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Desde Puerto Berrío, Teresa Castrillón Sierra cuenta cómo vivió el conflicto en lo más hondo de su crueldad: su familia fue despojada de la tierra por la guerrilla en los años 70, luego los paramilitares asesinaron a su madre y a su hermano en los años 80, y después la guerrilla asesinó a su padre y por cuenta de amenazas hacia ella, tuvo que dejar el municipio durante años.

Con el propósito de lograr la adjudicación de tierras y la vinculación de víctimas en proyectos productivos, Ercilia Villegas trabaja como líder de víctimas en la Asociación de Campesinos Víctimas de Caucasia, Asocavic. Para ella, el proceso de paz es esencial para superar el conflicto histórico.

Flor Gallego se pregunta a diario por el paradero de tres miembros de su familia, desaparecidos en la vereda La Esperanza de El Carmen de Viboral, donde ella es una de las líderes sociales destacadas en un territorio que sufrió el conflicto entre guerrillas, paramilitares y el Estado.

Jhon Elber Berrío Cortés, presidente de la Mesa por la convivencia y la paz de Necoclí, ha trabajado en la pedagogía de los acuerdos y manifiesta algunas expectativas de la población sobre su implementación: “el reto es saber el alcance de la distribución de las tierras, cómo se van a mejorar las vías terciarias, cómo llegará la asistencia técnica a los campesinos, qué va a pasar con la participación política”.

Óscar de Jesús Jiménez Urrea trabaja la tierra desde que tiene uso de razón. Este campesino tuvo que abandonar su finca en San Rafael para que no lo mataran. Lleva ocho años viviendo en el Suroeste y se niega regresar a su pueblo. Reconoce el valor de dialogar y está dispuesto a perdonar desde que ese arrepentimiento sea verdadero.

En Puerto Berrío, Francisco Vélez no cree en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Su hermano Carlos fue asesinado por la guerrilla y de su infancia le quedó el recuerdo de otros crímenes que presenció en el municipio de Guadalupe.

Yadis Domínguez apoya el proceso de paz porque es la oportunidad de que las próximas generaciones vivan un futuro diferente. Esta sobreviviente de una masacre, quien padeció de abuso sexual y doble desplazamiento, lidera la Asociación de víctimas constructoras de paz en Caucasia.

Fanny Escobar, Apartadó, coordinadora de mujeres del plantón del Urabá, coordina acciones de incidencia y pedagogía del plantón para cientos de mujeres que pertenecen, dice que hay que tener claros los acuerdos, “necesitamos empoderarnos”. Devolución, de tierra, hay campesinos que quieren trabajar y no tienen tierra”, organización de mujeres,

Wbeimar Vargas García, lider social del municipio de San Rafael, piensa que falta mucho camino por recorrer en el trabajo con víctimas en cuanto a la reparación integral, la búsqueda de los desaparecidos y el goce efectivo de los derechos de las víctimas.

Para el soldado retirado Robert Antonio Tangarife, las secuelas de la guerra están en su cuerpo y su alma. Desde Andes analiza el proceso de paz y el final de la guerra. Habla de perdón, de justicia y espera que el Estado les cumpla a las víctimas.

Raúl Amaya Torres, quien vive en Puerto Berrío, cree que es posible una Colombia diferente. Él es víctima de exterminio, vio desaparecer y asesinar a quince integrantes de su familia a manos de grupos paramilitares en conjunto con fuerzas del Estado; todos los casos siguen impunes.

Para el líder de la comunidad indígena El Sol, José Baquero, en El Bagre, el proceso de paz es muy interesante para que los indígenas sigan viviendo como quieren, “en paz y en armonía con la madre tierra”.

“Fue un tiempo de horror y terror”, dice Gloria Elsy, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Unidas de Granada, Asovida, y guía del salón del Nunca Más que funciona en este pueblo que sufrió una masacre paramilitar, seguida de una toma guerrillera, “a nosotros nos tocó poner las víctimas”.

Larren Mosquera, estudiante de sicología social y líder juvenil en Urabá, piensa que aprender de las experiencias de violencia en Urabá permite construir una mejor sociedad. Para él, lo mejor de los acuerdos es la no repetición.

Una de las integrantes de la Asociación de Víctimas de Andes, Doris Lucía del Socorro, lucha porque se haga justicia en el caso del crimen de su esposo y por obtener una reparación integral que le permita mitigar el dolor y llevar una vida digna.

Saúl Orozco González, artista de Puerto Berrio y ex alcalde, considera que el acuerdo con las Farc es una oportunidad histórica para el país. A pesar de que sus hermanos fueron secuestrados por no pagar extorsiones, no guarda rencor.

Liliana Rentería, oriunda del municipio de Zaragoza, hace parte de un consejo comunitario afro. Ella ha sufrido de desplazamiento y ha perdido a varios miembros de su familia. Está de acuerdo con los diálogos porque quiere la paz para el país y para su territorio.

Gloria Serna, representante legal de la Asociación de Víctimas por la Vida y la Esperanza del municipio de Sonsón, cuenta cómo asesinaron a uno de sus hermanos y otro fue desaparecido. Gloria trabaja por la reparación integral de las víctimas y por iniciar procesos de tejido social para alcanzar la paz.

Yésica Álvarez Medrano, integrante del colectivo Menos gris, más verde de Urabá, está inconforme pero esperanzada con lo logrado en La Habana en los acuerdos: “es indispensable aceptar ese tipo de cambios”.

“Mi hijo quería ser oficial del Ejército pero terminó reclutado por la guerrilla”, dice Luis Eduardo Castañeda, un hombre de campo que reflexiona sobre el porqué de la guerra y sus consecuencias, pues no sabe nada de su hijo desde hace diez años.