Opinión

Con motivo de las recientes y categóricas marchas de protesta social pacífica en rechazo del gobierno del presidente Iván Duque y, al mismo tiempo, del modelo político y socioeconómico neoliberal del que este es continuación, el cual socavó las posibilidades de consolidación del Estado social y democrático de derecho proyectado para Colombia con la promulgación de la Constitución de 1991, ha surgido la respuesta presidencial, ambigua y sin un claro y, sobre todo, sincero horizonte axiológico, de una «conversación nacional» que comenzó dejando de lado a los organizadores del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019, para reunirse con sectores políticos y económicos que no solo no lo lideraron, sino que, además, algunos lo subestimaron restándole la importancia histórica que tiene e, incluso, lo descalificaron tratándolo como un acto de vandalismo.

Convocatoria al Paro que, según varios de estos últimos sectores descritos, respondía a la actitud de “malos perdedores de las elecciones” de los protestantes (de las presidenciales de 2018 porque, obviamente, no aluden a las regionales de 2019 en las que la derrota del partido de gobierno fue palmaria), como si la democracia representativa fuera opuesta e incompatible con la democracia participativa, última ésta en cuyo marco se justifican las manifestaciones sociales de protesta pacífica de los ciudadanos, votantes o no, como las que se han venido presentando en Colombia a partir del 21 de noviembre.

Ahora bien, en medio de la miopía y, más aún, la ceguera político-social del gobierno y de varios de los críticos de estas manifestaciones, que cual sociedad cortesana de éste promueven la subestimación de las razones que tiene el movimiento social para protestar pacíficamente y de su poder transformador, a la pregunta de ¿qué debemos hacer? el gobierno, funcionarios de otros poderes estatales y sectores de la sociedad civil, han respondido con múltiples respuestas: la vacía propuesta de “conversación nacional” del presidente secundada por algunos de sus cortesanos (varios de los cuales, para empeorar la situación de decadencia del gobierno, insisten con el negacionismo y la represión); la construcción colectiva de reformas específicas y estructurales, en el marco de la Constitución de 1991, que se reconoce por algunos ha sido objeto de elusión durante los diferentes periodos presidenciales que la subsiguieron y, por último, la más compleja de todas, una asamblea constituyente.

Creo que existen buenas razones para plantear que lo que procede en este momento histórico de la Colombia de la democracia participativa del posacuerdo, es la consolidación, todavía pendiente casi tres décadas después, del modelo social y democrático de derecho como programa político-constitucional establecido en la Constitución de 1991 para el Estado colombiano y sus poderes públicos; proyecto con el que el Acuerdo de Paz de 2016 tiene una relación directa, pues hace parte de la Constitución, cuya implementación debería ser una de las políticas del actual gobierno adoptada de forma decidida y sin más retracciones. 

Vale indicar que este programa constitucional del Estado social de derecho fue sustituido por los diferentes gobiernos posteriores a 1991, junto con la gran mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso, en no pocos casos con la anuencia del poder judicial y de los organismos de control, por la instauración de un régimen neoliberal que hizo ineficaces los derechos fundamentales enunciados en la Constitución y sus garantías, por la vía de la privatización de la regulación, la prestación y el control de los servicios públicos esenciales como la salud, la educación, el aseguramiento del riesgo de vejez, la cultura, el medio ambiente sano y sostenible, la seguridad, entre otros, sometiéndolos a las reglas del mercado y a la sustracción de la debida destinación de presupuesto público, privando con ello de la universalidad que es predicable de estos servicios a muchísimos ciudadanos, en contravía de la eficacia de los derechos fundamentales y sociales y su carácter definitorio para el Estado social de derecho.

A esto se ha sumado, además, la actitud del gobierno actual de presidente Iván Duque, de eludir la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 a través del maniqueo concepto de “paz con legalidad”, como si el Acuerdo de Paz no tuviera el estatus de una “paz constitucional(izada)”.

Si bien es claro que es poco lo que queda de la versión originaria de la Constitución de 1991, tanto en lo que a la regulación de ciertos derechos fundamentales respecta como, especialmente, en lo que atañe a sus instituciones orgánicas, todo ello debido a la retacería constitucional en que quedó convertida la Carta Política producto de las reformas constitucionales promovidas (lícita e ilícitamente) por los diversos gobiernos a los que les ha correspondido “aplicarla”, también es claro que de ella subsiste al menos la enunciación de varios de sus principios y valores fundamentales, como por ejemplo, los de la dignidad humana y el modelo social y democrático del Estado colombiano, postulados que representan, aún, una indeleznable carta de navegación para la configuración de la gobernabilidad colombiana, sobre todo en la actualidad, en que requerimos del diseño de una ruta institucional que permita canalizar las fundadas reformas que la movilización social actual reclama, todas ellas vinculadas con el carácter universal, gratuito y de calidad de aquellos bienes y servicios públicos relacionados con la satisfacción de los derechos individuales y sociales fundamentales, especialmente la vida, las libertades civiles, la salud, la seguridad social, la educación, la cultura, el medio ambiente, la paz, pensadas desde la perspectiva del buen vivir, la equidad y la justicia sociales.

En efecto, es una mejor alternativa acometer un diálogo estructural apuntalado en estos dos postulados constitucionales, que una asamblea constituyente que abra las puertas a una nueva aspiración presidencial de expresidentes que han sido corresponsables del abandono del Estado social, así como a una derogatoria del Acuerdo de Paz, entre otras fatalidades.

Pero, reitero, un «diálogo» (es decir, un acto de habla colectivo que permita el surgimiento de consensos producto de la intersubjetividad dialógica y no de una única subjetividad monológica) y «estructural» (esto es, que no parta del modelo neoliberal de Estado y de sociedad sino que lo abandone), que permita generar las reformas que restauren el proyecto del Constituyente Primario de 1991 en cuanto al componente social y democrático de derecho del Estado colombiano, es decir, que garanticen un acceso gratuito, público y universal a la salud, la educación en todos sus niveles, las pensiones para una vida digna y su adecuada administración y cuidado públicos, los derechos laborales relacionados con la formalización del trabajo, el acceso universal a la cultura, la protección de la vida, la sostenibilidad del medio ambiente, entre varias de las diferentes reformas que se requieren en Colombia, que son la razón de ser del actual movimiento social de protesta pacífica y de su subsistencia.

Tampoco concurren buenas razones a favor de la opción de cerrar los debates de sociedad a partir de los resultados electorales, como sucede actualmente en Colombia de cuenta de quienes plantean que el gobierno del presidente Iván Duque fue elegido con una propuesta que al haber sido la triunfadora en las elecciones, no puede ser cuestionada a través de alternativas democrático-participativas como la de la protesta social pacífica encaminada a remover los problemas estructurales de equidad y justicia social que nos afectan.

Tampoco es ni será una adecuada respuesta gubernamental a este tipo de expresiones democráticas legítimas, desestimar la racionalidad de las causas que motivan la movilización para la protesta social pacífica, esgrimiendo la institucionalidad y recurriendo a la fuerza pública como mecanismo de disuasión. Menos aún, promover esta mediante el tratamiento de las manifestaciones como disturbios y de los manifestantes como vándalos que merecen “todo el peso de la ley” para la restauración del “orden público”.

La democracia, como espacio para la convivencia de visiones diferentes de la política y de la vida, requiere de gobiernos e instituciones democráticas y, ante todo, de sujetos demócratas, es decir, que la consideran  y la promueven con un valor de la ética civil y la razón pública.

Pensar y promover la democracia como un valor no significa nada diferente que valerse de la política del diálogo, concebida como instrumento idóneo para la construcción de consensos y disensos relevantes en la toma de decisiones institucionales; diálogo que solo puede surgir allí en donde cada ser humano, especialmente «el otro» (su vida, su visión ética del mundo y su subjetividad política, la diferencia que surge de la diversidad de subjetividades); en tanto provisto de dignidad humana, esto es,  como fin en sí mismo, se torna en fin del Estado que se dice social y democrático.

Es una actitud definitoria de los demócratas, sin los cuales no es posible la democracia, considerar valores democráticos el diálogo entre seres provistos de dignidad y su reconocimiento como titulares de capacidad dialógica, para deslegitimar el privilegio del monismo subjetivo de aquellos que ostentan condiciones especiales de poder y favorecer el pluralismo intersubjetivo y la deliberación pública.