Opinión

La sociedad colombiana es una sociedad profundamente dañada, la cual después de alcanzar un acuerdo político con la organización guerrillera más poderosa y violenta de América Latina, busca romper con las esperanzas de paz, plasmadas en el Acuerdo Final, para lanzarse nuevamente a una guerra que amenaza con destruir la débil estatalidad e institucionalidad alcanzadas.

¿Qué son las masacres de las últimas semanas, las muertes atroces de líderes indígenas, campesinos o excombatientes que apostaron a la paz? Son el regreso de la guerra, en la que se asesina a civiles, se desplaza a campesinos, se expropian sus bienes y tierras, se violan mujeres, se reclutan niños, mientras el gobierno no va más allá de explicaciones semánticas sobre los términos “asesinatos colectivos” o “masacres”.

Estas situaciones horriblemente traumáticas fueron causadas por las FARC, el ELN, los paramilitares, agentes del Estado, los narcotraficantes y hoy las provocan algunos de los viejos perpetradores y nuevos actores de la violencia. Con el fin de encontrar fórmulas para ponerle fin a esta situación de excesiva violencia, diferentes gobiernos en el pasado buscaron combinar fuerza y política para detener la guerra o terminarla.

En este contexto emergió la justicia transicional (JT) en Colombia en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Primero se usó con el modelo de “Justicia y Paz” que como elemento central planteó la reducción de las penas para los paramilitares responsables de graves crímenes. Más adelante fue usada para realizar las negociaciones entre el gobierno Santos y las FARC. Se propuso también un sistema no retributivista de la pena que otorga beneficios como tratamientos penales especiales y amnistías, a cambio de contribuir efectivamente a la verdad, los derechos de las víctimas, la reparación y las garantías de no repetición.

Este modelo de JT y, no el de “Justicia y Paz”, ha sido objeto de feroces ataques por parte de los opositores del Acuerdo F. Argumentan que el AF es un pacto de impunidad y que la JEP no es más que un tribunal de las FARC. Evidentemente estas afirmaciones no tienen fundamento, son imprecisas y resultan de una politización de la justicia transicional.

En Colombia ha habido impunidad desde hace décadas. Miles de crímenes y violaciones de los derechos humanos han quedado sin castigo. Colombia se ubicó como el octavo país con mayor impunidad dentro de 69 naciones evaluadas en el informe que entregó en 2017 el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Estas altas tasas de impunidad no tienen nada que ver con el AF ni con la JEP.

La sociedad colombiana tiene la obligación de evaluar —sin esa orientación politizada contra el AF— qué está haciendo la JEP para generar justicia frente a las víctimas y judicializar a quienes cometieron graves crímenes. La JEP está avanzado en  siete macrocasos, los comparecientes han rendido 622 versiones, ha dictado 24.399 decisiones judiciales (JEP, 2020). Este trabajo, extenso y sistemático, es invisibilizado por sectores políticos y el periodismo de la posverdad cuando vociferan que “La JEP es un directorio político y judicial de la subversión”.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 8 de septiembre de 2020

Nota

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