Opinión

Hace más de una década no se tiene representación estudiantil en los máximos órganos de dirección de la Universidad de Antioquia (UdeA). A pesar de que la composición de los consejos académico y superior deja en minoría a los estudiantes, la participación de los estudiantes en estas dos instancias es importante.

En teoría hoy se debe cumplir la elección del representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, pero la reticencia de la Asamblea de Estudiante a participar se expresa a través de la proclamación de una asamblea permanente, que en otras palabras significa “anormalidad académica” y que envía un mensaje a la comunidad sobre las diferencias existentes entre la posición de las actuales directivas universitarias y la asamblea estudiantil.

Por experiencia propia reconozco en los espacios de participación estudiantil grandes posibilidades para el trámite de inconformidades, pero también para el trámite de iniciativas en beneficio de la calidad académica, mejores condiciones de bienestar universitario y la posibilidad de expresar una voz crítica ante la gestión de los directivos universitarios y los gobernantes de turno en los contextos regional y nacional.

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Como lo ha expresado el Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, lamentablemente el actual rector no ha logrado comunicar a los estudiantes la importancia de la representación estudiantil y lo bienvenido que es contar con la participación de estos en los órganos de dirección universitaria. Por otra parte ha señalado el rector que la inconformidad sólo recae en un grupo minoritario de estudiantes, “con interés poco claros”, con lo que resta importancia al actual movimiento estudiantil.

Por otra parte existe desconfianza en el estudiantado por revivir la figura de la representación y lo que en el pasado ha significado que estas figuras se utilicen en beneficio propio y no de los intereses de los estudiantes. En esto es preciso decir que algunas administraciones de la Universidad en el pasado, no han estado a la altura y han ejercido indebida presión sobre estudiantes a cambio de algún apoyo en el CSU.

Infortunadamente los comunicados y entrevistas en medios de amplia circulación, aportadas por el rector, han dejado en el ambiente que el problema es de orden legal, en el sentido que le asiste a la administración actual el deber de convocar a las elecciones so pena de incurrir en falta a la legalidad; si bien esto puede ser cierto, la defensa a la convocatoria debe ser impulsada desde la importancia de reviste la participación de los estudiantes en los máximos órganos de dirección de la Universidad y desde el compromiso que debe asumir el estamento estudiantil con los destinos de la Alma Mater.

Queda ahora ver cómo se resuelve la asamblea permanente y se retorna a la normalidad académica; lo que la sociedad no conoce es que estas diferencias mal tramitadas profundizan el hueco fiscal de la Institución. Traigo a la memoria reciente la pasada coyuntura relacionada con el cambio en el proceso de admisión de la Universidad, promovida por el actual rector, que elevó el déficit institucional en cerca de doce mil millones de pesos, representado en el pago de contratos a profesores que no pudieron dar sus clases (aunque algunos funcionarios lo han visto de manera distinta, diciendo que la Universidad ahorró otros tanto millones al cancelar el semestre académico 2015-2).

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Esperemos que esta coyuntura tenga una adecuada solución y que esta realidad de la asamblea permanente se desvanezca en los próximos días. De igual manera envío un mensaje respetuoso a la actual administración de la Universidad para que trabaje en la consolidación de un estado de normalidad institucional que no riña con el reconocimiento de posiciones críticas dentro de la Alma Mater.

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Este texto fue publicado en el periódico El Mundo el martes 5 de septiembre de 2017

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