Opinión

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se crearon las Naciones Unidas y se acordó un marco normativo para que los horrores de la guerra no volvieran a cometerse contra ningún pueblo, por ninguna razón. Empezamos a hablar de Derecho a la Alimentación como uno de los derechos humanos indispensables para la vida y el funcionamiento de las sociedades. Si bien durante los últimos 80 años hemos conocido violaciones a este marco normativo y la garantía de este derecho no ha sido plena, pensábamos —tal vez ingenuamente— que estábamos en el camino correcto para lograrlo.

Recientemente, atestiguamos en medios de comunicación y redes sociales la hambruna infligida al pueblo palestino, producto de la ocupación de Israel en sus territorios. Una violación abierta y clara del Derecho a la Alimentación, entre otros tantos.

Cabe decir que este hecho no es nuevo ni empezó el 7 de octubre de 2023: desde 1947, el pueblo palestino padece diversas y continuas negaciones de sus derechos humanos y especialmente al derecho a la alimentación, y en los últimos 22 meses se viene profundizando la limpieza étnica no solo en la franja de Gaza, sino en todos los territorios ocupados.

Desde los inicios de la ocupación de Palestina, Israel como Estado ocupante utiliza el hambre como arma de guerra, situación denunciada en múltiples oportunidades por la ONU, la FAO, los relatores especiales para el derecho humano a la alimentación y para los pueblos ocupados, así como por innumerables periodistas e investigadores, incluso de origen israelí.

De acuerdo con el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, provocar el hambre como herramienta de guerra constituye un crimen cuando 1) hay intención directa o al menos una imprudencia grave en las acciones emprendidas, 2) Se destruyen medios de producción, procesamiento y distribución de alimentos y agua, o de cualquier otro recurso esencial para la vida; se genera desplazamiento forzado de la población lejos de sus fuentes de subsistencia; o se obstruye el acceso de la ayuda humanitaria a quienes más la necesitan y 3) Se evidencia un resultado tangible en términos de sufrimiento o incremento en la mortalidad, como consecuencia directa de la privación de alimentos, de otros bienes esenciales o de condiciones básicas para la vida —incluidas la salud y la vivienda—.

Todas estas acciones han sido llevadas a cabo en Palestina; según Naciones Unidas, dos millones de palestinos estaban en inseguridad alimentaria en el 2021, incluyendo la franja de Gaza y Cisjordania (1), evidenciando resultados de esas acciones mucho antes del 7 de octubre de 2023.

El más reciente informe de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, refiere que:

«los ataques sistemáticos contra la soberanía alimentaria de Gaza indican la intención de destruir a su población mediante el hambre. Israel ha destruido tierras agrícolas y depósitos de agua y ha atacado centros de distribución, equipos de coordinación y convoyes de ayuda. Se ha masacrado a multitudes hambrientas que esperaban comida. Tras las constantes órdenes de evacuación y la toma del paso fronterizo de Rafah por parte de Israel, la distribución de alimentos diarios descendió un 35 % entre julio y agosto de 2024. En agosto, los permisos de entrada de las organizaciones humanitarias se redujeron casi a la mitad. El acceso al agua se ha restringido a una cuarta parte de los niveles anteriores al 7 de octubre. Aproximadamente el 93 % de la economía agrícola, forestal y pesquera ha sido destruida; el 95 % de los palestinos se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda y a privaciones que durarán décadas. En agosto de 2024, el Ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, declaró que hacer padecer hambre a toda la población de Gaza estaba “justificado” y era “moral”, incluso si causaba la muerte de dos millones de personas. En los últimos meses, se impidió la entrada en Gaza del 83 % de la ayuda alimentaria, y la policía civil de Rafah fue objeto de repetidos ataques, lo que dificultó la distribución. Al 14 de septiembre de 2024 se habían registrado al menos 34 muertes por malnutrición. En el norte, las tácticas de provocar hambre y privaciones a la población han sido especialmente atroces» (2).

Entre tanto, presenciamos la inacción y desidia de los Estados en la aplicación de los acuerdos que pretendían evitar esta barbarie y pareciera que la única alternativa contra este genocidio es la movilización de las personas de a pie, mediante acciones como el boicot de multinacionales que apoyan a Israel —que son muchas y con gran cantidad de productos en el mercado: alimentos, bebidas, tecnología, entretenimiento—; la presión a los gobiernos para detener el comercio de armas e insumos para la guerra y suspender el suministro de materias primas a Israel —como nuestro carbón en Colombia—; movilizaciones de personas famosas y no famosas para romper el bloqueo de alimentos, intentando llevar ayuda humanitaria a la franja y tratar de salvar vidas, tanto humanas como animales.

Por ahora, la única respuesta ha sido la discusión estéril que no pasa a la acción, en medio de la profundización de la hambruna con apoyo claro de Estados Unidos y la mayoría de países europeos a este genocidio en vivo y en directo perpetrado por Israel. Y con ello, la pérdida de legitimidad de los derechos humanos como instrumento para la paz y la dignidad en el mundo.

Esto nos advierte al resto del mundo que, en este nuevo orden, matar de hambre está más garantizado que el derecho a la alimentación.

Referencias

• United Nations. In Facts and Figures. United Nations Information System on the Question of Palestine (UNISPAL). 1 [Internet]. [cited 2025 Aug 3]. Disponible en: https://www.un.org/unispal/in facts and figures/
• Albanese F. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 (A/79/384). United Nations General Assembly; 2024 Oct 1 [Internet]. [cited 2025 Aug 3]. Disponible en https://docs.un.org/es/A/79/384

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