Juridico

El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, reunido en sesión extraordinaria el día 11 de octubre de 2017, analizó la situación y el impacto del desfinanciamiento actual de las universidades públicas, así como los efectos adversos que tiene para el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología el debilitamiento de Colciencias con el decrecimiento sistemático en su presupuesto (el cual se reducirá entre 2017 y 2018 en un 41,6 por ciento); la pretensión de convertir el programa Ser Pilo Paga (SPP) en una política de Estado, y el cambio en la destinación de los recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) originalmente dirigidos a las instituciones públicas de educación superior, ahora orientados, en un porcentaje del 67 por ciento, al funcionamiento del ICETEX y del programa Ser Pilo Paga.

Estas medidas son lesivas para las universidades públicas y menoscaban la posibilidad de acceder al derecho fundamental a la educación. El Consejo Académico considera importante, en este momento crucial en el que el país avanza hacia la consolidación de una paz duradera y sostenible, definir con claridad las metas y fines de la educación pública en todos los niveles. Es necesario articular, de manera sistemática, los tres componentes del sistema de educación (superior, tecnológica y técnica), de tal manera que se logre la articulación y complementación entre la educación para el trabajo y la educación superior, garantizando así, progresivamente, el derecho a la educación.

En relación con la educación superior, la universidad pública debe cumplir con sus objetivos fundamentales de producción, de divulgación y de acceso al conocimiento científico, social y humanista de calidad. Para lograr esto, el Estado debe garantizar las condiciones financieras para que la universidad funcione, respetando su autonomía académica e investigativa. Para desarrollar una investigación fundamental  y pertinente, que permita tanto la generación de nuevo conocimiento como su transferencia a la sociedad, la universidad ha de ser libre; y para ser libre, el Estado debe financiarla.

La Corporación asume estos principios básicos, establecidos en la Constitución, en las leyes y en el Estatuto General de nuestra Universidad, y en este sentido afirma que, al asumir la educación como un derecho que aporta esencialmente a la equidad social del país, el Estado debe disponer todos los recursos y las medidas necesarias para satisfacer dicho derecho, con prohibición de regresividad; es decir, que no puede implementar medidas que desmejoren las garantías de ese derecho, obtenidas ya por los ciudadanos.

El desfinanciamiento estructural de las 32 universidades públicas, que se calcula llega hoy a cerca de 16 billones de pesos, es la expresión clara de la regresividad de las políticas educativas de los últimos gobiernos, generada por el impacto económico de las diferentes leyes, decretos y sentencias que se han producido en el período de 1992 a 2011 en materia prestacional y salarial, que crearon nuevas obligaciones a las universidades, sin un aporte de la Nación para su cumplimiento.

Si bien la Ley 30 de 1992 definió los aportes asignados por la Nación a las universidades y determinó que su presupuesto crecería anualmente al mismo ritmo del IPC, sus gastos están por lo menos cuatro puntos por encima de este, derivados, entre otros factores, por el aumento significativo en la cantidad de estudiantes, por la creación de nuevos posgrados con costos superiores a los pregrados, y por el incremento de los salarios de los docentes debido a la cualificación en sus niveles de formación y al aumento de su productividad académica.

Frente a esta grave situación de desfinanciamiento, el Consejo Académico se dirige al señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, y a los Honorables Miembros del Congreso de la República, para pedir que se realice una revisión a fondo de los problemas señalados y se estudie la posibilidad de encontrar otras vías que garanticen los recursos materiales que hagan posible el sostenimiento y crecimiento de la universidad pública en el país, de acuerdo con las demandas de la sociedad.

En este sentido solicitamos:

1. Un cambio en la política de financiación que permita superar el desfinanciamiento estructural. Es necesario que en el Presupuesto General de la Nación para 2018 se establezcan con claridad y consistentemente los recursos para educación, ciencia y tecnología, sin opción alguna a cualquier tipo  de recorte.
    
2. Se reestructure el programa Ser Pilo Paga, el cual hasta la fecha ha desviado recursos públicos hacia universidades privadas. Ello, sin descontar que resulta ser un programa ineficiente y costoso, pues con los recursos que se han invertido para la formación de estudiantes en universidades privadas, las universidades públicas han logrado formar un número mucho mayor de estudiantes. En los tres años que lleva el programa, el 85 por ciento de los estudiantes beneficiarios ha elegido universidades privadas con lo que se termina negando el principio de la justa igualdad de oportunidades según el cual, aquellas personas con habilidades y capacidades similares deben tener las mismas oportunidades educativas. Ser Pilo Paga beneficia a un 2% de la población con fondos públicos que se destinan a unas pocas universidades privadas. En resumidas cuentas, este programa debe someterse a una profunda revisión y reestructuración antes de constituirse mediante mandato en Ley de la República.
    
3. Se garantice la intención original del Legislativo al crear el CREE, según la cual las universidades públicas deben recibir el 100 por ciento de los recursos de este impuesto sobre la renta para la equidad. De este impuesto, en 2017, el programa Ser Pilo Paga recibe 434.000 millones de pesos más y las universidades públicas tan sólo 129.000 millones de pesos. En el presupuesto proyectado para el 2018, se asignarán 900.000 millones de pesos al Icetex (financiación a la demanda) y 580.000 millones de pesos para el programa Ser Pilo Paga. Para las universidades públicas se destinan  recursos exiguos.
    
4. Incorporar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como una política de Estado en la que se brinde gobernabilidad al sistema y que reciba recursos de forma coherente con un plan de desarrollo que, basado en el conocimiento, proyecte las potencialidades de la población colombiana, principalmente de la población joven, mejorando así las oportunidades para una educación de excelencia comprometida con el desarrollo territorial y proyectada de una forma que nos conecte globalmente. El impacto de la tendencia negativa en la financiación de investigación y desarrollo (I+D) en el país reviste especial gravedad porque detiene el incipiente desarrollo de capacidades que hemos logrado y la posibilidad de posicionarnos como pares en el entorno internacional. Estos efectos son de mediano y largo plazo y no se resuelven sólo con inyección de recursos financieros. El modelo de financiamiento para I+D en el país debe cambiarse estructuralmente, para lo cual las instituciones de educación superior ofrecemos nuestro concurso.

Mauricio Alviar Ramírez
Presidente

David Hernández García
Secretario

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