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La seguridad social de los maestros, ¡al tablero!

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15/05/2018
Por: Leidy Johanna Avendaño Yepes – Dirección de Comunicaciones

La corrupción continúa siendo uno de los principales problemas en Colombia y del cual el Sistema de Seguridad Social no se escapa, porque es una de las principales enfermedades que aquejan al Sistema de Salud, incluyendo a los regímenes especiales de los que gozan los docentes en el país.

Fotos: cortesía Ministerio de Educación Nacional. 

Son numerosas las quejas que se escuchan día a día en materia de atención en salud por parte de los docentes en el país. De hecho, uno de los reclamos en los paros de los docentes que hacen parte del magisterio, es que los beneficios que tienen en su régimen especial no se cumplen por parte de los contratistas que prestan estos servicios.

Igualmente, los docentes que hacen parte del Sistema General en Seguridad Social en Salud (docentes de establecimientos educativos de preescolar, básica y media del sector privado; y los docentes de instituciones de educación superior, sean del sector público o privado), se encuentran a diario con las barreras en la atención en salud que vive el resto de la población colombiana.

Negación de servicios y tratamientos, falta de oportunidad de citas médicas, insatisfacción con la calidad del servicio y retraso o faltantes en la entrega de medicamentos, engrosan la lista de quejas y reclamos de las entidades encargadas de la vigilancia de la salud en el país.

Expertos de la Universidad de Antioquia aseguran que el problema en la salud es generalizado y su mayor causa es la corrupción, un fenómeno de alta incidencia en Colombia, al que el Sistema de Seguridad Social no escapa.

Según la profesora Berta Fanny Osorio Salazar, especialista en Derecho Privado y en Derecho Procesal Civil, y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, “el problema más grave que enfrenta la seguridad social es la corrupción, y en salud ha permeado tanto al sector público como al sector privado. No es que no haya dinero, sino que se pierde y se va para otros negocios”.

Para la vigencia 2018, le fueron asignados al sector salud, vía Presupuesto General de la Nación, $24.6 billones. Solo el presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, está estimado en 5.2 billones de pesos para los próximos cuatro años. 

Sandro Sánchez Salazar, especialista en Derecho de la Seguridad Social y en Derecho Administrativo, y profesor de la Especialización en Derecho de la Seguridad Social en la Universidad de Antioquia, agrega que “dinero en el país hay el suficiente para dar una buena atención en salud a todos los colombianos, el problema es que la corrupción hace que ese dinero se quede muchas veces en la intermediación y de ahí desaparece. Si se destinan más de 20 billones de pesos para la salud y no todos los 50 millones de habitantes se enferman, es un dinero suficiente, ¿dónde se queda la plata? es la gran pregunta. El último de la cadena es el afiliado y es quien termina asumiendo los platos rotos”. 

Para la profesora Berta Fanny, a pesar del problema en la intermediación de los servicios de salud, centralizar totalmente la prestación de este servicio por parte del Estado no sería eficiente, pues los tratamientos demorarían incluso mucho más.

La salud del Magisterio la tiene a cargo el Estado, y él ¿con quién contrata? con particulares. Igual pasa con la Ley 100, ¿quién maneja la salud? las EPS, que son privados. Y no es que los prestadores sean malos, a mi modo de ver, sino que han sido mal dirigidos y mal controlados por parte del Estado, quien debería tener mucha más presencia para evitar que le vulneren a las personas el derecho a la salud como se le vulnera hoy en día”, comentó la profesora. 

Ambos expertos coinciden en que el problema de la intermediación radica en la forma en como está estructurado el Sistema de Salud, que beneficia a determinadas entidades o personas, “en el caso de la Ley 100 son las EPS las que se benefician; en el del Magisterio, los que tienen el contrato. Es un negocio, y si es un negocio ¿con qué objetivo se mira? con el de brindar utilidad. ¿Cómo obtener utilidad? no dando lo que tienen que dar en materia de salud, frenando los servicios. Entonces, ¿qué tiene que hacer un afiliado? poner una tutela para que le puedan brindar los servicios, y hoy en día ya ni la tutela sirve”, afirmó el profesor Sandro.

Además, asegura que la rama judicial se volvió una “cruz roja jurídica” en el que un juez termina ordenando que a una persona le tengan que garantizar su derecho a la salud, lastimosamente no sólo los maestros viven esta situación, sino todos los colombianos y al problema de corrupción se le debe añadir otro: la falta de voluntad política para mejorar el sistema, porque leyes hay suficientes, sólo que no se cumplen”, destacó el profesor.

De un modelo asistencial a un modelo preventivo

Fotografía: cortesía Archivo Dirección de Regionalización. 

Los expertos concuerdan en que el actual modelo de salud es costoso, pues se basa en dar atención a las enfermedades y no en su prevención. Por este motivo, pasar de un modelo asistencial a un modelo preventivo, no sólo permitiría reducir la aparición de ciertas enfermedades, sino también reducir los costos que implica la atención de enfermedades prevenibles que se vuelven de alto costo.

Los sistemas de seguridad social en salud que tienen las universidades estatales u oficiales suelen ser un poco mejores en ese sentido. Por ejemplo, el Programa de Salud de la Universidad de Antioquia tiene un modelo más enfocado en la prevención y esto permite que un trabajador utilice menos y mejor los servicios de salud, asegura la profesora Berta Fanny.

Más leyes, menos beneficios pensionales

Pese a que los docentes han contado con leyes especiales más beneficiosas en materia de pensión, poco a poco las leyes actuales han ido modificando parte de esos beneficios.

Antes de la Ley 100, los docentes se pensionaban con leyes más favorables como la Ley 33 de 1985, donde se exigía cumplir con 20 años de servicio y tener 55 años cumplidos, tanto para hombres como para mujeres, para recibir una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio del último año. Ahora, la mayoría de docentes se pensionan bajo la normativa de la Ley 100 de 1993, que exige tener cumplidos 62 años a los hombres y 57 años a las mujeres, más 1.300 semanas cotizadas, equivalentes a más de 25 años de trabajo.

Una de las principales quejas actuales de los docentes que tienen su pensión por el Sistema General de Seguridad Social en pensión, es que no hubo suficiente asesoría una vez entrada en vigencia esta Ley, sobre si les convenía más quedarse en el Seguro Social, hoy Colpensiones, o pasarse a un fondo privado”, comenta la profesora Berta Fanny, y agrega “eso pasó y no fue ajeno a la Universidad de Antioquia, y hoy por ejemplo, un docente universitario que tiene un ingreso entre 4 y 5 millones de pesos, si estuviera en Colpensiones se podría pensionar aproximadamente en 3.5 millones, pero estando en un fondo privado muchas veces se pensiona con 800 mil”.

Según el profesor Sandro, pese a que el magisterio tiene más beneficios en temas pensionales, ha ido perdiendo beneficios, “si bien no han ingresado todos al sistema de pensiones de la Ley 100, el Estado viene tratando de que cumplan con los mismos requisitos de los que habla esta normatividad. Entonces, poco a poco, ya los están igualando a las condiciones que tiene la mayoría de colombianos en pensiones y esto ha significado un retroceso, pues ahora tienen sólo una pensión y no doble como antes, cuando tenían la ‘pensión gracia´ y la pensión por vejez”.

Por otro lado, en el tema de seguridad social, los profesores universitarios contratados bajo la modalidad de hora cátedra o prestación de servicios, advierte la profesora Berta Fanny, suelen ser los más perjudicados por la continua des-laboralización, que genera un impacto directo en la seguridad social de los profesores, “el tener un tipo de contrato como este implica que una vez terminas con tus horas cátedra quedas por fuera del sistema, y esto quiere decir que te quedas sin cubrimiento en salud y tampoco te ayuda a tener un buen nivel en pensiones”, dice la profesora.

“Hay profesores que realizan trabajos en varias universidades, estos deben hacer aportes adicionales en salud y pensión, entonces terminan pagando más por una calidad en los servicios, y esta no se ve reflejada”, comenta el profesor Sandro.

Seguridad y salud en el trabajo de los docentes

Según la profesora Berta Fanny, el Sistema de Riegos Laborales ha sido más eficiente que el sistema de salud y pensión, eso se debe a que hay muchas más normas que obligan a las Aseguradoras de Riesgos Laborales, ARL, a tener un sistema de gestión organizado para evitar riesgos, y por ende tienen un modelo enfocado en la prevención”.

En el tema de riesgos laborales para el magisterio, según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, actualmente los docentes no cuentan con afiliación a la ARL, pese a que se expidió el Decreto 1655. Además, está pendiente la actualización de la Tabla de Enfermedades Laborales y del Manual de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral para estos docentes.

¿Cómo es el modelo de seguridad social para los docentes en Colombia?

La seguridad social para los docentes en Colombia está reglamentada por dos leyes: bajo la Ley 100 de 1993 que aplica a los docentes de establecimientos educativos de preescolar, básica y media del sector privado, y los docentes de instituciones de educación superior, sean del sector público o privado; y la Ley 91 de 1989 que cobija al regímen especial del Magisterio, al que pertenecen los docentes de establecimientos educativos de preescolar, básica y media del sector público.
 

infografia seguridad social maestros v2

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