Sociedad

La audiencia contó con la participación del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien reiteró el interés del Gobierno Nacional en sacar adelante el proyecto para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Foto: Ministerio de Educación Nacional

Con una amplia participación de varios sectores y grupos de interés, se realizó el lunes 17 de febrero de 2025, en Bogotá, una audiencia pública para conocer los diferentes puntos de vista sobre el proyecto de Ley 212, radicado en septiembre del año pasado en el Congreso de la República, mediante el cual el Gobierno Nacional busca incrementar los recursos destinados a la financiación de la educación superior pública del país.

El senador Pedro Hernando Flórez informó que esta semana se discutirá el proyecto en la Comisión VI y posiblemente será aprobado, con el fin de que pase pronto a la plenaria del Senado. «Esperamos que con este proyecto de ley se cierren las brechas de acceso, de permanencia y de calidad en la educación superior pública del país», anotó.

El proyecto busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y propone un nuevo modelo de financiamiento para las universidades públicas que ajuste los recursos destinados a estas con base en el índice de costos de la educación superior —Ices— y no en el índice de precios al consumidor —IPC—, que es como funciona hoy. 

Además, plantea un incremento progresivo de la inversión para mejorar la cobertura, la permanencia y la graduación de los estudiantes, ampliar la oferta educativa en los municipios sin instituciones de educación superior y mejorar las condiciones laborales de los docentes y el bienestar estudiantil.
 

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El ministro Daniel Rojas Medellín destacó la necesidad de consolidar un nuevo esquema de financiación para la educación superior pública. «Nuestro compromiso debe ser garantizar fuentes de financiación sostenibles para la universidad pública, asegurando no solo infraestructura y más cupos, sino también la ampliación de la oferta académica», sostuvo. 

Según datos del Ministerio de Educación, entre los años 2000 y 2023, las matrículas de estudiantes crecieron 176 %, mientras los recursos destinados a las universidades solo aumentaron un 62 %. «Se ha abierto una brecha que afecta directamente el bienestar universitario. ¿Cómo podemos hablar de bienestar si los recursos están disminuyendo en términos reales?», cuestionó el jefe de ese despacho.

Ante esta situación, además de impulsar la reforma a la Ley 30 en el Congreso de la República, el Ministerio de Educación adelanta gestiones ante el de Hacienda, con el fin de obtener el aval fiscal, para garantizar la financiación de la iniciativa y que no haya tropiezos en el Legislativo ni en la eventual destinación de nuevos recursos para las instituciones de educación superior.

Amplia participación

El evento, que se adelantó en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, fue convocado por la Comisión VI del Senado y en él participaron, además del ministro de Educación y de los ponentes del proyecto, miembros del Sistema Universitario Estatal —SUE—, de la Red Colombiana de Colaboración entre Instituciones de Educación Superior, rectores de universidades, representantes de asociaciones de profesores, de los movimientos estudiantiles y de los trabajadores universitarios, entre otros actores clave.

Jairo Torres Oviedo, director del SUE y de la Asociación Colombiana de Universidades —Ascún— aseguró que «construir un nuevo modelo de financiamiento implica que el Gobierno Nacional asuma los costos salariales y prestacionales de nuestros funcionarios que desde hace algunos años nos impacta, pues el 50 % de los recursos con los que funcionamos, son propios».

Añadió que «en los últimos 30 años las universidades han dejado de recibir 19 billones de pesos, lo que ha llevado a campus envejecidos y a la precariedad laboral de trabajadores y docentes, ya hemos demostrado a qué ha conducido el desfinanciamiento».

Sebastián Hernández Arroyo, del Consejo Nacional de Juventudes, dijo que «esta reforma devuelve la dignidad que el movimiento estudiantil ha reclamado por años. Lo importante es que no se quede solo en el papel».

Sara Klinger, representante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, indicó que «necesitamos una educación superior verdaderamente autónoma y democrática, libre de corrupción y con participación real. La financiación es solo el primer paso».