Academia

Fotografía: Restos de naufragios coloniales en la bahía de Cartagena, como parte de un proyecto de la Universidad del Norte, financiado por la National Geographic Society en 2013. 

Para el profesor Juan Guillermo Martín, de la Universidad del Norte, lo que se busca a través de la red es llamar la atención de la opinión pública y garantizar que cualquier intervención sea científica y respetuosa del patrimonio cultural sumergido.

Carlos Piazzini, profesor de la Universidad de Antioquia, explica que la red busca generar una dinámica de investigación y formación de alto nivel en arqueología subacuática, que es el ámbito académico desde el cual se puede aportar para la protección, conocimiento y valoración de este patrimonio.

La naciente red está constituida por profesores e investigadores de las universidades del Cauca, Magdalena, Caldas, Cartagena, de los Andes, del Norte y Universidad de Antioquia. Los promotores también esperan que se vincule la Universidad Nacional.

Se trata de una red de instituciones competentes en temas de arqueología, derecho e historia, que ya ha planteado recomendaciones como las contenidas en el documento “Sobre la necesidad de una política de Estado en materia de patrimonio cultural sumergido. Comunicación abierta desde las universidades colombianas al nuevo gobierno”, el cual busca aportar a la discusión en el entendido de que se trata de hablar de un bien de interés público.

Algunas de las recomendaciones que plantea el documento son: cancelar el proceso de licitación de la alianza público privada para la extracción de los bienes que integran el naufragio del Galeón San José; retomar la valoración del patrimonio cultural sumergido como bien público e inalienable; formular y poner en marcha una política de Estado sobre patrimonio cultural sumergido; realizar de forma prioritaria un inventario del patrimonio cultural sumergido, y asignar recursos públicos necesarios para la puesta en marcha de los programas, proyectos y actividades que compongan la política sobre patrimonio cultural sumergido.

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Los académicos consultados coinciden en la necesidad de contar con una política pública que se centre en los principios constitucionales de inalienabilidad del patrimonio arqueológico de la nación; efectuar el retiro absoluto de los bienes culturales sumergidos del mundo del mercado y diseñar un verdadero proyecto científico, donde las universidades colombianas tengan participación activa. 

Normativa

Según la Convención de la Unesco celebrada en París en 2001, el patrimonio cultural sumergido está conformado por todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años.

La Convención, suscrita por sesenta países, no fue firmada por Colombia, donde, en cambio, rige la Ley 1675 de 2013, que reglamenta los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución en lo relativo al patrimonio cultural sumergido. Para la comunidad académica nacional e internacional resultan controversiales los artículos 2 y 3 de dicha ley, en particular donde se plantea que no son considerados patrimonio cultural sumergido: “las cargas comerciales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas; bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas o lingotes; y las cargas industriales”.

Dicha ley, subraya la profesora Julia Ochoa, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, "tiene que ser interpretada y aplicada en el marco de la Constitución Política, en especial en lo que plantean los artículos 63 y 72, que establecen que los bienes arqueológicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Sostiene, además, que desde el punto de vista de los derechos humanos “es importante que no se pierda de vista que la conservación del patrimonio cultural en general, y el patrimonio arqueológico en particular, hace parte del derecho a participar en la vida cultural, consagrado en el Pacto de las Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, lit. a), del cual sí que hace parte Colombia desde el año 1969”.

En la actualidad el proceso de licitación para la extracción de los bienes del Galeón San José está suspendido y el actual gobierno ha dado un margen de espera de dos meses para analizar la situación.