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Academia Opinión

La carrera profesoral: escenarios, dilemas y retos

21/06/2018
Por: Luis Javier Castro Naranjo Representante Profesoral ante el Consejo Académico, UdeA Profesor Facultad de Medicina

"...El llamado a la comunidad universitaria es para que estudien, debatan y aporten sobre el tema de la educación superior en el país, en particular sobre el financiamiento y más aún sobre el salario y régimen prestacional del docente universitario que se define a través de un decreto presidencial..."

Bajo este título el Ministerio de Educación citó a unos talleres en diferentes ciudades del país con el objetivo de “Avanzar en la revisión del Decreto 1279 de 2002 con la participación de profesores, directivas de las universidades públicas y representantes del Gobierno nacional con los cuales se analizarán, por un lado, los aspectos nodales y neurálgicos asociados con la carrera profesoral en general y con dicho decreto en particular y, por otro, algunas alternativas de modificación de aspectos relacionados con la carrera profesoral tales como su definición, articulación y proyección”.

En realidad, los talleres se convierten en un espacio de discusión sobre el Decreto 1279 e incluso se plantean los siguientes escenarios: mantener el actual decreto, realizarle modificaciones puntuales o efectuar una modificación estructural del mismo. Claro que los promotores del debate dicen que no tienen propuestas para cambiarlo y especialmente que no se tiene ningún articulado. Sin embargo, los panelistas parten en sus discusiones de unos topes salariales propuestos por el MEN o por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU.

Podría ocurrir algo similar a lo sucedido con el Acuerdo por lo Superior 2034 que aunque surgió meses después de que la MANE y los profesores de las universidades públicas rechazaran las políticas del Ministerio de Educación Nacional, contenidas en una propuesta de modificación de la Ley 30 de educación superior, desarrolló diez temas, entre ellos, el relacionado con el financiamiento y fue presentado como un consenso de 33.000 personas y así se lo hicieron creer a Edgar Morin quien hace el prólogo del supuesto Acuerdo.

La Ley de Educación Superior fue expedida en 1992 y días después se aprueba el decreto presidencial 1444 que inicialmente reguló el régimen salarial y prestacional de los profesores universitarios. En el año 2001 fue cambiado por el Decreto 2912 que tuvo una corta vigencia siendo reemplazado por el 1279 en 2002, el cual continua vigente hasta el momento. Dicen algunos analistas que surgió desfinanciado pues la producción académica de los docentes supera en cuatro puntos lo que se aporta según la Ley 30.

El artículo 86 de la ley dice textualmente: “Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.

El artículo siguiente contempla: “A partir del sexto año de la vigencia de la presente Ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto. Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades Estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran”.

En el momento hay una comisión encargada de la modificación de estos artículos de la ley de educación superior, esperamos que de lograrse redunde en beneficio de las IES y sus docentes pues existe el antecedente con la última reforma tributaria de la cual se esperaba llegaran importantes recursos a las IES pero que finalmente se fueron para el ICETEX y para el Programa Ser Pilo Paga que como todos sabemos favorece particularmente a las universidades privadas.

El último tema que se trata en el Acuerdo por lo Superior es curiosamente el del financiamiento. Para este asunto sirve como insumo el estudio realizado por el SUE a través de los rectores y vicerrectores administrativos que reveló un desfinanciamiento mayor a los 11 billones de pesos.

Es llamativo que ahora nadie quiere acordarse de estas cifras y solo se dedican a repetir que el Decreto 1279 produce como resultado de la producción académica de los profesores un déficit fiscal que en el futuro hace inviable la educación superior en el país. “Es un hueco fiscal para toda la vida”, decía un panelista en la ciudad de Pereira en uno de los foros programados por el MEN.

Siguiendo con el debate, se ha dicho que existe una puntometría o puntomanía por parte de los docentes que están publicando muchos artículos de dudosa calidad en las distintas revistas nacionales e internacionales. Un exrector de nuestra universidad señala que, si un profesor logra publicar un artículo en una revista A1, esto representa unos 127 millones de pesos en su vida laboral (promedio de 30 años) lo cual haría inviables las IES, por la abundancia de publicaciones. Agregó que no es culpa de los profesores, que es un asunto de nómina.

Recordemos que hace unos meses nuestros investigadores y científicos hicieron manifestaciones públicas en contra de la exigua financiación de Colciencias y poco después también protestaron por la nueva clasificación de las revistas donde solo quedó de nuestra Alma Máter como A2 la revista Transhumante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

El llamado a la comunidad universitaria es para que estudien, debatan y aporten sobre el tema de la educación superior en el país, en particular sobre el financiamiento y más aún sobre el salario y régimen prestacional del docente universitario que se define a través de un decreto presidencial.


Nota

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