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Academia Sociedad

Granizal, más cerca del agua potable

02/04/2020
Por: Alejandro Puerta Calle - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

El Consejo de Estado ordenó al municipio de Bello y a Empresas Públicas de Medellín adelantar las acciones necesarias para proveer los servicios de acueducto y alcantarillado en los sectores Manantiales de Paz y El Pinar de la vereda Granizal. Este es un fallo histórico en la búsqueda de garantías para la calidad de vida y los derechos colectivos de los habitantes del asentamiento urbano de desplazados más grande de Antioquia.
 

Con tuberías artesanales los habitantes obtienen agua que no es apta para consumo humano, contiene, entre otros, residuos de materia fecal. Foto: Consultorio Jurídico UdeA.  

Cuatro años después de interpuesta la Acción Popular para exigir acceso al agua potable y a los servicios de acueducto y alcantarillado, los habitantes de la vereda Granizal de Bello pueden celebrar que se ha dado un paso significativo –por lo menos en el papel- hacia la garantía de sus derechos a la salud, la vida digna y el ambiente sano. 

El caso de la vereda Granizal fue llevado a segunda instancia ante el Consejo de Estado por un grupo de estudiantes y profesores del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, quienes apelaron la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en marzo de 2019 que ordenaba solventar la necesidad con carrotanques, bidones, bolsas de agua y la instalación de pozos sépticos, lo que no solucionaba el problema estructural y no remediaba la ausencia de acueducto y alcantarillado.

En marzo de 2020, el Consejo de Estado se pronunció ordenando al municipio y a Empresas Públicas de Medellín ejecutar de manera inmediata y efectiva los estudios detallados que permitan determinar la factibilidad de ejecutar las obras de instalación de redes convencionales de acueducto y alcantarillado y de ser viable, realizarlas.

Además de esto, el tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ordenó adelantar las acciones necesarias para regularizar los títulos de los predios de los sectores Manantiales de Paz y El Pinar, y buscar convenios y alianzas con otras entidades para la ejecución, como respuesta a las situaciones de irregularidad de los terrenos y a la incapacidad administrativa del ente territorial.

Si bien la sentencia es motivo de alegría en este asentamiento de población desplazada que tiene cerca 24 mil habitantes, de los cuales al rededor de 14 mil no tienen agua potable en sus hogares desde hace 25 años, es aún pronto para cantar victoria. El profesor Jaime Agudelo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, aseguró que siguen trabajando en aras del cumplimiento de la sentencia.

«Esperamos que la Defensoría del Pueblo cumpla un papel fundamental en el seguimiento al cumplimiento de la sentencia, pero también deben ser los habitantes de la vereda quienes estén muy pendientes de lo que vaya pasando», advirtió. 


Después de Altos de Cazucá en Bogotá, Granizal es el segundo asentamiento de población desplazada más grande del país. Foto: Consultorio Jurídico UdeA.

Atendiendo a lo anterior, El Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzate, realizó un derecho de petición solicitando a la Alcaldía de Bello que incluya a la vereda Granizal en el Plan de Desarrollo del municipio, aún cuan sea, en lo que concierne al cumplimiento del fallo.

Aunque es la Gobernación de Antioquia en colaboración con la Corporación Autónoma Regional de Antioquia quienes realizan actividades de control, vigilancia y seguimiento a los estudios aludidos (3 meses) y a la ejecución de las actividades necesarias para ejecutar obras (6 meses); es importante la participación activa de los accionantes para la verificación del cumplimiento del fallo en el comité que estará conformado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, los accionados, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo quienes constantemente informarán sobre las acciones que se adopten y ejecuten.

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Para Miguel Rodríguez Serrano, demandante en el proceso, este logro de la comunidad es gracias a los esfuerzos de la Universidad, representados por los profesores Jaime Agudelo y Alexandra Fernández.

«Me siento muy contento y satisfecho, cuando supimos el resultado del primer fallo para nosotros fue muy desconsolante. Nosotros como habitantes y yo personalmente como accionante me siento muy feliz con lo alcanzado por este proyecto y esto es lo que gracias a Dios estamos celebrando hoy».

Para la comunidad de la vereda Granizal y para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, esto constituye un precedente para que los habitantes de decenas de asentamientos en otras partes del país accedan a la prestación del servicio público de saneamiento básico. 

Que esta sentencia hito nos ayude a aferrarnos a la idea del derecho como una herramienta para ayudar al necesitado y a los habitantes de Granizal a seguir luchando hasta brindar con copas de agua pura y limpia.

Mapa de la vereda Granizal de Bello, ubicada al norte del Valle de Aburrá. Foto: Consultorio Jurídico UdeA. 

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