Opinión

Los acuerdos alcanzados en diciembre de 2018 por la histórica lucha de estudiantes y profesores representan un paso importante para resolver los problemas estructurales de las instituciones de educación superior —IES—. 

Los nuevos recursos pactados buscan poner freno al desequilibrio financiero generado por la Ley 30 de 1992, que desde su creación indexó las transferencias de la Nación a las universidades al ritmo del índice de precios al consumidor —IPC— y no contempló los aumentos reales de los costos de la educación, que siempre han estado más de cuatro puntos por encima del IPC, como lo ha advertido la Comisión técnica de vicerrectores administrativos y financieros del Sistema Universitario Estatal —SUE—. 

Con esta idea, se incluyó el artículo 108 en el Plan Nacional de Desarrollo —PND— 2018-2022. Allí quedaron consignadas las partidas adicionales al IPC para atender los gastos de funcionamiento de las IES para el período del presidente Duque, que como bien se conoce corresponde a: 3.5 % en 2019, 4 % en 2020, 4.5 % en 2021 y 4.65 % en 2022. 

Como política de Gobierno es un avance, sin embargo, como política de Estado a favor de la educación superior pública, el PND no presenta modificaciones a la Ley 30 en los artículos 86 y 87, las cuales son determinantes. 

¿Por qué se necesita modificar la Ley 30?

Las modificaciones de fondo a la Ley 30 permitirían igualar las transferencias que reciben del Estado las IES por la vía del presupuesto general de la Nación y de las entidades territoriales, a los costos en que hoy incurren dichas instituciones.

Lo anterior tiene justificaciones. El carácter social y público de la educación exige financiación adecuada, que le permita a las IES atender asuntos misionales importantes, diferentes a sus gastos de funcionamiento. Ante este panorama, el esfuerzo de las instituciones para cubrir los costos crecientes que representa cubrir lo misional ha sido significativo; de acuerdo con la comisión técnica del SUE, la generación de recursos propios
constituye, en promedio, cerca del 50 % del presupuesto de muchas instituciones.

También, una parte importante de los gastos se concentra en la nómina. Según la Comisión, anualmente los gastos de personal representan 108 000 millones de pesos a la base presupuestal para las universidades oficiales, constituidos por aumentos salariales del 1 % adicional al IPC aprobado por el Gobierno nacional, y por los incrementos en las nóminas docentes por el efecto del Decreto 1279 de 2002, que establece como mínimo el 3 % adicional al IPC. 

Si bien, para 2019 los recursos adicionales logrados en el acuerdo para funcionamiento ascienden a 103 954 millones de pesos para repartir entre 32 universidades, en los últimos 5 años estos gastos habían superado los 536 000 millones. 

Reformar los artículos 86 y 87

Desde la comisión técnica se ha propuesto que sostener este aparataje anual debe ser el ideal para ajustar el artículo 86 a  la realidad financiera de las instituciones, lo cual implicaría un incremento adicional permanente a la base presupuestal de las IES por encima del IPC a partir del año 2023, que supere como mínimo lo acordado para el 2022 de 4.65 %.

Esto garantizaría su funcionamiento y sostenibilidad, al incluir los incrementos de los gastos de personal en sus presupuestos. Si se modifica el artículo 87, también se podría potencializar la inversión social que hacen las instituciones en distintos rubros. La propuesta es que sea el 10 % de la base presupuestal que se entrega al SUE. 

En efecto, el ajuste consiste en destinar este porcentaje para atender la inversión social que hacen las instituciones para mayor cobertura, mejorar infraestructura, bienestar, formación de los profesores, internacionalización de estudiantes y docentes, bilingüismo, entre otros temas. Dichos aportes, para 2019, están calculados en cerca de 300 000 millones de pesos. Estos recursos permitirán disminuir gradualmente las brechas de calidad que
se calculan en cerca de 13.7 billones de pesos como resultado del desequilibrio financiero de la Ley 30. 

Para la vigencia 2019, por artículo 87, el MEN distribuirá 29 447 millones, estos recursos se calculan a partir de un porcentaje no inferior al 30 % de incremento real del crecimiento del Producto Interno Bruto —PIB— de 2018.

En general, estas modificaciones exigen de un esfuerzo fiscal importante por parte del Estado, pero también, de fortalecer las fuentes de recursos propios de las IES con la idea de apalancar, con criterios de eficiencia y equidad, los gastos corrientes y la inversión social de las instituciones. De la misma manera, es importante hacer explícito y directo que las ciudades capitales hagan base presupuestal de todas las IES que tienen presencia en sus territorios. 

En el caso del Municipio de Medellín, no se entiende que este no haga base presupuestal de la Universidad de Antioquia, cuando se beneficia de uno de los valores agregados que genera la institución, representado en la matrícula de pregrado de más del 50 % del total de estudiantes que son residentes de Medellín. 

En suma, garantizar la sostenibilidad financiera de la educación superior pública es un deber y una obligación que tiene el Estado colombiano, para contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad colombiana más vulnerable. 

Nota

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