Periódico Alma Máter

Según un estudio de la Facultad Nacional de Salud Pública, en Colombia, entre los años 2010 y 2020, hubo en promedio 6224 muertes por año. Foto: cortesía Edwin Salazar.

Un segundo para mirar el celular, cruzar la calle desprevenidamente, pasarse un semáforo en rojo por afán o salir con el automóvil sin revisar su estado mecánico y ¡zas! Elecciones que se toman para resolver situaciones o problemas que pueden ser simples o complejos, tienen diferentes niveles de riesgo, incertidumbre y consecuencias. Cada día, en Colombia mueren hombres y mujeres en la vía pública a raíz de malas decisiones, propias o ajenas, que afectan su vida y las de otras personas: madres, padres, hijos, esposos, hermanos, tíos, abuelos y familias enteras.  

Según un estudio realizado por los investigadores Edwin Salazar y Gustavo Cabrera, en Medellín, entre el 2010 y el 2020 se registraron 2988 muertes por incidentes de tránsito. Las principales víctimas fueron peatones, con 1423 muertes (47,6 %), seguidos por los motociclistas, con 1295 (43,3 %).   

Los años potenciales de vida perdidos —APVP— de estas personas fueron 98 787. Esta es una medida utilizada en salud pública para estimar la carga de enfermedad y la mortalidad prematura en una población, y se basa en la idea de que las personas que mueren de manera precoz tienen el potencial de vivir más años si no hubieran fallecido en esa etapa de su vida.  

Los peatones y motociclistas ocuparon el primer lugar, en especial los jóvenes. La Candelaria, Buenos Aires y Manrique fueron los lugares donde más fallecieron peatones, y la zona cercana al sistema vial del río Medellín donde hubo más decesos de motociclistas. 

Algunos de los diagnósticos en motociclistas y peatones en accidentes viales fueron politraumatismos en la cabeza, el cráneo y el tórax, que pueden dejar secuelas de por vida, si el paciente no muere, entre ellas, discapacidades físicas y cognitivas. Dichas condiciones, que ocurren con mayor frecuencia en estratos bajos, llevan a las familias al incremento de su nivel de pobreza, por la pérdida del sostén familiar y los subsiguientes altos gastos en atención médica, lo que se puede prolongar por años. 

¿Quién asume la responsabilidad en la vía pública? 

Cada uno de los actores es responsable. Los peatones deben usar las aceras, las cebras, los semáforos, los puentes peatonales y respetar las señales de tránsito. Los conductores deben ser conscientes de su estado físico, mental y emocional para salir a la vía pública; además, acatar las señales viales y dar prelación a los peatones, que merecen tiempo y respeto para su movilidad.  

Tras un incidente vial, más allá de una cifra, hay años de vida perdidos, carreras sin terminar, sueños sin cumplir, familias desintegradas y con grandes problemas económicos, de salud, convivencia y sociales, con secuelas que les obliga como cuidadores a desmejorar también sus condiciones de vida, sin ingresos para acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación y la recreación. 

El derecho a moverse en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad e inclusión supera los límites de libertad, debido a factores externos a las personas. Por ejemplo, el artículo 24 de la Constitución de 1991 protege el derecho a la libertad de locomoción y a movilizarse dentro del territorio y salir de él. No obstante, la misma norma constitucional consagra que no se trata de un derecho absoluto y que puede ser limitado en el marco legal por acciones indebidas: mal parqueo, mala clasificación del suelo, condiciones de seguridad y conflicto interno del país.  

Además, esta movilidad se ve restringida por variables humanas, sociales y normativas como el estrato socioeconómico, el nivel académico, los acuerdos internacionales, las normas, los decretos y las leyes. Así mismo, intervienen variables de calidad, como el ingreso de vehículos al país sin altos estándares de seguridad, sin certificados de baja emisión, entre otras, lo cual aumenta el riesgo vial. 

Otros factores de inseguridad 

A las diferentes causas de la incidentalidad vial se podrían sumar otros factores relacionados con los trastornos de salud mental e inseguridad pública en las ciudades, en las que precisamente los puntos más álgidos coinciden con esas zonas que tienen mayor reporte de robos y actos delictivos.  

Para el caso de Medellín, en la Comuna 10, también conocida como La Candelaria, convergen actores delincuenciales que atentan contra la seguridad, no solo de los peatones, sino de algunos conductores que, además de robos a mano armada, se han visto afectados porque les lanzan piedras y objetos peligrosos mientras conducen para luego robarles y asesinarlos. Para evitar este flagelo, se debe pensar en estrategias de prevención por medio de un trabajo interinstitucional articulado. 

En países como España, por ejemplo, la legislación no permite conceder la licencia para conducir a personas con trastornos esquizofrénicos, porque pueden sufrir cambios emocionales, alucinaciones, delirios y, en ocasiones, conductas violentas. Por ello, también se hace necesario revisar el tema de la salud mental para una actividad que requiere de los cinco sentidos. 

Finalmente, y frente a las medidas que deben tomarse en términos de la reducción de la incidentalidad, tal como manifiestan Salazar y Cabrera, en Medellín hay un consenso de diferentes actores para continuar implementando el proyecto Visión Cero como estrategia, que ayuda a la prevención y reducción de incidentes y permite gestionar los procesos de movilidad fundada en los pilares Vida, Víctimas, Velocidad, Vías y Vehículos.  

Además, procurar por la atención de este problema de salud pública y sus víctimas de manera integral con la reincorporación social, atención psicológica y restitución de derechos, y no solo al momento del incidente.