Sociedad

Foto: tomada de www.ivanvelasquezgomez.com

Iván Velásquez Gómez volvió a la Universidad de Antioquia después de más de una década de estar distanciado. Esta vez lo hizo para recibir un reconocimiento por su trayectoria como jurista pues fue escogido como egresado sobresaliente 2015 y el viernes 9 de octubre se le entregó de parte del Consejo Superior Universitario la distinción José Félix de Restrepo.  

Este egresado del pregrado de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia fue director del Colegio Antioqueño de Abogados “Colegas”, donde adelantó campañas contra el “Estatuto de defensa de la justicia”, que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos.

Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia y dio inicio a investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil. En ese cargo logró consolidar la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, la cual atendía denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.

También impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, en el que participaron organizaciones sociales, la Iglesia católica y autoridades. En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y un año después fue electo como director regional de Fiscalías en Medellín para el periodo 1997-1999.

En conjunto con un equipo de investigadores luchó de frente contra los grupos de autodefensas. Fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en 2000. A partir de 2006 hasta agosto de 2012 coordinó la comisión de apoyo investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, que derivó en la condena de más de 50 congresistas. También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados “narcopolíticos".

En 2011 la International Bar Association le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos, y en 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales. En septiembre de 2013 fue designado como integrante de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, Cicig.

¿Cómo visualiza los diálogos en La Habana entre el Gobierno y las Farc y los avances en el concepto de justicia que se quiere proponer?

Me parece que es realmente positivo frente a la posibilidad que se planteaba de una amplia impunidad. Por lo que hemos conocido hasta ahora, creo que el avance en La Habana tiene cierto contenido de justicia en cuanto a la escala de acuerdo en cada uno de los tres casos que se prevén. Es decir, los que de una vez declaran todo lo que saben y aportan a la verdad, los que lo hacen tardíamente y los que se niegan a reconocer la verdad. Es, en todo caso, un avance frente a las expectativas pesimistas de prácticamente cero justicia. Habrá que ver cuál será el desarrollo específico y concreto de los acuerdos. Considero que es un buen inicio en cuanto se establece la imposición de una pena para cualquiera de los miembros de la organización guerrillera.

¿El país está preparado para enfrentar el posconflicto? 

Nadie está preparado para un futuro incierto; sin embargo, el país tiene experiencias importantes en cuanto al posconflicto y cuenta con organizaciones y sectores interesados en formar una vida distinta. Esta es una etapa de construcción permanente y en la que debe existir voluntad real, no solo del Gobierno y los grupos al margen de la ley, sino también de los diferentes sectores del poder.

¿La creación de tribunales especiales no se oponen al sistema de justicia internacional que ha estado pendiente del proceso de Colombia? 

Yo creo que sí es viable. Habría un tema por definir y es lo de los magistrados extranjeros: cuál va a ser su capacidad de decidir derechos, es decir, si es posible que ellos actúen efectivamente como magistrados o sean más bien asesores dentro de cada una de las salas que se conformen. En el caso de ser lo primero, magistrados con capacidad de decisión, ahí habría un problema para examinar en cuanto a la cesión de jurisdicción. Con el apenas esbozo es difícil hacer un pronunciamiento más específico.

¿Después de más de 50 años de conflicto político armado doloroso, los colombianos se deben ‘dar la pela’ con los acuerdos en La Habana? 

Yo creo que todo lo que contribuya a la paz, y la paz no solo como el cese del conflicto, sino como la posibilidad de reconstruir realmente un país para todos, merece todo el respaldo, todo el esfuerzo del país. Pero no es tampoco un cese del conflicto a toda costa. Creo que, en todo caso, se deben respetar estos parámetros de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Pero no es precisamente esto de darnos la pela como si fuera finalmente una derrota; creo que de la manera como está establecido el acuerdo constituye efectivamente un avance y el cese del conflicto merece algunos sacrificios.

Uno ve ahora que se establecen comparaciones con el tema de los paramilitares y que lo de ellos se trataba de una ley de sometimiento, como dicen algunos. Afirmando esto, se olvidan de todo el periodo que hubo de las negociaciones en Ralito o de cuando estuvieron recluidos en La Ceja, que no era precisamente un establecimiento carcelario; de manera que algunos critican este proceso de ahora comparándolo con el de los paramilitares para afirmar que este es de mayor concesión. Yo no veo realmente una diferencia tan abismal. Hay además otras circunstancias. El propósito del gobierno Uribe era el de impunidad para los paramilitares; así fue el primer proyecto que se presentó de alternatividad penal: se intentó asimilar el concierto para delinquir al delito político, se buscó garantías que finalmente yo creo que fue más por la presión social. Por la decisión de la Corte Constitucional no se logró consolidar lo que era un propósito de ese gobierno, y ahora muchos de sus representantes de manera hipócrita están señalando lo de hoy como una gran concesión, cuando en realidad parece que la diferencia no es tan grande como la que pretenden establecer.

¿Usted cómo valora la convención de que se asuma el narcotráfico como conexo al delito político? 

Este es uno de los puntos muy conflictivos, si es en la manera como se ha planteado, el narcotráfico como forma de financiación de la guerra pero no como una actividad delictiva en sí misma. Podría llegarse a aceptar que efectivamente toda la finalidad del narcotráfico, en cuanto esté acreditado, es para financiar la subsistencia de la organización guerrillera, pues tendría ese vínculo con el delito político.

Desde su óptica como procurador que fue en Antioquia, como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, y ahora como comisionado contra la corrupción en Guatemala, ¿no tiene vuelta atrás este proceso?  ¿Cuáles serían los desafíos para el país una vez se firme la paz con las Farc?

Yo espero que realmente no tenga retorno este proceso. El problema es que hay muchos sectores interesados que han usufructuado la guerra durante tantos años. Falta ver cuál es la capacidad que puedan tener sectores retardatarios del país para impedir que esto pueda consolidarse. La ciudadanía debe expresarse en respaldos al proceso, que finalmente va a traer un beneficio para todo el país. ¿De qué manera? Es ahí donde empieza realmente el proceso de reconstrucción, porque la firma del cese del conflicto, que está señalado como fecha límite el 23 de marzo de 2016, no es precisamente la firma de la paz, es apenas el principio de construcción de la paz, porque como se ha dicho repetidamente no se puede entender la existencia de la paz sin justicia social. Este es uno de los puntos fundamentales en el posconflicto. ¿Cuál ha sido el problema de la tierra en el país? ¿Cuál ha sido el problema del campesinado? ¿Cuál es el problema del empleo, de la salud, de la educación? Ese es el gran desafío que se abriría a partir de 2016. Suponemos que los grandes recursos que se están destinando actualmente para la guerra, se van a destinar para la reconstrucción de un país que incluya a todos sus pobladores y que proteja en mayor medida a los más excluidos.

¿Cómo ha resistido los ataques de los que ha sido objeto por su ejercicio profesional?

Yo creo que lo que me ha fortalecido siempre es la convicción de justicia, el que tenga por principio, por guía y por sustento una lucha por la justicia, por la verdad; además, ir contra la impunidad genera también en muchos sectores grandes respaldos que lo alientan a uno a continuar. Yo creo que desde que se asume un cargo de responsabilidad, sea en la Procuraduría de Antioquia, o sea en la dirección regional de Fiscalías de Medellín, o en la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar, o ahora en el actividad mía en Guatemala al frente de la Comisión internacional contra la impunidad en ese país, en todo está ese elemento común que es el de la lucha por la justicia, el de la lucha contra la impunidad,  que pretende también estar del lado de las víctimas que son en todos estos procesos judiciales los más excluidos. Eso alimenta, fortalece. No entendería otra forma de cumplir una función social que es de la manera como la he venido desarrollando.  De manera que todas esas acciones que se emprenden en mi contra, pues golpean y atemorizan, pero si no tengo la capacidad de superar el temor no puedo seguir desempeñando la función que esté desarrollando en esos momentos específicos y, por tanto, lo que tendría que hacer es renunciar. Por eso mantengo la convicción de la lucha por la justicia y la fortaleza para superar los temores frente a ataques de cualquier naturaleza.

¿Qué mensaje les dejaría a sus estudiantes de derecho, cuando la administración de justicia y los máximos órganos están tan desprestigiados?

Yo les digo que siempre hay que luchar por las convicciones, que hay que luchar por la justicia, que los más débiles merecen el compromiso de todos para que también hacia ellos mire la justicia. Les digo también que no se puede ceder ante las tentaciones de la corrupción, de las comodidades que se ofrecen desde muchos sectores vinculados con el crimen organizado que pretenden comprar a sectores de la administración de justicia e inclusive a abogados en el ejercicio de su profesión. Les digo que eso que los iluminó, que los impulsó en sus primeros años para matricularse en una facultad de derecho, que ese ánimo de justicia, ese espíritu de luchar por la justicia se mantenga. Que no permitan tampoco que en la enseñanza del derecho tantas veces tan formalista, tan apegada a la literalidad de la ley pretenda frenar ese entusiasmo de justicia que es el que debe iluminar. Que persistan entonces en lo que los definió para su vocación como abogados y que así, entre todos, podamos construir un país mucho mejor, una Latinoamérica mucho más inclusiva, un conjunto de naciones para la vida y prosperidad de todos.

¿Cuál es su valoración de su Facultad de Derecho?

En los últimos años he estado alejado de la Universidad de Antioquia, puesto que llevo 15 años viviendo en Bogotá y me alejé aún más viviendo dos años en Guatemala. Sin embargo, como lo planteaba en la Universidad de San Carlos en Guatemala, la universidad pública es la reivindicación de la vida académica y científica del país. Siempre afirmo, independientemente del manejo de la Universidad, que siento un gran afecto por la universidad pública, especialmente por la Universidad de Antioquia, porque a esta le debo el honor de ser abogado.