Opinión

Las propuestas mundiales sobre transición energética han llevado a que en América Latina se empiece a considerar la posibilidad de incluir la energía nuclear en la canasta energética. Hasta el momento, solamente Argentina, Brasil y México cuentan con reactores nucleares para generación eléctrica, con capacidades instaladas de 1.64 GW, 1.88 GW y 1.55 GW respectivamente. Actualmente, Brasil está incrementando su capacidad en 1.34 GW adicionales (IAEA, 2025).

Entre los países que han venido formulando políticas sobre el uso pacífico de la energía nuclear y que recientemente han aprobado leyes relacionadas se encuentran Bolivia (2019), El Salvador (2024), Colombia (2025, actualmente con ley aprobada en primer debate), Perú (2025) y Ecuador (2025).

Además de la generación eléctrica, la energía nuclear tiene amplias aplicaciones en agronomía para el mejoramiento de cultivos, control de plagas y fertilización del suelo; en medio ambiente para el rastreo de contaminantes, manejo de cuencas y represas, y gestión de aguas subterráneas; en medicina para diagnóstico, radioterapia, esterilización de materiales; en química nuclear para la síntesis de radiofármacos y radioisótopos. También tiene aplicaciones en análisis de estructuras en las industrias metalúrgica, petroquímica y aeroespacial, así como en la autenticación de obras de arte y piezas arqueológicas. Todos estos campos ofrecen un gran potencial para la inserción laboral de especialistas, en caso de que se considere la creación de esta área de formación profesional en Colombia.

Los accidentes nucleares de Chernóbil (1986) y Fukushima (2011) han afectado negativamente la percepción social sobre el uso de esta fuente energética. Incluso países como Alemania y Japón, tras el accidente de Fukushima, decidieron reducir o eliminar esta forma de generación eléctrica. No obstante, en las conferencias sobre cambio climático COP28 (Dubái, 2023) y COP29 (Bakú, 2024), más de 30 países firmaron una declaración para triplicar el uso de la energía nuclear para el año 2050. Alemania y Japón también han anunciado la reapertura de sus centrales nucleares.

El índice de Actitudes Públicas hacia la Energía Limpia —Pace—, realizado en 2023 por Radiant Energy Group con más de 20 000 encuestados en 20 países, reveló que el 28 % se opone al uso de la energía nuclear, mientras que el 46 % lo apoya. El 66 % considera que la energía nuclear es fiable, aunque el 79 % expresó preocupación por su seguridad.

La preocupación global por la seguridad nuclear debe ser una motivación para que los países que planean incursionar en esta tecnología cuenten con personal capacitado en las distintas áreas del campo nuclear. Al menos dos incidentes radiactivos poco conocidos y ocurridos en América Latina —ambos en la década de 1980— evidencian la urgencia de fortalecer capacidades en tecnología, protección radiológica y seguridad nuclear.
En México, el incidente conocido como «el Chernóbil mexicano», ocurrido en Ciudad Juárez, involucró cobalto-60 procedente de una unidad médica, que fue fundido y distribuido por 17 estados del país en forma de varillas de hierro contaminadas. El incidente fue detectado por EE. UU. un año después, sin que hasta ese entonces México supiera de su existencia. Hasta hoy no se conoce con certeza cuántas víctimas de largo plazo dejó el suceso.

En Brasil, en la ciudad de Goiania, el mal manejo de una unidad de radioterapia liberó 19 g de cesio-137 en un barrio. Más de 100 000 personas fueron examinadas, cientos quedaron en refugios especiales, decenas de casas fueron demolidas, y se enterraron más de 6000 toneladas de residuos contaminados.

En el Plan Energético Nacional 2022–2052 (Upme, 2023), Colombia propone incorporar a la matriz energética nacional, 1884 MW provenientes de la energía nuclear, con la primera adición estimada para 2038. Esto representaría cerca del 10 % de la capacidad energética instalada nacional.
Actualmente, Colombia cuenta con un único reactor nuclear: el IAN-R1 —siglas del antiguo Instituto de Asuntos Nucleares—, con una potencia de 30 kW. Utiliza combustible de uranio de bajo enriquecimiento —<20 % de U-235— y está administrado por el Servicio Geológico Colombiano. Fue puesto en marcha en 1965 como una donación de EE. UU. en el marco del programa Átomos para la Paz y ha sido utilizado desde entonces para investigación en agricultura, salud, geología e industria.

Con el Plan Energético Nacional y el proyecto de ley «Átomos para la vida» —aprobado en primer debate en junio de 2025—, Colombia da un paso importante hacia su ingreso en la era nuclear. Esta ley creará la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear —ANSN— y establecerá un marco legislativo para el uso de materiales radiactivos y radiaciones ionizantes en el país (https://www.camara.gov.co/ley-nuclear). 

Sin embargo, Colombia no cuenta con ningún nivel de formación profesional ni de posgrado en energía nuclear. Es urgente que el Gobierno nacional y las universidades públicas reflexionen y promuevan la creación de programas profesionales como la ingeniería nuclear, así como fomentar la formación avanzada y promover la investigación en esta área. Solo así estaremos preparados para asumir el desafío y alcanzar la soberanía tecnológica y científica necesarias para adoptar, adaptar y aplicar energía nuclear de forma segura, autónoma y responsable, en beneficio de la transición energética del país.

La transición nuclear en Colombia requiere conocimiento, no solo leyes.

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