parte del Gobierno nacional.

«Nos preocupa que este Gobierno nos entregue un Estado con mayor debilidad institucional. Era más importante un Ministerio de Paz que uno de Igualdad, mucho más cuando la implementación del Acuerdo con las Farc no pasa del 34 %», aseguró Castañeda.

Este politólogo y filósofo también advirtió que el actual proyecto de ley sobre sometimiento del gobierno Petro «no recoge una experiencia histórica de la participación efectiva de las víctimas, y hay un señalamiento de la protesta social que la pone en un escenario de criminalización».

Marta Ruiz, exintegrante de la CEV, recordó que el acuerdo de paz se planteó como una oportunidad para reconocer a las víctimas como protagonistas de la transición, pero que la falta de seguridad en varias regiones del país, la persistencia de grupos armados ilegales y las dificultades para garantizar la reincorporación plena de los excombatientes amenazan los logros alcanzados. 

Por eso, afirmó, «la paz no es solo la firma de un documento, es la capacidad del Estado y de la sociedad para proteger la vida y garantizar derechos, es una tarea colectiva y debemos avanzar en la construcción de la paz grande, como un proyecto de Nación, que incluya una dimensión ética y psicológica».

En este sentido, hizo un llamado para apelar a las emociones como una herramienta para aportar en la construcción de paz. «Lo que vemos en redes es una tendencia a sentimientos corrosivos y a lo que hay que acudir es a la construcción de emociones creativas, solidarias, que gradualmente generan iniciativas sociales que apuntan a la paz».

Carlos Montoya, de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, indicó que si bien se han dado pasos en materia de justicia transicional y participación política de excombatientes, persiste una brecha considerable en los territorios más afectados por el conflicto. 

«El acuerdo prometía una transformación rural integral, pero en muchas comunidades aún no se ve una mejora significativa en infraestructura, acceso a tierras y servicios básicos», reconoció el funcionario.

Entre otros aspectos, se destacó que, para este año, 2025, la implementación de los diferentes aspectos del acuerdo de paz debía estar en 60 %, pero apenas se ha llegado al 34 %, con el agravante de que la mayoría de los puntos pactados para el largo plazo no se han comenzado a trabajar.

En este sentido, Marta Ruiz aseguró que el punto en que más atraso hay es en el de la participación política, mientras Wilson Castañeda llamó la atención sobre la necesidad de avanzar en la seguridad a los firmantes, donde hay grandes fallas, como lo demuestran los asesinatos, atentados y desplazamientos de los exintegrantes de las Farc.

Otro aspecto en el que coincidieron los panelistas fue en la idea de que la construcción de paz no puede depender exclusivamente del Estado ni de los gobiernos de turno. Requiere, afirmaron, de una apropiación social más amplia y de la consolidación de una cultura democrática que valore el diálogo y rechace la violencia como mecanismo de resolución de conflictos.