Opinión

El presidente Iván Duque es débil con quien debe mostrar dureza, pero es hostil con quienes debe ser dialogante. Desde que asumió la presidencia hace casi 3 años se le ha reclamado insistentemente apostarle con decisión al Acuerdo de Paz, garantizar la seguridad de los territorios que fueron abandonados por las antiguas Farc y con ello la vida de los líderes y lideresas sociales de esos territorios, así como de los excombatientes del grupo subversivo.

Pero la debilidad de esta reacción contrasta con la dureza e inflexibilidad de su respuesta a las demandas sociales que hay en la base de las protestas recientes. En una semana de protesta social ha amenazado inoportunamente con el mandato de asistencia militar y ha dejado la puerta espernancada para la declaratoria de conmoción interior.

Pese a todo, quiero seguir creyendo que las suyas son provocaciones temerarias fruto de su falta de habilidad para la negociación. Porque el presidente ha demostrado ser un pésimo negociante: no llamó a la concertación antes del 28 de abril cuando los ánimos estaban exaltados, tampoco se sentó inmediatamente después y más adelante, cuando la marea social era incontenible, retira por iniciativa propia —sin sentarse en una mesa—, la propuesta de reforma tributaria. Todos sabíamos que el gesto había sido tardío y a esas alturas y en esas condiciones, inútil.

Ahora propone una agenda de diálogo y aplicando mal el deber cristiano de poner a los últimos de primeros, convoca para la semana entrante al comité nacional del paro y a los estudiantes, y llama para esta misma semana a las instituciones, entre las que se incluyen las altas cortes, alcaldes de ciudades capitales y gobernadores. De nuevo negocia mal y quiere dar la impresión de llegar fortalecido institucionalmente al diálogo con la sociedad civil cuando en verdad está tan debilitado que mientras tiende una mano de paz, sostiene en la otra un fusil como amenaza.

No haber cerrado tajantemente la posibilidad de una declaratoria de conmoción interior nos ha distraído de los problemas centrales, al tiempo que nos muestra el tamaño de las provocaciones con las que juega el presidente Duque. Pero su estrategia de respaldo institucional ha resultado en otra furiosa provocación. Entre el 5 y el 6 de mayo se produjeron 3 importantes comunicados: uno de las Altas Cortes de Justicia, otro conjunto entre el Presidente Duque y los presidentes de las altas cortes y una constancia suscrita por la magistrada Diana Fajardo y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional. En estos tiempos de sospechas gratuitas convenía prudencia, pero especialmente la Corte terminó por inquietarnos más con un mensaje de fragmentación interna.

Lo peor de esta estrategia presidencial de búsqueda de respaldo judicial no es propiamente la fragmentación que revela; el disenso es de la sustancia democrática. Lo más desafortunado de todo es la sospecha maliciosa con la que nos previene frente a la Corte Constitucional. La histórica y profunda crisis de representación ha contribuido al descrédito del legislativo; el ejecutivo —también representante— abusa; los organismos de control no controlan, la fiscalía hace maromas penales para criminalizar la protesta, la ausencia de una construcción de lo público ha impedido rodear de legitimidad a las fuerzas e instrumentos del estado. En medio de este fango, la justicia y especialmente la Corte Constitucional era trinchera de nuestra confianza, así que haber extendido un manto de duda sobre su imparcialidad es, de hecho, un daño gravísimo e inaceptable. Ojalá no irreparable.

Notas:

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