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Cuando las aulas se convierten en trincheras

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15/05/2018
Por: Jennifer Restrepo de la Pava - Dirección de Comunicaciones

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación de Antioquia, en el departamento entre el 2016 y el 2017, 248 profesores de instituciones educativas fueron amenazados. En lo corrido del 2018, 42 profesores denunciaron ser víctimas de intimidaciones.



Fotos: cortesía Ministerio de Educación. 

El rol del maestro choca con todo lo que representa la violencia y los intereses que persigue. Además de enseñar, tiene la tarea de transmitir valores y propender por el bienestar de los estudiantes en un entorno adecuado para el aprendizaje.

El conflicto armado en Colombia dificulta esa labor. Entre los años 80´s y 90´s la violencia trascendió a las aulas de la Universidad de Antioquia. Las 15 muertes al interior del Campus universitario de estudiantes, maestros, sindicalistas y líderes sociales, dejaron huella en la memoria histórica en la Institución. Los profesores Hernán Henao Delgado, Luis Felipe Vélez Herrera, Leonardo Betancur Taborda, Luis Fernando Vélez Vélez y Héctor Abad Gómez, son considerados mártires de la tiza y los derechos humanos.

Para el investigador asociado a Colciencias y profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, William Fredy Pérez Toro, un profesor es naturalmente crítico, no en el sentido en que se rebela o se opone a las cosas que ve, sino por el sentido crítico para examinar coyunturas sociales y opinar sobre ellas con algún rigor; esto es problemático en una sociedad como la colombiana, en un contexto de inseguridad que afrontan los demás ciudadanos. 

“Los profesores son un blanco fácil en contextos que resultan ser muy peligrosos, esa es la condición agregada de inseguridad. A un profesor le suele resultar irresistible opinar sobre ciertos temas en un país que acostumbró a hacerle saber por la fuerza a quién opina, que no debe opinar”, dijo Pérez.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación de Antioquia, en el departamento entre el 2016 y el 2017, 248 profesores de instituciones educativas fueron amenazados. En lo corrido del 2018, 42 profesores denunciaron ser víctimas de intimidaciones. Las regiones donde más se presentan amenazas son el Norte y el Nordeste antioqueños. 

“Las intimidaciones están relacionadas con el microtráfico, los grupos al margen de la ley, las disputas territoriales, el no pago de vacunas, la discriminación racial y la convivencia, es decir, con problemas vinculados al entorno escolar (…) Todo amenazado es desplazado, la mayoría de los profesores de las instituciones educativas públicas viven cerca de su lugar de trabajo y se tienen que desplazar o solicitar una reubicación”, destacó Parmenio Córdoba Cuesta, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA.

Otro factor que puede influir en las amenazas a los profesores es la participación en asociaciones y agremiaciones. Los profesores en Colombia son un gremio consolidado, con varias organizaciones que participan activamente en la demanda pública de sus derechos y de sus estudiantes, además de ser generadores de opinión pública. Para el profesor Pérez Toro, esto también los hace objeto de reproches, amenazas o acciones violentas debido a que en determinados contextos y ambientes, los sindicatos, las asociaciones y las agremiaciones suelen ser estigmatizadas. 

Para brindar acompañamiento en estas situaciones se creó el Comité de Amenazados, conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección —UNP —, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Educación de Antioquia. 

En el país, el Decreto 1782 de agosto 20 de 2013, reglamenta los traslados por razones de seguridad de educadores oficiales y su reubicación, garantizando los derechos fundamentales en caso de una amenaza o un desplazamiento forzoso. También aplica la Ley 1448 de 2011 de Víctimas del Conflicto Armado Interno. Las leyes que reglamentan el proceder en estos casos obligan que la remisión a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación sea, a más tardar, dentro de los tres días hábiles siguientes.

Instituciones Educativas



Durante el 2017, fueron amenazados 67 profesores en el Área Metropolitana; 35 de ellos en Medellín. En lo corrido del 2018, 31 profesores del Área Metropolitana han denunciado esta situación. Entre las principales causas se encuentran la convivencia y el conflicto armado, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de ADIDA.

La Institución Educativa Fé y Alegría Luis Amigó, en Moravia, alberga a 1.163 estudiantes entre los cinco y los 75 años de edad en tres jornadas académicas, de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Entre el 2015 y el 2018, tres profesoras de la Institución fueron amenazadas por diversos factores: problemas personales, convivencia y por el conflicto interno, en este último caso, la docente fue desplazada por el Clan del Golfo. En los tres casos, la I.E. contó con el apoyo de la Secretaría de Educación de Medellín. 

“Es claro que las instituciones educativas quedamos en medio del conflicto, la única presencia permanente, constante y efectiva del Estado en estos lugares somos las escuelas y los médicos. La Secretaría de Educación autoriza las horas extras a los profesores para tener la jornada nocturna, pero ningún contratista de la Secretaría puede venir en la noche a trabajar con los chicos por el riesgo social. Es como si los únicos que pudiéramos estar expuestos a ese riesgo fuéramos los maestros, somos los únicos que lo podemos hacer y lo hacemos”, relató el rector de la I.E., Walter Gabriel Vélez Ramírez.

Para el Rector, el origen de la problemática radica en la ausencia del Estado. La labor docente es reconocida por la comunidad, incluso por las personas que están en las armas, pero a pesar de ese reconocimiento continúan en riesgo. Los estudiantes siguen respetando esa figura de autoridad, sin embargo, los acudientes ven al maestro como como otro cuidador, como un empleado de suyo y de sus hijos.

“Que la ciudadanía vea a la escuela como un lugar para cuidar niños y no como escuela, es culpa del Estado; eso tiene una influencia directa sobre la percepción de seguridad que tenemos ahora”, señaló Walter Gabriel.

Sobre esa ausencia del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de ADIDA, plantea el establecimiento y la garantía de programas que redunden en bien de la convivencia, que ayuden a mitigar las dificultades del territorio, alentando a que esa presencia no se limite a la mera llegada de la fuerza pública. 

Universidades públicas 

Algunas universidades públicas de Colombia además de ser escenario de violencia, fueron víctimas del conflicto armado. Según información del proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y la Deutsche Welle Akademie, la Alma Máter sufrió distintas modalidades de violencia; homicidios, amenazas, desapariciones, secuestros y uso de artefactos explosivos.

Con la presencia de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, y otros actores armados, además de la intervención del Estado, la comunidad universitaria se vio vulnerada, desprotegida y señalada a causa del conflicto.

La Universidad de Antioquia es un ejemplo de lo que padece o padecieron las universidades públicas. Sin duda ha cambiado dramáticamente en los últimos años, desde que se iniciaron los diálogos con las Farc y desde que se desactivaron formalmente las AUC. Las últimas amenazas que conocimos con listas y nombres concretos fue a mediados del 2000 (…) En el pasado, la Universidad fue blanco de ataques de muchos sectores, todavía no tenemos la cuenta de las personas que fueron amenazadas y exiliadas, lo más triste es que algunos optaron por irse y la gran mayoría lo más triste es que algunos de ellos optaron por irse y la gran mayoría optaron por callarse”, indicó el profesor William Fredy.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad, John Mario Muñoz Lopera, existen tres tipos de amenazas constantes identificadas de los profesores universitarios: “las laborales, por la relación estudiante y contexto, y a causa de los  actores del conflicto armado. La presentación de los resultados de investigaciones o trabajos que son de carácter social y político es una de las principales causas; la defensa de los derechos humanos o pertenecer a una agremiación es otra, y las que se desencadenan de su relación o conflicto con algún estudiante”

Pese a que los profesores en Colombia están expuestos a condiciones especiales que representan un riesgo para su integridad, el investigador William Fredy destaca el plus de defensa que tiene este gremio con respecto a las medidas que toma el Estado para su protección. 

“No es lo mismo que amenacen a alguien que trabaje en una fábrica, a que amenacen a un profesor. Esto lo tiene que decir un profesor si tiene una perspectiva rigurosa sobre el tema, tenemos una agremiación que puede hablar por nosotros, conocemos defensores de derechos humanos, conocemos organizaciones internacionales (…) no somos una población concretamente abandonada y en esa medida también tenemos que pensar críticamente sobre la situación en la que se encuentran otro tipo de personas que no tienen los privilegios que nosotros tenemos”, agregó. 

Hay un consenso entre los profesores, en que la acción preventiva más efectiva para contrarrestar la inseguridad que padecen es la consolidación y avance en la construcción de la paz en el país, desde las aulas de clase y los territorios, con una presencia e intervención integral del Estado. Mientras que la responsabilidad de las universidades públicas sigue siendo el uso de las únicas herramientas que posee: el conocimiento, la solidaridad, la palabra y el discurso, para evitar que las aulas de clase se conviertan en trincheras. 

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