Juridico

Hago un llamado a las autoridades competentes para que actúen de manera inmediata y diligente, en pro de garantizar la atención y protección a los directamente afectados, a quienes les expreso mi solidaridad. Insisto en mi proclama para que la Universidad sea un territorio de paz, donde los diferentes tipos de violencia —independientemente de su naturaleza y origen—, no encuentren lugar, ni acogida.

La comunidad universitaria ha expuesto, de manera cada vez más precisa y clara, su rechazo e indignación antes las intimidaciones, amenazas, el uso de artefactos explosivos, y cualquier otra acción que ponga en riesgo la integridad física y emocional de universitarios, vecinos, aliados y visitantes.

Como Rector he respaldado ese rechazo a las vías de hecho e insistido en la urgencia del debate argumentado, estoy convencido de que podemos tramitar las diferencias utilizando el diálogo como camino, con la universidad abierta y funcionando, para generar reflexión al interior de las aulas y promover espacios académicos para los temas de coyuntura, que afectan a las universidades; a la región y al país.

Asimismo, como lo he expresado en diversos medios de comunicación regionales y nacionales, y como ha quedado registrado en nuestros medios institucionales, estoy en desacuerdo con el ingreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios —Esmad— a la Ciudad Universitaria. He sido enfático en afirmar que bajo los conceptos jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad, esa intervención es inconveniente; considero que agrava lo que pretende resolver y puede traer consecuencias delicadas para la integridad y la vida de las personas.

Desde el momento en que se conoció la decisión de la administración municipal, he realizado públicamente un llamado permanente para que se analice a fondo la medida y se disponga un espacio de diálogo con el gobierno universitario, los estamentos y las entidades y organizaciones que tienen relación con el tema. El propósito es buscar opciones efectivas para tramitar las violencias que se presentan en los espacios universitarios, deslegitiman las protestas pacíficas e inciden negativamente en la relación de la universidad con su entorno y con la sociedad a la que se debe.

Con optimismo, participé en la reunión de la comisión accidental 150 del Concejo de Medellín, que sesionó por primera vez el viernes 28 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Como parte de las conclusiones iniciales se ha solicitado al Alcalde la suspensión de la aplicación del Protocolo de reacción contra explosivos en las universidades de la ciudad, al igual que la conformación de una mesa de trabajo que debe estudiar la situación y proponer alternativas acordes con la magnitud del problema y sus complejidades.

De otro lado, ante la idea expresada por el Gobernador de Antioquia y presidente de nuestro Consejo Superior Universitario —CSU— de integrar a la Ciudad Universitaria como un espacio urbano bajo el concepto de Univerciudad, debo decir que esta iniciativa no es nueva, en otros momentos de nuestra trayectoria reciente se ha propuesto y, como hoy, ha suscitado todo tipo de reacciones y comentarios. Como Rector considero que es indispensable conocer ampliamente la propuesta y disponer espacios de consulta y conversación que permitan la participación protagónica de la comunidad universitaria para la toma de decisiones futuras.

Por último, sé que existe interés en las organizaciones de estudiantes en conocer avances sobre el caso de agresión sexual que fue denunciado en el mes de noviembre de 2019. Al respecto, puedo decir que con base en la denuncia presentada por nuestra estudiante, hemos adelantado diferentes gestiones para que se investiguen los hechos y se brinde la mayor claridad sobre lo sucedido. Entre las diferentes acciones adelantadas están el acompañamiento legal y psicosocial a la estudiante y su familia, la activación de los protocolos contemplados por la legislación colombiana, la apertura de una investigación administrativa en el interior de la Universidad, incluyendo a la empresa que presta los servicios de vigilancia, y el seguimiento permanente al caso.

En paralelo, y dando continuidad a una tarea que se venía realizando desde antes de que se denunciara el hecho, como administración de la institución seguimos avanzando, a través de la Dirección de Bienestar Universitario, en la construcción participativa de la política para el abordaje de las violencias de género y sexuales. Al respecto, se está trabajando en una propuesta de tipificación de estas conductas como falta disciplinaria. 

Como lo he expresado en otros momentos, reitero nuestra disposición como administración para mantener un diálogo permanente y fluido con los estamentos universitarios. En coyunturas como las que vivimos resulta fundamental reconocer las diferentes posturas y posibilitar acuerdos, sobre los asuntos más definitivos de la vida institucional. Mantener la universidad abierta y funcionando es mi apuesta, considero que de esa manera avanzamos en la solución de los problemas y simultáneamente mantenemos activos los espacios de deliberación y participación.

John Jairo Arboleda Céspedes
Medellín, 02 de marzo de 2020