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Urge presupuesto para atender las violencias basadas en género en las universidades

16/11/2022
Por: Redacción UdeA Noticias

Varias universidades públicas del departamento asistieron al debate de control político «Violencias contra las mujeres al interior de las universidades», convocado por la Asamblea Departamental de Antioquia para conocer de primera mano las acciones que están realizando las instituciones al respecto. La UdeA mostró los avances en términos de atención, políticas y reglamentación frente a las violencias basadas en género y violencias sexuales.  

Entre el 2019 y el 2022,  la UdeA ha recibido, a través de la Ruta Violeta, 241 denuncias de VBG o VS, el 80 % de esos casos son presuntos hechos que ocurrieron por fuera de la Universidad. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F. 

«Debemos reconocer que en las instituciones de educación en general, y las de educación superior en particular, sí ocurren violencias basadas en género —VBG— y violencia sexual —VS—», afirmó Liliana Marcela Ochoa Galeano, directora de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, como punto de partida de su intervención en el debate de control político «Violencias contra las mujeres al interior de las universidades», llevado a cabo en el recinto de la Asamblea Departamental de Antioquia y citado por el diputado Andrés Fernando Mesa Valencia.   

El debate, que fue realizado el 9 de noviembre de 2022, tuvo como propósito que la corporación y la ciudadanía pudieran conocer las situaciones de las VBG y VS en algunas de las instituciones de educación superior en Antioquia, por lo que contó también con la participación de representantes de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Institución Universitaria Digital de Antioquia.  

Durante su exposición el diputado Mesa Valencia citó la investigación Acoso sexual, universidades y futuros posibles: enunciaciones críticas sobre las conductas, los lugares y las soluciones, desarrollada por del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad —Dejusticia—, que reveló que, de 44 universidades del país, entre públicas y privadas, 28 no tienen un protocolo sobre el acoso sexual. 

«Hago un llamado al Gobierno nacional para que desde el Ministerio de Educación haga un control efectivo sobre la implementación de los protocolos para la atención, prevención y sanción de las VBG en las instituciones de educación superior», anotó el diputado, recordando que el Congreso de la República promulgó la Ley 1257 de 2008 donde se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.  

La directora de Bienestar de la UdeA expresó que la existencia de un protocolo por sí solo no garantiza la erradicación de las violencias de ningún contexto en ninguna sociedad. «Lo que la garantiza es el compromiso individual y colectivo con esa erradicación. Por eso todos debemos aportar a la solución, no solo las instituciones», dijo.  

 «La discusión no es de un tema coyuntural de unas mujeres valientes que en el mes de agosto se atrevieron a denunciar públicamente los acosos, eso es la punta del iceberg de un problema de discriminación histórico, cultural y social en Colombia y el departamento», afirmó el diputado, quien señaló que existe una institucionalidad incapaz de atender y generar soluciones para las mujeres que sufren VBG. Además, durante su intervención cuestiono sobre el funcionamiento de la Ruta Violeta frente a las denuncias por VBG y VS al interior de la Universidad. 

Las acciones de la UdeA
 

El pasado 25 de octubre de 2022 el Consejo Superior Universitario —CSU— de la UdeA aprobó tipificar como falta disciplinaria las VBG y VS. «Hay que anotar que en la Universidad ya se adelantaban procesos disciplinarios antes de la tipificación como falta disciplinaria, pero también hay que reconocer que el mecanismo de investigación con fines sancionatorios no se daba con el enfoque de género que requieren este tipo de situaciones y por eso fue necesario tipificar la falta y generar condiciones garantistas para quienes denuncian este tipo de faltas», afirmó Ochoa.  

La Universidad de Antioquia viene adelantando, desde noviembre de 2018, una apuesta para la prevención, detección, atención y actualización normativa para atender y erradicar las VBG dentro de la institución. Esa apuesta partió de tres propósitos fundamentales: el compromiso institucional de cero tolerancia a este tipo de violencias en la UdeA, la generación de acciones orientadas a procurar un entorno seguro para quienes habitan la Universidad y un trabajo sistemático orientado a la erradicación de este tipo de violencias de la universidad. 

Liliana Marcela Ochoa Galeano, directora de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, durante su exposición en el debate de control político convocado por la Asamblea Departamental de Antioquia. Foto: @asambleadeant 

De acuerdo con la directora de Bienestar, desde que empezó a operar la Ruta Violeta, en enero de 2019, hasta junio 30 de 2022, se han recibido 241 denuncias relacionadas con las VBG y VS. Sin embargo, Ochoa precisó que en este canal de atención no solo se atienden los casos que se presentan dentro de la Universidad o que tiene que ver con personas con vínculo con la institución, sino que también atiende los casos que afectan a los integrantes de la comunidad universitaria por fuera de la institución y en actividades ajenas al desarrollo de la misión institucional, como sus hogares, entornos laborales o de interacción social.  

«En total el 80 % de los casos que han denunciado ocurren por fuera de la UdeA. Las tipologías más frecuentes son el acceso carnal violento y la violencia de pareja. En la mayoría de esos casos que activaron la Ruta, las víctimas son estudiantes y el presunto agresor no tiene vínculo con la Universidad —anotó la directiva—. En estos casos no aplica la remisión interna para un proceso disciplinario, porque el agresor no hace parte de la comunidad universitaria. Sí aplica para una remisión externa, especialmente cuando nos encontramos ante la comisión de un delito».  

De los casos que ocurren dentro de la Universidad, que representan el 20 %, la tipología más frecuente es el acoso sexual. En la mayoría de estos casos la víctima es estudiante mujer y los presuntos agresores son estudiantes —40 %— y profesores —30 %—. En estos casos la remisión interna se ha dado al Centro de Asesoría en Género de la Facultad de Derecho y a la Unidad de Asuntos Disciplinarios.  

Ochoa Galeano recordó que en el mes de agosto la Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexuales de la UdeA denunció varios casos de VBG y VS y, a partir de allí, realizó una serie de exigencias para que esta situación fuera atendida eficientemente por la institución. «Una vez conocimos las denuncias, comenzamos a generar unas acciones inmediatas como la tipificación de falta disciplinaria, reforzamos el equipo de la Unidad de Asuntos Disciplinarios, se conformó un equipo exclusivo para atender estas situaciones y la Dirección de Bienestar incorporó otras tres profesionales para atender la ruta, dos psicólogas y una abogada, entre otras acciones», comentó Marcela Ochoa.  

Se necesita presupuesto 
 

Durante el debate varios de los invitados y las invitadas hicieron énfasis en la necesidad de recursos para atender a las víctimas de las VBG y las VS. «Debemos fortalecer el presupuesto para las instituciones de educación superior. Cuando los estudiantes son víctimas de violencia necesitan sanar, se requieren profesionales, no solo para escucharlos sino para solucionar el daño», acotó la diputada Verónica Arango García. 

Dora Cecilia Saldarriaga, concejala de Medellín, reconoció que las violencias contra las mujeres se dan en todos los espacios, no solo en las universidades. «Eso hay que nombrarlo, porque si no se hace vamos a seguir pensando que eso no pasa.  Reconocer el problema es vital para estudiarlo, para poder comprender lo que significa realmente», dijo.  

«Las universidades requieren presupuesto efectivo para atender estas violencias. Un ejemplo es el tema de defensa técnica, que es necesaria y necesita un presupuesto, porque cuesta, porque si los casos que se están tramitando no tienen esa defensa, están revictimizando a las víctimas», indicó la concejala.  

 

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