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Academia

El Atrato tiene quién vele por sus derechos

08/11/2022
Por: Carlos Olimpo Restrepo S. - Periodista

Comunidades más organizadas para defender su entorno, un trabajo institucional cada vez más coordinado y acciones planificadas entre científicos, técnicos y pobladores son algunos de los resultados visibles hoy, tras la sentencia del 10 de noviembre de 2016 de la Corte Constitucional que declaró al río Atrato como sujeto de derechos y que le asigna a la UdeA un papel relevante.


El río Atrato cruza una de las selvas más densas y biodiversas del planeta. Foto: Cortesía Banco de imágenes del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann — IIAP—.

A Fausto Palacio García la noticia le llegó el 11 de noviembre de 2016. Para este habitante de Riosucio, en Chocó, y miembro desde años atrás de la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato —Ascoba—, el hecho de que la Corte Constitucional reconociera al río Atrato, su cuenca y sus afluentes como sujeto de derechos implicaba el fin de una lucha y el comienzo de un nuevo esfuerzo por hacer realidad las palabras consignadas en el papel. 

«La declaración del río como sujeto de derechos nos ha ayudado a que estas personas que viven a la orilla del río puedan tener una mejor convivencia y un mejor vivir con el mismo; esto nos está llevando a proteger, pues antes se causaban muchas afectaciones que ya hoy no se están causando», aseguró Palacio, quien también hace parte del Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato, junto a otros seis hombres y siete mujeres, en representación de los pueblos que habitan a lo largo de sus casi 750 kilómetros, desde El Carmen de Atrato hasta el golfo de Urabá. 

Lo que hizo la corte en la Sentencia T-622 fue amparar los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medioambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades, y al declarar el Atrato sujeto de derechos ordenó al Estado y a los habitantes de la zona su protección, conservación, mantenimiento y restauración. 

Lo anterior, debido a que la cuenca de este afluente ha estado muy afectada por actividades humanas como la deforestación, la contaminación por minería ilegal, la desviación de su curso y el conflicto armado colombiano, entre otros aspectos. 
 

La Universidad, con responsabilidades claras 


Jairo León Zapata Martínez, director de la Corporación Académica Ambiental —CAA— de la Universidad de Antioquia, recordó que en 2014 algunas de las organizaciones comunitarias buscaban protección para la zona, y con el apoyo de la oenegé Tierra Digna lograron que la Corte Constitucional empezara a estudiar el caso. 

«La Corte pidió conceptos de diferente naturaleza a entidades oficiales y científicas, entre ellas al Instituto de Biología y al Departamento de Antropología de la UdeA, y tras analizar esos informes, emitió la sentencia y señaló a 20 instituciones estatales como responsables de hacer cumplir algunos aspectos puntuales de la sentencia», dijo Zapata. 

Este directivo es también el secretario de la Comisión de apoyo, asesoría y acompañamiento de la UdeA a la sentencia, de la cual hacen parte, además de la CAA, las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería, Nacional de Salud Pública, Educación, el Instituto de Estudios Regionales —Iner— y la Dirección de Regionalización, con la coordinación de la Vicerrectoría de Extensión. 

Este grupo se conformó para responder de manera adecuada a las órdenes de la Corte que involucran a la Alma Máter, entre las cuales se destaca la elaboración de un plan para descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, en el cual también participan el Instituto Humboldt, la Universidad de Cartagena, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y WWF Colombia, entre otros.  

«Desde 2020 tenemos el plan de acción con metas a corto, mediano y largo plazo, en una hoja de ruta que trabajamos con el Iner», aseguró Zapata, quien recordó que la UdeA también hace parte del equipo asesor de los guardianes del río y la CAA realiza cursos de educación ambiental continua con las comunidades. 

Otra de las órdenes que involucra a la UdeA es la realización de estudios toxicológicos y epidemiológicos en la zona protegida por la sentencia. «Estamos trabajando con Corpourabá en el bajo y medio Atrato, y con otras entidades en el resto de la cuenca, así como también estamos vigilando los efectos de la actividad minera en estos aspectos», anotó el director de la CAA. 

De igual manera, la Universidad de Antioquia apoya la realización de informes dentro del comité de seguimiento, a la vez que hace parte del panel de expertos que asesora el proceso de ejecución de la sentencia, junto con integrantes de la comunidad. «Revisamos documentos, generamos conceptos técnicos institucionales y damos respuesta a los informes de la Contraloría General de la República y del comité de seguimiento», afirmó Jairo Zapata. 

El Atrato desemboca al mar Caribe por siete bocas, entre los municipios de Turbo, en Antioquia, y Unguía, en Chocó. Foto: Cortesía Banco de imágenes del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann —IIAP—.

Mirada desde los territorios 

Para Nixon Chamorro, de la comunidad embera dobidá del Alto Baudó y guardián en representación de la Mesa de Diálogo de los Pueblos Indígenas del Chocó, en Antioquia debe generarse una mayor consciencia en torno a este río, el más caudaloso de Colombia y uno de los más abundantes del mundo, ubicado en la región más biodiversa del planeta

Chamorro añadió que «la UdeA está llamada a jugar un papel muy protagónico en la implementación de estos planes de acción, bien sea haciendo incidencia ante el Gobierno nacional, con los ministerios que tienen que ver con la sentencia, y también desde sus fortalezas, desde todo su conocimiento, la capacidad logística, así como con todo su personal científico y técnico». 

Nixon celebra el hecho de que las comunidades indígenas, afro y campesinas que habitan en la cuenca del río sean cada vez más tenidas en cuenta para la recuperación de toda la zona objeto de la sentencia y cree que, aunque despacio, se avanza en su cumplimiento. 

De manera similar opina Marcela Sánchez Sánchez, habitante de la vereda Guaduas, en El Carmen de Atrato, quien, como guardiana del río e integrante de la Mesa Ambiental y Social de su municipio, tiene muy claros los problemas del afluente en su nacimiento y la necesidad de cumplir las órdenes de la Corte. 

«Estamos a la espera de empezar la implementación de la sentencia, porque después de esta vinieron los procesos de difusión, de socialización de las órdenes de la norma. Por ahora se ha trabajado en dar a conocerla. Hay comunidades que no tienen claro qué es eso, entonces hay que hacer un proceso pedagógico para explicar qué significa una sentencia, que un río tenga derechos; debe ser algo muy entendible para que toda la comunidad lo apropie», indicó la líder comunitaria. 

Y aunque entiende que la Corte Constitucional cubrió toda la cuenca con su decisión y que hay un trabajo conjunto entre las comunidades involucradas y muchas instituciones, Marcela hizo un llamado para que «nosotros, los de la zona andina, no seamos mirados como extraños, los montañeros estamos en la zona donde nace el río y también somos chocoanos». 

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