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La salud, víctima invisible del conflicto armado

17/11/2020
Por: Julián David Ospina Sánchez- Periodista

Un estudio de la Universidad de Antioquia para la Comisión de la Verdad revela cómo el conflicto armado no solo se ensañó contra millones de colombianos, sino también contra quienes procuraban su salud y bienestar. Entre 1958 y 2019, por ejemplo, fueron documentadas 2419 infracciones contra la misión médica.

Paulina Mahecha, madre de la enfermera María Cristina Cobo Mahecha, víctima de los paramilitares en el Guaviare. Foto: cortesía Comisión de la Verdad.

La madrugada del 20 de febrero del 2002 el noveno frente de las Farc-EP dinamitó el puente Danticas, entre los municipios antioqueños de San Carlos y San Rafael. Minutos después, allí mismo, cayó al vacío una ambulancia que transportaba a una mujer en trabajo de parto; la neblina evitó que el conductor se percatara de la estructura derribada, lo que llevó a la muerte a Flor Emilse García Muñoz — quien estaba a punto de parir—, a su hermana Yanet y a Elvia Guarín, auxiliar de enfermería.

Aquel suceso, que tuvo gran resonancia en los medios y estremeció al país entero, ilustra bien los impactos del conflicto armado en la dinámicas y actores del sector de la salud en Colombia. La Universidad de Antioquia, tras un proceso de investigación en el que rastreó acontecimientos como ese, señaló que cada dos semanas, entre 1958 y 2019, el país sufrió en promedio 1.5 infracciones contra la misión médica.

La cifra hace parte del informe que realizó la Facultad Nacional de Salud Pública — FNSP— como parte del proceso promovido por la Comisión de la Verdad para reconocer las afectaciones e impactos del conflicto armado interno en la salud de las poblaciones, en elpersonal de salud y en quienes cuidaron de la vida en las comunidades y en los territorios. «El impacto del conflicto armado en la salud de las comunidades es un tema imprescindible para el esclarecimiento de la verdad, la reparación y dar garantías de no repetición», explicó Nicolás Dotta Ibañez, coordinador general de Médicos del Mundo Misión Colombia.

De acuerdo con Yadira Borrero Ramírez —doctora en Salud Pública— «el conflicto interno ha violado el derecho a la salud en sus aspectos más importantes: la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad del servicio». Borrero hizo parte del grupo de investigadores de la FNSP que se encargó de indagar para la Comisión de la Verdad lo acontecido en el país en tres situaciones específicas: las infracciones a la misión médica, la violencia sociopolítica contra los prestadores del servicio de salud y las afectaciones en los territorios; un trabajo investigativo que, entre otras fuentes de información, recurrió a bases de datos y entrevistas a distintos actores del sector y a víctimas en diferentes regiones.

Infracciones a la misión médica

Las infracciones a la misión médica están contempladas como una vulneración al derecho internacional humanitario. De acuerdo con Esperanza Echeverry López, docente e investigadora de la FNSP, tales vulneraciones contemplan las afectaciones a los trabajadores de la salud, el uso inadecuado de la infraestructura sanitaria, ataques a dicha infraestructura, ataques y retención de medios de transporte, la violación del secreto profesional, la obstaculización a la prestación de servicios o los daños a la institucionalidad en salud. De esta última, el informe destaca que, entre 2002 y 2010, se calcula que unos 530 000 millones de pesos de recursos de la salud se desviaron para los actores armados.

La investigación indica que entre 1958 y 2019 se pudieron documentar 2419 infracciones contra la misión médica —IMM—, que dejaron 2093 víctimas individuales y 444 colectivas. Uno de los casos abordados por los investigadores se presentó el 19 de abril de 2004 en una carretera de Calamar, municipio del Guaviare. Allí la enfermera María Cristina Cobo Mahecha fue retenida por paramilitares y, según el reporte oficial, fue torturada, violentada sexualmente y desaparecida. «Las infracciones a la misión médica se concentraron en un 31.3 % en las zonas rurales y en un 27.5 % en las urbanas. Del 41.2 % restante no se encontraron datos, lo que denota un gran subregistro —advirtió Echeverry López—. Por las entrevistas que recogimos en los territorios nos dimos cuenta de que, en las zonas más afectadas por el conflicto, los trabajadores de la salud naturalizaron estos sucesos».

Desmantelamiento sindical y efectos en los territorios

Infográficos: cortesía Comisión de la Verdad.

El estudio definió también los años entre 1988 y el 2019 como periodo para documentar los impactos de la violencia sociopolítica en la salud, que tienen que ver con las represalias —de parte de actores armados legales e ilegales— ante denuncias de corrupción, los ataques a promotores y sabedores ancestrales, así como la represión de la protesta y el desmantelamiento sindical. Entre 1990 y 2019 se presentaron 334 casos de violencia antisindical en salud, con 355 hechos victimizantes y 415 víctimas individuales.

«El conflicto armado trajo consigo la deserción de la mayoría de los afiliados —sindicales—, situación que tuvo estrecha relación con las reformas laborales del sector salud, que fueron impulsadas por grupos al margen de la ley para que tuvieran aplicación en los territorios», dijo María Victoria Jiménez, directiva de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia —Anthoc—.

En la mira de la violencia sociopolítica también estuvieron los promotores de salud en la ruralidad, gravemente afectados por el fuego cruzado. «Con ello se fracturó la función de estos en cuanto a la cohesión social y la resolución de problemas de salud en sus comunidades —explicó Echeverry López—. La violencia contra ellos fue más allá de ser infracciones a la misión médica».

Entre 1988 y 2019 fueron victimizados 84 promotores rurales de salud, de ellos 24 fueron asesinados y cuatro desaparecidos. Además, en zonas de Antioquia, Sucre y Bolívar los actores armados les prohibían ir a los territorios. «Esto representa una afectación inmensa sobre la posibilidad de construir democracia y un exterminio del pensamiento crítico en salud», expresó la docente.

Los sabedores ancestrales —esenciales en las prácticas de bienestar físico y espiritual de las comunidades indígenas— también fueron violentados, lo que no solo debilitó liderazgos claves, sino que también provocó que se perdieran importantes tradiciones, por ejemplo, el uso de plantas medicinales y la conservación de sitios sagrados; el desplazamiento y despojo generaron además rupturas de las comunidades con sus territorios ancestrales. Ello significó, advirtieron los investigadores, una desconexión con la vida, inseguridad alimentaria y pérdida de un intangible tan importante como la identidad.

Un caso emblemático en este sentido es el de Abelardo, indígena jiw —pueblo que habita entre el Meta y Guaviare—. Este sabedor ancestral comenzó su aprendizaje a los 14 años; su padre le dio el espíritu para manejar el yopo —medicina chamánica—. Sin embargo, esa conexión con el espíritu de su padre empezó a desaparecer desde el 2002, cuando la guerrilla de las Farc-EP se ensañó contra su comunidad y él tuvo que desplazarse a Mapiripán. Relatos como el suyo, según los investigadores, deben interpelar a la sociedad colombiana. «La guerra nos puso en un lugar muy difícil y banalizamos la muerte —expresó la investigadora Borrero Ramírez—. Los habitantes de las zonas urbanas tenemos que ser más empáticos con los afectados. Necesitamos un proyecto de sociedad que ponga en el centro la vida digna y, obviamente, el derecho a la salud».

Se tiene previsto que en noviembre de 2020 la Comisión de la Verdad presente el informe final sobre el conflicto interno colombiano, donde los investigadores esperan que queden consignadas las modalidades de violencia que impactaron al sector de la salud y a sus actores, estudio en el que aportaron también otras universidades e instituciones. José Pablo Escobar Vasco, decano de la FNSP, advirtió la importancia de este trabajo porque gran parte de los colombianos no son conscientes de las graves violaciones a los derechos de los trabajadores de la salud, siendo preocupante que muchas de estas sigan ocurriendo. «Se necesita una pedagogía sobre el tema, incluso dentro de la academia —dijo—, para garantizar que no se sigan repitiendo».

Colombia es uno de los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que consagra que los Estados que lo suscriben «reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental».

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