Opinión

Al finalizar la segunda semana de noviembre de 2022, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez cumplió sus primeros 100 días. Como es habitual, cada cuatro años la mayoría de medios de comunicación hacen un balance sobre este período. Pero han sido pocas las ocasiones que organizaciones independientes de la sociedad civil, como la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), realicen un balance en este sentido. De allí la importancia que tiene que, en esta ocasión, Pares haya elaborado, por primera vez, un producto en este sentido.

Las tres líneas de investigación principales que componen a Pares se han dedicado a monitorear los hechos del gobierno actual, encontrando valiosos aportes y, sobre todo, una amplia cantidad de retos. Como la implementación de la política pública de Paz Total y las negociaciones con el ELN, además de las tareas multisectoriales que cada uno de sus ministerios tiene y que han aportado en estos primeros 100 días.

En esta columna quiero hacer una síntesis de los elementos que desarrollé en el quinto apartado del informe ‘Petro en 100 Días’, dedicado a la cuestión económica. En donde hablo, en la primera parte, de la economía que heredó el gobierno actual y en la segunda, sobre las propuestas que hace este y el balance de lo alcanzado hasta el momento en este corto período.

Para el presidente y sus ministros, estos 100 días no han sido fáciles. En lo económico se subieron a una gran máquina que estaba en movimiento. A su gobierno le tocó, como le pasa a todos los mandatarios en el primer año en Colombia, recibir una economía que está en interacción con otras; además, con un presupuesto y un plan de desarrollo que lo ha fijado el gobierno anterior –esto para quienes no han sido reelegidos–.

En este sentido lo que puede hacer el gobierno entrante es sentarse y esperar para reformar todo o recogerse las mangas y comenzar a trabajar con lo que tiene a su alcance y liderar los procesos de cambio. Esta última fue la actitud que asumió el gobierno actual: dedicó sus primeros 100 días a atender las emergencias que tiene el país y, al mismo tiempo, trabajar con su personal en proyectar acciones y presionar a otros agentes en diversos escenarios para que, a partir del próximo año, puedan realizarse los proyectos planeados.

En los tres últimos años el mundo ha sido un caos: primero se presentó una crisis de la salud, debido a la pandemia del Covid-19, que literalmente aisló a todo el mundo, paró el comercio y con ellos los contenedores que transportaban productos e insumos. Además, la mayoría de países se ha tenido que enfrentar a las consecuencias económicas desastrosas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Una tormenta que ha provocado un incremento de los precios en la mayoría de bienes y servicios –inflación–, unas tasas de desempleo altas, una desaceleración generalizada de la producción –estancamiento– y un deterioro del bienestar de los hogares –pobreza–. En breve, estamos en el peor escenario económico de los últimos 50 años en el mundo.

Una situación económica que, hay que reconocerlo, es muy similar tanto en el plano externo como en el interno. En el país, la tasa de desempleo superó en octubre los dos dígitos –10.5%–, la tasa de informalidad está cerca del 60%, la inflación al finalizar octubre ya rodeaba el 12.2%, el déficit fiscal se sitúa en 7,5 puntos del PIB –y el crecimiento proyectado del PIB para este año del 5%– y, finalmente, una pobreza monetaria que osciló en 2021, según el DANE, entre 37.8% y 44.6%.

Y, por si fuera poco, se le han unido unas medidas de política monetaria contraccionistas, tanto internas como externas, con las que los bancos centrales buscan reducir los efectos dañinos de la cercana estanflación mundial. Observadas estas en incrementos paulatinos de las tasas de interés de los bancos centrales, con las que han buscado controlar el fenómeno de la inflación. Pero que han tenido consecuencias para nuestra economía, como el aumento en la tasa representativa del mercado del dólar a un nivel histórico de 5.100 pesos en noviembre de este año.

Ante esta situación calamitosa heredada y que amenaza con profundizar en los próximos años, lo que ha hecho el Gobierno Nacional es realizar reformas y hacer acuerdos con los que busca impulsar una serie de transformaciones en lo económico y social que el país requiere. En estos 100 días, el gobierno Petro logró configurar una serie de propuestas que han sido defendidas en el Congreso de la República y en los distintos espacios donde se reúnen los gremios económicos.

En el recinto del Congreso, el Gobierno logró presentar, debatir y aprobar, al menos dos grandes leyes: la relativa al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023 y la Reforma Tributaria, que comenzará también a aplicarse el próximo año. Con la primera logró adicionar una partida de 14,2 billones de pesos y con la segunda obtendrá $20 billones de pesos adicionales.

Con ambos ingresos el gobierno Petro buscará avanzar en la formalización de tierras, el subsidio a la energía y gas, la implementación de los programas de paz, el fortalecimiento de las capacidades instaladas de los servicios de salud e inmunización y el fortalecimiento de la educación superior a través del Icetex.

Finalmente, otros avances importantes de este gobierno han sido los pactos que con los empresarios ha podido realizar en estos 100 días. El primer pacto fue “por la Justicia Tarifaria”, que es un acuerdo inicial con 82 empresarios de la cadena de la energía en Colombia para que a partir de noviembre se reduzca el precio de este servicio público en una proporción entre un 4% y 8%; además se comprometieron a trabajar en la estabilización de las tarifas en 2023 y a construir otra fórmula de la misma. 

Y el otro pacto fue con los dueños de la tierra en Colombia. El Gobierno logró firmar con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) una promesa de compra-venta de 3 millones de hectáreas de tierra para “la materialización de la paz territorial”. Y con ello este gobierno está dando los primeros pasos para el logro de una reforma agraria que entregue tierras a la población rural –campesinos, indígenas y afrodescendientes– que han sufrido los mayores estragos de la violencia.

En conclusión, puede decirse que durante los primeros 100 días del gobierno Petro, el Gobierno aprovechó su arribo al poder para asegurar una asignación de nuevos recursos con los cuales podrá tener unos ingresos que serán fundamentales para atender el momento de crisis económica que vive el país y avanzar en los próximos años en reformas tan importantes en sectores sociales como salud, educación y desarrollo territorial.

Este texto fue publicado en la página de: Pares Fundación Paz y Reconciliación el martes 15 de noviembre de 2022

Notas:

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