Opinión

El reciente atentado contra Miguel Uribe Turbay ha desnudado una realidad que como sociedad hemos normalizado peligrosamente: la violencia política en Colombia no conoce de banderas ni ideologías, pero sí encuentra terreno fértil en el discurso irresponsable de quienes ostentan el poder. Cuando un adolescente de 15 años empuña una pistola para intentar asesinar a un líder político, debemos preguntarnos no solo quién le entregó el arma, sino también quién le sembró el odio.

La violencia es violencia, sin matices ni justificaciones ideológicas. No importa si proviene de la extrema derecha o de la izquierda radical, si la ejercen paramilitares o guerrilleros, si la promueven conservadores o progresistas. Cada vez que como sociedad intentamos relativizar la violencia según su origen político, estamos alimentando el mismo monstruo que nos ha desangrado durante décadas. Colombia no puede permitirse el lujo de seguir clasificando la violencia según el color de la camiseta de quien la ejerce.

La responsabilidad amplificada del poder. Quienes ocupan cargos de representación popular, especialmente la Presidencia de la República, no pueden ignorar que sus palabras tienen un peso desproporcionado en una sociedad polarizada. Cuando el presidente señala, descalifica o estigmatiza desde su posición de poder, no está ejerciendo simplemente su derecho a la libre expresión; está moldeando el imaginario colectivo de millones de ciudadanos. Como bien lo ha reconocido la canciller Laura Sarabia: «Hemos fallado». Esa honestidad debe convertirse en punto de partida para una transformación profunda.

La historia de Colombia está plagada de ejemplos dolorosos sobre cómo el discurso de odio desde las altas esferas del poder se traduce en balas en las calles. Desde los niños sicarios de Pablo Escobar hasta los más de 18 000 menores reclutados por las Farc, hemos visto cómo la violencia encuentra en los jóvenes su expresión más cruel. El adolescente que intentó asesinar a Uribe Turbay no nació violento; fue moldeado por un entorno que normalizó la eliminación del adversario político como método válido de hacer política.

El ciclo perverso de la polarización. La polarización política en Colombia ha alcanzado niveles peligrosos porque hemos permitido que el debate público se degrade hasta convertirse en una guerra de trincheras donde el otro no es un adversario, sino un enemigo que debe ser eliminado. Cuando los líderes políticos utilizan sus plataformas para señalar, estigmatizar y deshumanizar a sus opositores, están enviando un mensaje claro: en política, todo vale. Este mensaje es especialmente tóxico en un país donde la violencia ha sido históricamente el mecanismo para resolver conflictos políticos.

Los 409 menores reclutados en 2024, según la Defensoría del Pueblo, no son solo estadísticas; son el reflejo de una sociedad que ha fracasado en proteger a sus niños del discurso de odio que permea desde las más altas esferas del poder hasta los rincones más remotos del territorio nacional. Cada vez que un líder político utiliza un lenguaje beligerante, está contribuyendo a crear el caldo de cultivo donde prosperan quienes reclutan menores para la violencia.

La construcción de una ética política responsable. La democracia colombiana necesita urgentemente una ética política que coloque la vida humana por encima de cualquier proyecto ideológico. Esto implica que todos los actores políticos, sin excepción, asuman la responsabilidad de sus palabras y acciones. No podemos seguir tolerando que desde el poder se incite, directa o indirectamente, a la violencia contra opositores políticos.
La crítica política debe mantenerse, pero debe ejercerse con argumentos y respeto, como bien lo señaló la canciller Sarabia. La diferencia entre democracia y autoritarismo radica precisamente en la capacidad de dirimir las diferencias políticas sin recurrir a la violencia física o simbólica. Cuando los líderes políticos trascienden esta línea, están colocando en riesgo no solo la vida de sus opositores, sino la estabilidad misma del sistema democrático.

Un llamado a la cordura colectiva. Colombia está en un momento de inflexión. Podemos seguir permitiendo que el discurso de odio desde el poder genere más violencia, o podemos exigir colectivamente un cambio de rumbo. La violencia política no es patrimonio de ninguna ideología; es una patología social que requiere tratamiento urgente desde todas las orillas políticas.

Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de no ser cómplices del odio, independientemente de nuestras preferencias políticas. Cuando aplaudimos o justificamos la violencia verbal o física contra nuestros adversarios políticos, estamos contribuyendo a perpetuar un ciclo que ya ha cobrado demasiadas vidas en Colombia. La paz no se construye con la eliminación del otro, sino con el reconocimiento de su humanidad y su derecho a disentir.

Hacia una democracia sin violencia. El camino hacia una democracia madura pasa necesariamente por el reconocimiento de que la violencia es inaceptable, venga de donde venga. Los líderes políticos deben entender que con el poder viene la responsabilidad de ser ejemplo de civilidad y respeto. Los ciudadanos debemos exigir que nuestros representantes actúen con la dignidad que merece el cargo que ocupan.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay debe ser el último llamado de atención que necesitemos como sociedad. No podemos permitir que un adolescente más empuñe un arma manipulado por el odio que implantaron en el entendimiento sus realidades. La violencia es violencia, y contra ella debemos unirnos todos los colombianos, sin importar nuestro color político. La democracia y la vida humana valen más que cualquier proyecto ideológico.

Colombia merece líderes que construyan puentes, no muros; que siembren esperanza, no odio; que defiendan la vida, no la muerte. Es hora de exigir que quienes nos representan estén a la altura de la responsabilidad histórica que tienen con la paz y la democracia de nuestro país.

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