Opinión

La guerra es la más terrible y destructiva forma de violencia. Una guerra de agresión produce una gran injusticia sobre muchas personas; es un crimen grave. Sin embargo, en el derecho internacional se considera que no todas las guerras son criminales. Cuando un Estado es atacado injustamente, tiene entonces el derecho de defenderse.

Voy a centrarme en el asunto de la intervención humanitaria, que es uno de los casos de guerra definidos en la ley internacional y que es el problema en que está involucrada Colombia como consecuencia de subordinar una vez más su política exterior a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos.

Nuestro gobierno quiere hacernos creer que piensa que una acción humanitaria es diferente de una intervención humanitaria, y que el concierto y la ayuda son simplemente expresiones de deberes positivos que los Estados tienen para ayudar a remediar el sufrimiento de los venezolanos. No ha sido señalada, sin embargo, ni por nuestro Canciller, ni por los despistados cantantes, la conexión del carácter apolítico de la acción humanitaria y el componente político de la intervención humanitaria.

Esta conexión fundamental la indicó el anterior presidente de Médicos sin Fronteras, Rony Brauman, cuando dijo: “Un Estado por muy democrático que sea, no puede situarse en un plano puramente humanitario, y menos aún cuando se trata de una intervención en el territorio de otro Estado”.

De esto se trata el delicado asunto. No es simplemente una cuestión moral, de ayudar a los más necesitados, o de restablecer la democracia. Es un asunto eminentemente político, anclado en los intereses de la nación más poderosa y del presidente más poderoso, Trump. En este sentido dijo David Rieff, “intervenir por razones humanitarias significa ir a la guerra”.

En Colombia se está optando por la guerra sin someter esta decisión de intervenir en los asuntos soberanos de otro Estado a los procesos estipulados en la Carta de las Naciones Unidas. Recordemos que los Estados Unidos han desconocido el orden internacional liberal en varias intervenciones humanitarias: en Kosovo la intervención armada se realizó sin la autorización del Consejo de Seguridad y en Irak se dejaron de lado las resoluciones de la ONU, y las reservas de algunos países miembros de la Otan.

El orden internacional liberal se vino abajo con estas intervenciones armadas. Así, se dio un paso peligroso hacia la implantación de una soberanía de facto del más fuerte, es decir, del Estado que pretende llegar a ser el legibus solutos, poder absoluto (Garzón-Valdés).

En esta nueva situación, el Estado más poderoso, EE.UU., decide discrecionalmente, sin obtener una autorización del Consejo de Seguridad, cuándo y dónde llevar a cabo una acción militar unilateral en defensa de los derechos humanos.

¿Se cumplen las condiciones del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para una intervención humanitaria en Venezuela? ¿Por qué el grupo de Lima permite que sea Trump y no el Consejo de Seguridad quien determine el cumplimiento de las mismas, que sería lo justo y democrático, aunque Maduro sea un dictador?.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 26 de febrero de 2019