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Investigación de cara a las problemáticas sociales del país

03/09/2020
Por: Luz Marina Restrepo Uribe – Periodista

El Comité para el Desarrollo de la Investigación – CODI – de la Universidad de Antioquia presentó los resultados de la Convocatoria Temática 2020, que tuvo como eje central la ciencia e innovación en respuesta a los desafíos universitarios y de país. Los investigadores tienen hasta el 18 de septiembre para dar inicio al desarrollo de sus propuestas, quienes por la contingencia actual no puedan iniciar en la fecha establecida, deberán informar a la Vicerrectoría de Investigación.

Acto simbólico UdeA Territorio de paz, 6 de marzo de 2020, en rechazo a los actos violentos cometidos en contra de integrantes de la comunidad universitaria, el campus y sus alrededores.

En esta ocasión, la Convocatoria CODI tuvo en cuenta la situación que vivió el país durante los últimos días del 2019 representado por el movimiento social con las múltiples manifestaciones, hechos de violencia y enfrentamientos con la fuerza pública en predios universitarios o en sus alrededores, situación que motivó la reflexión por parte del sector académico para abordar las reformas planteadas por el Comité Nacional de Paro.

Según el Reglamento de Investigación de la Universidad de Antioquia, la Convocatoria Temática del CODI tiene como propósito financiar proyectos de investigación en los cuales se aborden problemas prioritarios para el desarrollo de la región y el país, con el objetivo de responder a las necesidades indispensables de la sociedad más que a los intereses de los investigadores.

«Los temas propuestos en la Convocatoria CODI siguen vigentes a pesar de la pandemia», así lo afirmó el Vicerrector de Investigación de la Universidad de Antioquia, Sergio Cristancho Marulanda, y explicó: «La problemática evidenciada en el 2019 con el Paro Nacional del 21 de noviembre no ha desaparecido y las aspiraciones de mayor equidad y bienestar social y económico en el país que se agruparon en el Pliego Nacional de Paro requieren una mirada atenta desde la academia, que permita un análisis ciudadano más informado y proponga soluciones».

La Convocatoria CODI, para este año, cuenta con recursos de mil millones de pesos, cada proyecto seleccionado recibirá $60 millones. En total se presentaron 22 proyectos de investigación, 14 relacionados con las temáticas de país y 8 de universidad. Luego de la evaluación por los pares académicos se seleccionaron 17 propuestas financiables: 8 corresponden a los desafíos que plantea la Universidad, 9 a los retos de país más un proyecto elegible. El periodo para su ejecución es de máximo de 12 meses.

Propuesta entorno a movimientos sociales 

El Grupo de Investigación Estudios Políticos presentó el proyecto de investigación: Gestión de la protesta social en Medellín 2010-2020 que analizará el aumento de las manifestaciones ciudadanas como respuesta del descontento, así como expresión de capacidades organizativas y de propuestas por parte de sectores de la sociedad, que esperan soluciones del Estado que correspondan a esas capacidades y demandas, superando el plano meramente represivo y restrictivo. 

Con la investigación se esperan mejores lecturas y análisis desde la academia para comprender la protesta y las respuestas de los gobiernos en términos de gestión.  Además, se producirá conocimiento sobre la gestión de la protesta social, que sirva para avanzar en la comprensión del fenómeno, pero también para que las autoridades locales tengan insumos que permitan reorientar las decisiones para responder a la manifestación ciudadana, y especialmente para que las organizaciones sociales y los movimientos cualifiquen su actuación conociendo los acumulados, capacidades y recursos institucionales estatales.

Propuesta que aporta a la Universidad

Para Carlos Vasco, investigador principal del Grupo Microeconomía Aplicada, que presentó el proyecto Movilidad eléctrica sostenible en la Universidad de Antioquia, explicó que la propuesta fue elegida entre otras razones porque: «nuestra Universidad no cuenta con infraestructura para sumarse a las iniciativas y normativa nacional y regional que promueve la movilidad eléctrica; también porque coincide con las líneas de los planes de desarrollo y de acción de la Universidad;  además, se logró involucrar al Grupo EPM y sumar su conocimiento y experiencia en la materialización de este tipo de proyectos; y por último, porque queremos desarrollar con la Facultad de Ingeniería iniciativas que permitan incentivar la industria local».

Con este proyecto, el Grupo Microeconomía Aplicada,  se propone los objetivos de diseñar, construir y validar un prototipo de medidor avanzado para los sistema de carga de transporte urbano eléctrico; seleccionar los posibles puntos de instalación dentro de ciudad universitaria; instalar infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos como automóviles, motocicletas, patinetas y bicicletas eléctricas; y construir un modelo económico y análisis de sensibilidad de variables económicas y técnicas para proyectar financieramente en el corto y mediano plazo, el proceso de incorporación y adaptación de la movilidad eléctrica en ciudad universitaria.

Lea también: Convocatoria G8 I+D+i para el desarrollo territorial

Según la normativa vigente, luego de publicar los resultados de la convocatoria, el 18 de agosto del 2020, los proyectos aprobados tienen un mes para iniciar los trabajos de investigación, al respecto el Vicerrector de Investigación explicó la importancia de iniciar pronto el desarrollo de estas propuestas, “para así aportarle a la construcción de país y dar respuesta a las problemáticas que tenemos como universidad pública”. 

Los investigadores que no puedan empezar en razón a la contingencia actual deberán informar a la Vicerrectoría de Investigación para analizar la situación y considerar la posibilidad de prorrogar el inicio del proyecto o trabajar con los investigadores posibles ajustes metodológicos, que permitan su desarrollo con algunas variaciones respecto a la versión original, en función de acogerse a las disposiciones actuales del gobierno en materia de bioseguridad.

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