Opinión

Uno de los aspectos más difíciles y problemáticos en el Acuerdo de Paz tiene que ver con el ordenamiento social de la propiedad y el uso de la tierra. Las clases dirigentes y el Estado colombiano fracasaron en la implementación de las reformas rurales de 1936 y 1961, con las que se pretendió la pacificación de la sociedad colombiana mediante la articulación de una reforma agraria con una reforma política. ¿Estamos ante la posibilidad de un nuevo fracaso del problema agrario tras el Acuerdo con las Farc?

Desde 1930, los gobiernos liberales buscaron sacar adelante una serie de reformas sociales en el campo, la educación, el trabajo. Fueron años de radical confrontación de los liberales, socialistas y comunistas con los sectores más conservadores y la Iglesia Católica. Para el liberalismo, liderado por López Pumarejo, era claro que unos pocos propietarios concentraban las mejores tierras del país y que el nivel de vida de la mayoría de familias campesinas era demasiado bajo. Era necesario, para superar esta injusticia, hacer una reforma agraria. Ese fue el propósito inicial de la “Revolución en Marcha”, a la que los conservadores se opusieron de manera radical y violenta.

La propiedad privada se justificaba en un “derecho natural inviolable”. La Iglesia Católica condenó en varias encíclicas la pretensión de los liberales y socialistas de abolir la propiedad privada. La propuesta de reforma agraria de 1936 fracasó. La Violencia llegó en la década del cuarenta, ayudando a los grandes terratenientes a bloquear la idea de la “función social de la propiedad agraria” y permitiéndoles, mediante el asesinato de pequeños propietarios, campesinos y colonos, aumentar la concentración de la propiedad de la tierra. Esto mismo sucedió con la reforma rural propuesta en la Ley 135 de 1961.

Entre las dificultades de la implementación del actual proceso de paz está el problema agrario. Según el informe que publicó el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, de las 23 disposiciones que corresponden al acceso y uso de la tierra, 12 aún no se han iniciado y solo una se ha implementado plenamente.

Estas cifras contrastan con otros temas del Acuerdo en los que se ven importantes avances, como en el componente de desarme (48,5 %) y en el de las reformas constitucionales requeridas para la implementación de los acuerdos (45,7 %). Esto permite ver que al igual que en las reformas agrarias de 1936 y 1961, las fuerzas conservadoras del statu quo pierden de vista que la raíz del conflicto ha estado en las limitaciones que las mayorías campesinas han tenido para el acceso y uso de la tierra. Estas fuerzas conservadoras (Centro Democrático, Vargas Lleras y cristianos) han entrado en un sistema social y político de delirios, extrapolaciones y proyecciones (castrochavismo, complot de Santos y las Farc para entregar el país al populismo), que las conduce a la construcción de un mecanismo de defensa inconsciente, esencial para la sensación de seguridad, el cual se exterioriza en la forma de un Estado autoritario.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el 30 de enero de 2018

Nota

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