Opinión

Durante los últimos años, en América Latina se viene experimentando una tendencia bastante regresiva consistente en la emergencia de «nuevas derechas», es decir, nuevas fuerzas políticas que están dispuestas, entre otras cosas, a desconocer de la manera más rampante las que deberían ser consideradas como «verdades incuestionables» y a borrar las expresiones de memoria construidas durante décadas por las organizaciones de víctimas.

Veamos dos ejemplos que sirven para ilustrar esta tendencia. En Guatemala, durante los últimos años, algunos sectores cercanos a las élites que apoyaron el genocidio han cooptado el sistema penal y lo han usado como un instrumento de persecución e intimidación en contra de defensores de derechos humanos y de funcionarios que decidieron investigar casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad (1). En Argentina, por su parte, el presidente Milei, quien durante su campaña había cuestionado las cifras sobre desaparecidos, recientemente decidió cerrar la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA, uno de los principales centros de memoria sobre los crímenes cometidos por la dictadura en las décadas del setenta y del ochenta (2).

Estas fuerzas políticas se caracterizan por estar compuestas por nuevas generaciones de políticos de derecha que, si bien tienen vínculos con las derechas del setenta, acuden a nuevos repertorios mediáticos y a nuevas agendas; adoptan aparentemente las formas democráticas para cooptar las instituciones y vaciar de contenido proyectos sustanciales, como la democracia, la ciudadanía y los derechos; y sobrepolitizan el discurso de los derechos humanos para mostrarlo como un invento ideológico y como un factor que erosiona lo que realmente debe importar según estas visiones, es decir, la protección de la propiedad, la tradición y el orden.

Estas tendencias han comenzado a cuestionar y a destruir lo que se había considerado como una conquista de la modernidad política, es decir, la construcción de principios e instituciones que han incentivado la coexistencia pacífica, como el Estado Social de Derecho, los sistemas democráticos basados en el respeto a unas reglas de juego, la existencia de un sistema de pesos y contrapesos que sirvan de límite al poder y el reconocimiento de un conjunto de derechos y garantías que protegen la dignidad de las personas.

Por tal razón, resultan preocupantes algunas expresiones de violencia simbólica y sicológica por parte de algunas figuras políticas durante los últimos años, como la reacción del partido Centro Democrático al informe de la Comisión de la Verdad; la grotesca actuación del representante Miguel Polo Polo, quien desmontó una instalación artística compuesta por botas que representaban a las víctimas de los «falsos positivos»; y más recientemente, los actos de censura promovidos por parte de militantes del Centro Democrático, o incluso, de autoridades como el Alcalde de Medellín, en contra de del mural «Las cuchas tienen la razón».

No podemos perder de vista que el negacionismo es una práctica socio política consistente en el desconocimiento de hechos de violencia ocurridos en el pasado, de las responsabilidades y de los impactos sociales que tales hechos generan. Más que una postura racional basada la comprensión de los procesos sociales, es una reacción ideológica que se alimenta de prejuicios y se construye con base en mensajes retóricos, falacias y falsedades. En lugar de promover sentimientos de empatía, se acompaña de la construcción de sentimientos negativos en contra de «enemigos» a los que hay que destruir.

Siguiendo a Cohen (3), los negacionismos no se limitan al desconocimiento burdo de los hechos, como ocurrió cuando el expresidente Turbay decía en 1979 que «en Colombia el único preso político soy yo» (4). Hay formas más sutiles de negacionismos que se basan en la reinterpretación de los hechos a partir de discursos justificatorios o del uso de eufemismos, como cuando un coronel del ejército aseguraba «mantener la democracia Maestro» mientras lideraba la retoma brutal al Palacio de Justicia en noviembre de 1985; o cuando los comandantes de las Farc sostuvieron durante años que no había secuestros sino «retenciones». Así mismo, las negaciones pueden consistir en minimizar los efectos de la violencia, como cuando se muestran las víctimas como simples «daños colaterales», o se argumenta que las violaciones de derechos humanos son simplemente «casos aislados» o actuaciones de «manzanas podridas».

Estas, y muchas otras formas de negacionismo, intimidación y silenciamiento, solamente han servido para perpetuar las violencias y profundizar las heridas en la sociedad colombiana. Si queremos intentar transformar los efectos de las violencias pasadas y desescalar las violencias presentes, debemos generar un acuerdo social basado en el reconocimiento del sufrimiento de todas las víctimas, independientemente de su victimario; en el respeto de sus derechos y en la inadmisibilidad ética y la inconveniencia política de convertir este tema en un asunto de disputa partidista.

Referencias:
1. Ver, https://news.un.org/es/story/2024/03/1528047
2. Ver, https://elpais.com/argentina/2025-01-12/la-motosierra-de-milei-devasta-los-sitios-de-memoria-sobre-los-crimenes-de-la-dictadura.html
3. Ver, Cohen, S. (2005). Estados de negación: Ensayo sobre atrocidades y sufrimiento. Departamento de Publicaciones Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires. 
4. Ver, Comisión de la Verdad, https://www.comisiondelaverdad.co/negacionismo-estatal

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Notas:

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