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AccionesLa defensa de Arias
En el siglo XXI los escándalos ministeriales en Colombia los han encabezado ministros afines al uribismo. La Corte Suprema de Justicia condenó al ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, y al ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, a seis años y siete meses de cárcel por el delito de cohecho.
Episodio denominado la «yidispolítica» porque Yidis Medina, representante a la Cámara, admitió haber recibido dádivas por parte de funcionarios del Gobierno nacional a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió el segundo mandato presidencial de Uribe Vélez.
El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, es el tercer ministro condenado de ese gobierno. La Corte Suprema de Justicia le impuso 17 años de prisión por delitos relacionados con el programa Agro Ingreso Seguro. Ante la sentencia de la Corte, Arias huyó a USA. De allí recientemente fue extraditado al país.
El uribismo considera injusta la sentencia de la Corte contra Arias. Para ellos, él es inocente porque el caso Arias muestra la persecución política en cabeza de la Corte Suprema de Justicia contra los funcionarios de dicho gobierno. Para otros, la condena impuesta por la Corte resulta excesiva en cuanto el desfalco al erario no superó el 3.5 % del presupuesto de Agro Ingreso Seguro. Una pena excesiva por una pequeña corrupción.
Sin embargo, el partido político de Arias, que dice defender su inocencia, avaló en la campaña presidencial pasada acuerdos con Viviane Morales, quien fue la fiscal general de la Nación que acusó a Arias ante la Corte Suprema de Justicia.
Las acusaciones de la Fiscal y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contaron también con el fallo del Procurador General de la Nación de la época, Alejandro Ordóñez, quien inhabilitó a Arias por 16 años para ejercer cargos públicos. Ordóñez también adhirió a la campaña presidencial de Duque. Actualmente, él es embajador ante la Organización de Estados Americanos —OEA— y Viviane Morales es embajadora en Francia.
El partido de Gobierno, incluido el presidente de la República, consideran injusta la condena de Arias, pero las elecciones presidenciales del 2018 al parecer les generó un cambio de postura gracias al cual terminaron por recibir en su casa a los verdugos de Arias. Si están convencidos de la inocencia del exministro de Agricultura y de que la sentencia contra él solo es explicable como un desquite político contra el uribismo, ¿por qué aceptaron en la campaña y luego como parte del Gobierno a la fiscal que inculpó y al procurador que inhabilitó a Arias?
Para continuar con la defensa de Arias, el partido de Gobierno presentará un proyecto de ley que, respaldado por el presidente, busca crear la doble instancia para casos juzgados entre 1991 y 2018. En Colombia, desde 2018, entró en vigor la reforma constitucional que garantiza la doble instancia, pero no es retroactiva.
La iniciativa del presidente y su partido de la doble instancia con carácter retroactivo resulta incoherente con los ejes de la reforma a la justicia que el mismo Gobierno propone cuando habla de garantizar una justicia eficiente y eficaz, ¿puede ser eficiente y eficaz una justicia congestionada a la cual el Gobierno le impondría la labor de revisar los fallos emitidos en casi 30 años?
Este texto fue publicado en el periódico Alma Máter en su edición 689 del mes de agosto de 2019
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