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«La muerte de Miguel Uribe no solo truncó su vida y la de su familia. También es un intento por mutilar la conversación democrática, intimidar a quienes ejercen liderazgo y recordarnos que disentir desde cualquier orilla política sigue siendo muy riesgoso. Esta herencia de violencia política erosiona el tejido social, empobrece el debate y nos condena a elegir entre el silencio o la supervivencia». 

«El caso de Uribe Vélez parece un ejemplo perfecto del cazador cazado. El procesado sucumbió al exceso de confianza en el tablero, a la arrogancia de tenerlo todo bajo control, y ni siquiera el blindaje fiscal de los aliados lo eximieron de los términos de ley. Los mecanismos institucionales, aunque ralentizados, aún pueden operar con eficacia y marcar un hito en la historia del país. Pero el juicio todavía no concluye».

«Esta sentencia le da fuerza al populismo punitivo, es decir, a esa creencia en que del dolor de los sindicados y los condenados, se pueden extraer réditos políticos o al optimismo punitivo, tan propio de este momento histórico, según el cual con el derecho penal podemos resolver todos los problemas que tenemos como sociedad o inclusive como humanidad. Me atrevería a decir inclusive, que hemos superado un escalón, porque ya no solo se hace populismo punitivo con las leyes, sino también con las sentencias».

«La justicia política supone, hemos afirmado, un alto grado de subordinación del aparato judicial a la estructura de poder político de la sociedad. Esto no es el caso en un proceso que ha pasado por varias instancias judiciales durante tres gobiernos muy distintos: el de Santos, el de Duque y el de Petro. Y con una Fiscalía dirigida por jefes muy diversos: Montealegre, Martínez, Barbosa y Camargo. Es un juicio que se ha realizado dentro de gobiernos constitucionales, los magistrados han sido escogidos mediante reparto y los fiscales han tenido orientaciones ideológicas diferentes (...) Álvaro Uribe ha sido procesado en términos de la justicia legal».