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Sociedad

Estado no ha reconocido cualificación de los profesores

08/02/2017
Por: Universidad de Antioquia

El periódico Alma Máter dialogó con el rector Mauricio Alviar Ramírez sobre la situación particular de la Universidad de Antioquia, cuyo Consejo Superior aprobó para este año un presupuesto de 1 billón 43 mil millones de pesos. También se refirió a los desafíos de la Institución en 2017.

Los cierres y comienzos de año resultan difíciles para la mayoría de las familias, no solo porque los recursos siempre resultan escasos, sino, sobre todo, por la cascada de alzas de los precios que hay que enfrentar con un salario rezagado frente a la inflación. Las universidades no son ajenas a ese fenómeno y por eso, año tras año, las directivas universitarias llaman la atención a los gobiernos para que incrementen los presupuestos y ensayan alternativas para mejorar las cuentas. De lo contrario, el funcionamiento, sostenimiento y crecimiento de las instituciones educativas pueden frenarse, como lo vienen advirtiendo los rectores de las 32 universidades públicas que integran el Sistema de Universidad Estatales, SUE, las cuales registran un déficit estructural que supera los 800 mil millones de pesos.

ALMA MÁTER dialogó con el rector Mauricio Alviar Ramírez sobre la situación particular de la Universidad de Antioquia, cuyo Consejo Superior aprobó para este año un presupuesto de 1 billón 43 mil millones de pesos. Sin embargo, al mismo tiempo, la institución observa un déficit de 50.000 millones para 2017. La buena noticia es el 0.4% del IVA que se logró en la reforma tributaria para educación superior pública y que este año podría traducirse en 30.000 millones para la Universidad de Antioquia en 2017.

Rector Mauricio Alviar Ramírez, ¿cuáles son las principales fuentes de financiación de la Universidad de Antioquia?

—Grosso modo, la fuente más importante de recursos de la Universidad son los aportes que por la Ley 30 de 1992 deben girar la Nación y el Departamento —el año pasado fueron casi 400.000 millones de pesos—, que hacen base presupuestal y con los cuales la Universidad solo atiende el funcionamiento, es decir, el pago de nómina, tanto de profesores como de empleados administrativos. Un 3% de los ingresos provienen de las matrículas, 15.000 millones de pesos en 2017. La matrícula promedio hoy está alrededor de $190.000, muy por debajo de matrículas como las del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia o la Universidad Nacional.

Los recursos de la Nación y del Departamento, si los comparamos con el total del presupuesto, representan aproximadamente 52%. Los dineros restantes provienen del Fondo de Bienestar Universitario, que es un ahorro de los empleados; de las provisiones para salud y pensiones, y de los recursos que obtiene la Universidad por venta de servicios, consultoría, asesoría —aproximadamente 250.000 millones de pesos al año—, de los cuales la Universidad no puede disponer sino el 6 o 7%, 20.000 millones de los 250.000 millones, para proyectos de infraestructura, de tecnología, pero no para contratación o ampliación de planta profesoral o administrativa.

¿Y qué explica los déficits?

—La Ley 30 de 1992 en su artículo 86 establece que las universidades reciban recursos del Estado en los montos de 1993 como año base, con incrementos a partir de entonces de acuerdo con el índice de precios al consumidor, IPC, o tasa de inflación de cada año. Pero los gastos han crecido en promedio 4 puntos por encima del IPC, entre otras razones por la aplicación del Decreto 1279 de 2002, que define el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales.  La brecha entre ingresos y gastos se da porque el Estado no compensa lo que las universidades pagamos por la productividad y la mejora de la calidad profesoral, lo cual es una exigencia de la propia comunidad académica y del Estado, que los profesores seamos cada vez más productivos, que tengamos los mejores niveles de formación.

Por tanto, no estamos diciendo que los profesores son culpables del déficit. Lo que nosotros hemos tratado de hacer, y yo personalmente en mi gestión ante el Congreso, es mostrar que el Gobierno Nacional y la Ley 30 de 1992 no han reconocido a las universidades ese aumento deseable de la productividad y la mejor calificación de los profesores, con títulos de maestría y de doctorado.

Ese desbalance entre los ingresos y los gastos en los últimos 12 años, ha representado aproximadamente un déficit de 800.000 millones para el conjunto de las 32 universidades públicas.

¿Y a cuánto asciende en la Universidad de Antioquia?

—Para la Universidad de Antioquia ha representado aproximadamente 100.000 millones de pesos, déficit que también se explica porque la Universidad pasó de 17.000 estudiantes a principios de la década de 2000, a 36.000 hoy. Y eso lo hemos hecho con la misma planta de profesores de tiempo completo vinculados y un gran número de profesores de hora cátedra. La Universidad desde el año 90 tiene una planta profesoral de tiempos completos equivalentes a 1.500 profesores. Y no hemos podido ampliar la planta profesoral, porque se requieren recursos de base presupuestal. Yo no puedo hoy vincular a un profesor por concurso público y dentro de dos años decirle “se acabó su salario”. Tiene que ser sostenible. Pero si esta situación no se empieza a corregir, pues nos tendríamos que ajustar al presupuesto que se tiene y dejar de crecer.

¿Qué propuestas ha presentado para superar el déficit y qué eco han tenido?

—El año pasado estuvimos promoviendo ante el Concejo de Medellín, la Asamblea Departamental y el Congreso de la República, tres propuestas muy concretas.

La primera: le solicitamos al Gobierno, con el apoyo del Ministerio de Educación, que se empezara a cubrir ese déficit de 800.000 millones, vía presupuesto nacional. Es decir, que en la ley de presupuesto se dé un aporte adicional a las universidades públicas por una sola vez, diferido en cuatro años para cerrar esa brecha.

Eso todavía está en discusión, en la manera como el Ministerio de Hacienda y el de Educación distribuirían el presupuesto para este año. Yo aspiro a que ahí logremos algunos recursos.

Segunda propuesta: reforma tributaria. La propuesta nuestra era que el 1% del recaudo del IVA se destinara a las universidades públicas. ¿Qué se logró? El 0.5%, del cual el 0.4% irá a educación superior pública. Los rectores y el Ministerio tenemos que definir una reglamentación para la distribución de esos recursos, unos 350.000 millones que estimamos representa ese porcentaje. En el caso de la Universidad de Antioquia, podrían ser 25.000 o 30.000 millones en 2017 de base presupuestal, lo cual sería un alivio frente al déficit presupuestado para este año de 50.000 millones.

Esa es una cifra muy importante y que a mí me tiene bastante satisfecho porque realmente valió la pena todo ese ejercicio que hice con el Congreso de la República en las comisiones sexta, terceras y cuartas, con el apoyo del Ministerio de Educación; valió la pena ese esfuerzo para que en la reforma quedara plasmado un principio de solución al déficit estructural de las universidades públicas.

Tercera propuesta: reformar el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, de manera que establezca que las transferencias a las universidades públicas sean el IPC más 4 puntos porcentuales. A eso le estamos apostando. Ya hay una ponencia en la Comisión Sexta del Senado en ese sentido, y vamos a seguir haciendo las gestiones  no sólo con los congresistas antioqueños, sino en las comisiones, en donde tengo que reconocer que ha habido una apertura, una disposición al diálogo, a escuchar a la universidad pública, y en particular al rector de la Universidad de Antioquia. Tuve espacios, micrófono en las plenarias, en las comisiones, y yo creo que gracias a esto se logró los recursos adicionales por la vía de la reforma tributaria.

¿Y el municipio de Medellín?

Como el municipio de Medellín en el año 93 no había hecho ningún aporte a la Universidad, no hizo base presupuestal. Los aportes de base presupuestal han sido cero. El Municipio ha apoyado muchísimo a la Universidad en las últimas décadas, pero con proyectos puntuales, muy importantes; pero aquí, como lo hemos dicho, el problema estructural es de funcionamiento, y por eso necesitamos apoyo económico que haga base presupuestal. Al Concejo de Medellín se le presentó el estado actual de las finanzas de la Universidad y se planteó una propuesta consistente en lo siguiente: que de los ingresos del Municipio por vía de impuesto predial y de industria y comercio, el 4% se transfiriera a la Universidad de Antioquia, y también de una forma gradual. ¿Con qué argumentos? Uno es que el 82% de la población estudiantil de la Universidad proviene de Medellín, y otro es la cantidad de externalidades positivas que la Universidad de Antioquia genera a la ciudad.

¿Cómo es que en este panorama deficitario la Universidad piensa expandir la infraestructura, como el Distrito de la Salud?

—Muy buena pregunta. Es importante que la comunidad universitaria y la sociedad comprendan la dinámica de estos asuntos presupuestales. El foco central del déficit de la Universidad, los 50.000 millones de este año, está en el funcionamiento. La inversión viene por otras vías, como la estampilla pro Universidad. La Universidad de Antioquia en 2016 logró un recaudo por ese concepto de aproximadamente 50.000 millones de pesos. Esa estampilla ha sido un elemento fundamental para el financiamiento de la inversión de la Universidad, para mejorar la infraestructura física, tecnológica y la investigación en gran medida. Por ejemplo, las sedes de Apartadó y Turbo se han construido gracias a proyectos con la estampilla.

Es una vía distinta que no viene por las transferencias de la Nación y del Departamento en los términos de Ley 30 de 1992.
¿Qué otra fuente tenemos de recursos? El Consejo Superior Universitario autorizó a la administración a constituir una comisión inmobiliaria que nos permita convertir los activos inmobiliarios que tiene la Universidad en liquidez monetaria para financiar nuevas obras. Con la venta de algunos de esos activos esperamos recoger unos 80.000 millones.

Otra fuente de financiación es el crédito de Findeter apalancado con recursos de estampilla, con unos plazos de amortización muy razonables, con un período de gracia muy importante y con una tasa compensada por el Ministerio de Educación supremamente baja, cercana al 3% anual. Ahí tenemos un margen de maniobra para emprender estas obras de expansión física y de modernización tecnológica y de infraestructura de la Universidad.

El déficit del funcionamiento, del crecimiento y del no reconocimiento del Estado al aumento de la productividad profesoral lo tenemos que resolver con los recursos nuevos de reforma tributaria, de Presupuesto Nacional y de reforma a la Ley 30 de 1992. Pero la inversión en infraestructura viene por otra vía, con recursos que están ya mucho más claros en el panorama financiero, y que nos permite ahora, este 2017, empezar a desarrollar el proyecto del Distrito de la Salud.

¿En el lote de la antigua Editorial Bedout?

—Exactamente. Pero el Consejo Superior también autorizó al rector para emprender la negociación del lote contiguo de Comfama. Está la oportunidad precisa para construir allí el Distrito de la Salud, en un área cercana a los 8.000 metros cuadrados, con la norma urbana que nos permite construir en principio 42.000 metros cuadrados, para albergar ahí toda el área de la salud.

¿Y no sólo la Facultad de Salud Pública?

—Correcto. La idea es integrar. Además, es un asunto muy importante: la construcción de estos edificios debe ser el resultado de un modelo académico de integración de los saberes, donde tenemos que compartir aulas, auditorios, laboratorios, clínicas. Eso nos lleva también a una modernización curricular, y ese es el ejercicio más enriquecedor y retador de todo ese gran proyecto, el modelo académico que tendrá que traducirse en una infraestructura física que responda a ese modelo académico.

¿Y en qué está la venta del lote de la hacienda El Progreso en el Hatillo, para el traslado de la Fábrica de Licores de Antioquia?

—A la fecha, lo que tenemos es la autorización del Consejo Superior para incluir ese predio, que es de unas 113 hectáreas, en los análisis de la banca de inversión, para el traslado de la Fábrica de Licores de Antioquia, a solicitud de la Gobernación de Antioquia. Si se logra esa venta, haría parte de la bolsa de recursos que necesitamos para emprender esas inversiones.

Desafíos de la Universidad en 2017

Para el rector Mauricio Alviar Ramírez, además de sacar adelante las propuestas para mejorar la situación financiera de la Universidad de Antioquia, en 2017 el centro de educación superior afronta varios desafíos, entre los que se cuentan la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026.

“Ese es un trabajo que se viene haciendo; ya tenemos que empezar a concretar, a definir los escenarios definitivos, y en eso vamos a trabajar intensamente los primeros meses de actividades”, dijo.

El segundo gran reto es el inicio del proyecto Distrito de la Salud, como una nueva concepción del uso del espacio físico en Ciudad Universitaria y en las demás sedes.

“El Distrito de la Salud es, además, una necesidad urgente por las condiciones del edificio de la Facultad de Salud Pública. Ese es digamos como el detonante y lo que nos tiene que acelerar el proceso, pero debemos aprovecharlo para modernizar el modelo académico y curricular, y conectarlo con la expansión física”.

Otro proyecto significativo que tiene que materializarse este año es, a manera de piloto, la seccional de Urabá, que tiene que empezar a mostrar ya el primer resultado de la descentralización de la Universidad, tanto académica como administrativamente.

“Yo espero que por tardar en junio tengamos ya ese modelo funcionando en Urabá, con mayor autonomía académica y administrativa. Eso va a ser un modelo muy interesante para el desarrollo de Antioquia”, añadió.

Y el cuarto desafío es el proyecto en asocio con la Gobernación de Antioquia denominado Antioquia Siembra, un proyecto de regalías que consiste en la creación de un centro agrobiotecnológico y que tendrá laboratorios inicialmente en la hacienda de la Universidad de Antioquia La Candelaria en Caucasia.

“Esto tiene que ver con todo el tema del desarrollo rural, del posconflicto y del aumento de productividad agrícola y pecuaria con esos laboratorios que hemos denominado de desarrollo territorial, sobre la base de un centro de desarrollo agrobiotecnológico”, explicó Alviar Ramírez.

“Esos serían, yo diría, los grandes proyectos que este año tenemos que consolidar y desarrollar en la Universidad de Antioquia”, resaltó.

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