Opinión

Las instituciones de educación superior, como entornos sociales que son, contienen pequeños universos económicos derivados de las necesidades de quienes los habitan. Venta de libros, de artesanías, artículos de papelería, productos alimenticios, e incluso algunas formas de microtráfico encuentran su nicho en el mundo universitario. En el marco de estas actividades informales de subsistencia, el social media contribuye a la proliferación y visibilidad de las asesorías académicas, eufemismo bajo el cual se publicitan servicios por encargo que transitan desde clases particulares, correcciones de normas, hasta la elaboración de textos escritos para presentar como propios en las asignaturas. En esta última tipología se incluyen los ensayos, los talleres e incluso los trabajos de grado.

No es el fin de esta columna interpelar a las asesorías académicas desde sus connotaciones morales. Cada lector tendrá sus razones para atacar o defender esta práctica. En todo caso, una creciente tendencia en investigación revela que las actitudes favorables hacia el fraude académico son la norma entre los estudiantes pese a su estatuto de ilegalidad¹ Ceballos, 2011; Ayala & Quintanilla, 2014). Según estos autores, las actividades evaluativas se diseñan de manera que suelen generar en el estudiante ideas irracionalmente negativas sobre su eficacia para aprender. En especial, en referencia a la sobrecarga de actividades y la sobrevaloración de la memorización (Martínez y Ramírez, 2018) los estudiantes justifican optar por prácticas ilegales para el cumplimiento de algunas exigencias.

En 1978, ya Campbell (como se cita en Martínez y Ramírez, 2018) sostenía que una evaluación limitada a indicadores y mecanismos de medición, a menudo propensos a distorsiones, influye sobre los procesos que se desean monitorear debido al componente de castigo-recompensa implícito en el acto evaluativo. El fraude aparece como opción válida para un estudiante que no ve reflejado en el sistema una valoración real de sus capacidades y su estilo de aprendizaje y que desea evitar la connotación punitiva de una calificación insuficiente.

Muchas instituciones optan por el camino fácil: la implementación de medidas coercitivas en vez del replanteamiento del modelo pedagógico. La lucha contra el plagio en las universidades populariza el uso de software que explora el “porcentaje de originalidad”: la divergencia de contenido exacto entre el escrito a calificar y una amplia base de datos online de documentos, libros y otros trabajos escritos. Claro, esto evitaría la copia literal de contenidos, pero no interviene sobre los factores estructurales y culturales del fraude, por lo que el hábito del plagio se transforma en el pago de una contraprestación económica a cambio de un trabajo original, engrosando la demanda de asesorías académicas.

Las asesorías académicas, como práctica, surgen en una coyuntura histórica. Un acercamiento a las estrategias de mercadeo en medios sociales muestra que ellas conocen bien su mercado objetivo: publicidades que aducen a la falta de tiempo, la falta de apoyo o seguimiento, sentimientos de inadecuación y bajo desempeño, la obligación de escribir una tesis en un sistema que pretende que todo el mundo haga investigación científica (así sea protocolariamente y sin impacto) a pesar de tener otras capacidades de valor.

Todas estas encrucijadas de la experiencia educativa alimentan la economía del fraude, que además involucra anónimamente a profesionales que sortean condiciones de desempleo o precarización laboral, expuestos a la irresoluble disyuntiva entre ser éticamente íntegro y sobrevivir en la economía de mercado, y dispuestos a capitalizar la “tercerización” de los subprocesos de la educación de otros. Algunas de estas piezas publicitarias dan a pensar que no es raro que algunos tengan formación posgradual. Incluso es destacable el nivel de formalización de algunos de estos actores, constituyendo agencias o redes profesionales con planificación, comunicación y procesos estructurados de servicio. Visos de una industria que se articula y fortifica en ciernes del abismo entre las necesidades de aprendizaje de los individuos y las deficiencias del sistema educativo.

A este respecto, el documental “Un crimen llamado educación” que reúne las agudas críticas de J. Klaric² otros expertos sobre los sistemas educativos del mundo, pone de relieve temas ya rumiados hace tiempo en la investigación crítica en educación: instituciones que en la práctica buscan uniformizar capacidades en sujetos que son descomunalmente diversos, el énfasis sobre unos pocos tipos de inteligencia y la invisibilización de otros pese a la evidencia sobre las inteligencias múltiples, y la reproducción de sistemas disciplinarios basados en el adoctrinamiento y la medición de desempeño que terminan, según el autor, despolitizando y generando “ciudadanos de primera” y “ciudadanos de segunda”.

Y pese a que estas críticas no son recientes, los sistemas educativos tradicionales avanzan lentamente en comparación con las transformaciones del sistema económico y el mundo ocupacional, de manera que las instituciones siguen preparando individuos que van tras la promesa de los largos años de profesionalización como garantía de la estabilidad económica. Promesa hoy invalidada por las transformaciones del mundo del trabajo, por el aumento de la precarización laboral y por la diversificación de un sinfín de nuevas ocupaciones producto de los avances tecnológicos, y que desplazan en su demanda a muchas profesiones universitarias.

Es en esta coyuntura histórica en que proliferan las asesorías académicas. Y dicha proliferación revela una crisis ¿Pero cuál? ¿La crisis de un sistema educativo disciplinario, sobrecargado de dinámicas que distan de desarrollar en igualdad de oportunidades las capacidades de todos los individuos? ¿Una crisis moral que legitima prácticas de corrupción y refuerza las salidas ilegales a los problemas del día a día? ¿La crisis de un mercado laboral que, lejos de promover el pleno empleo, arroja a la informalidad a profesionales con capacidades sobresalientes? ¿O la crisis, de nuevo, de un sistema educativo por el cual gran parte de esos profesionales, entrenados para una promesa hoy extinta, no recibieron la preparación para adaptarse al entorno ocupacional contemporáneo: asociarse, detectar las necesidades y articular desde su carrera propuestas de valor que solventen las necesidades de la sociedad de hoy?  ¿O todas?

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¹ Presentar como propio un trabajo realizado por alguien más está tipificado dentro del fraude académico en Colombia. Para su consulta, véase sentencia T 264 – 06 de la Corte Constitucional http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-264-06.htm

² Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7fERX0OXAIY

Investigación en Educación, 6 (13), 17-30. Recuperado de: www.redalyc.org/pdf/2810/281031320002.pdf

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Referencias

Ayala, E.A. & Quintanilla, C.M. (2014) Attitudes and Causes of Cheating among Mexican College Students: An Exploratory Research. magis , Revista Internacional de Investigación en Educación, 6 (13), 17-30. Recuperado de: www.redalyc.org/pdf/2810/281031320002.pdf

Ceballos, Z. (2011) Influencia del fraude académico en la formación profesional: las percepciones de estudiantes. Revista de Investigaciones UNAD, 10. Recuperado de: http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/745

Martínez, A., Borjas, M. y Andrade, J. J. (2015) El fraude académico universitario: el caso de una universidad privada en la ciudad de Barranquilla. Zona Próxima Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte, 23. 1 – 17. Disponible en: http://dx.doi.org/10.14482/zp.22.5832

Martínez, L. y Ramírez, E. (2018) Fraude académico en universitarios en Colombia: ¿Qué tan crónica es la enfermedad? Educação e Pesquisa, 44. Recuperado de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022018000100301&lng=es&tlng=es

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Nota

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