Opinión

Los archivos de derechos humanos son hijos de la valentía y la persistencia. Exigen mantener vivo el dolor de las desapariciones y asesinatos, del despojo de las tierras, del desplazamiento, de la violencia sexual, de los secuestros; implican guardar información que compromete a personas poderosas dentro y fuera del Estado, y que puede resultar muy peligrosa; requieren confiar en la capacidad de esos documentos para cambiar algo. Para sus creadores, estos acervos se convierten, con el paso del tiempo, en soporte de su identidad, de sus afectos, de su lucha cotidiana, de su vida misma.

En Colombia se estima en más de 16.000 los archivos de organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y familiares, muchos de ellos nacidos del esfuerzo por reclamar del Estado la asunción de responsabilidades, el juicio a los culpables y la reparación del daño. Algunos de estos archivos (o una copia fidedigna) fueron entregados al Centro Nacional de Memoria Histórica, como resultado de un trabajo de construcción de confianza entre sociedad civil y Estado, que implicó más de 10 años de colaboración, protocolos de protección de información, estrategias pedagógicas, miles de encuentros comunitarios y la socialización de los resultados de más de 170 informes de memoria histórica, entre otros.

No ocurrió de la noche a la mañana, sino como producto de un proceso amplio de reconocimiento de las víctimas por parte del Estado y la sociedad colombianos, que se vio materializado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como en la contribución de la sociedad civil al Acuerdo de Paz y sus mecanismos de implementación.

En este contexto, la entrega de los archivos debe verse como un gesto de confianza y reciprocidad. El objetivo no era solamente salvarlos de las polillas y la humedad o conservarlos exclusivamente como fuente documental para la investigación académica, por importante que esto sea. Al depositarlos en una institución pública como el Archivo Virtual de los Derecho Humanos, personas y organizaciones confiaron al Estado la tarea de reconocer la legitimidad de sus voces históricamente silenciadas, su papel como agentes políticos y constructores de memoria. Y al recibir sus archivos, el Estado asumió esa responsabilidad.

El nombramiento de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica traiciona la confianza sobre la cual se fundó la entrega de estos archivos.  No sólo porque Acevedo ha negado la existencia del conflicto armado en Colombia, o porque se ha referido al archivo simplemente como un depósito de “insumos de procesos de investigación”.

El hecho mismo de posesionarlo en el cargo, a pesar del abierto rechazo de las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, incumple la promesa de reconocimiento, pues le niega importancia a sus preocupaciones y sus necesidades en la implementación de las políticas de memoria.

Como respuesta,  116 personas y organizaciones han manifestado su intención de no colaborar con el CNMH y de“retirar la totalidad del material entregado” a este.

No se puede pedir que mantengan la confianza en esta institución y en este gobierno, cuando sus demandas y sus recomendaciones respecto al perfil que se requiere para su dirección han sido ignoradas una y otra vez.

Sobre todo hay que tener en cuenta que no se trata de un hecho aislado: se conecta con la debilidad en la implementación del Acuerdo de Paz; las trabas en el trámite de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz; la disminución en el presupuesto para el funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición; las demoras en la conformación del equipo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la falta de acciones efectivas para evitar el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La confianza requiere el reconocimiento de la buena voluntad, y de esta el gobierno actual ha dado pocas muestras tangibles.

Las consecuencias de esta situación son múltiples. No sólo es posible que muchos acervos sean retirados del Archivo Virtual de los Derechos Humanos, sino que muchas personas y organizaciones, que habían planeado entregar los suyos, desistan de hacerlo. Con ello se entorpece el cumplimiento del deber misional del CNMH, es decir su contribución a la reparación integral, el derecho a la verdad y el deber de memoria; se crean dudas sobre la seguridad de la información que está contenida en estos archivos; y se afecta en general la confianza cívica y el trabajo con las organizaciones sociales, pues favorece una lógica de la sospecha frente a la intención y capacidad del gobierno para cumplir los compromisos pactados.

Con todo, no hay que ser derrotistas. En Colombia, como ha sucedido en Argentina y Chile, la existencia misma de estos archivos es el resultado de la capacidad de agencia de la sociedad civil, incluso en condiciones más difíciles que las de hoy. Se requiere, sin embargo, de compromiso y creatividad para rodear a estas organizaciones y proteger una documentación que es patrimonio de todos los colombianos.

Una estrategia posible es la refrendación, por parte de medios de comunicación, universidades, organizaciones no gubernamentales y comunidades,  del Pacto por la Memoria firmado el  30 de noviembre de 2017 y que todavía está abierto para nuevas adhesiones. 

Uno de sus componentes centrales es la construcción de acuerdos para el acopio, protección y uso de los archivos que se refieren al conflicto armado, en el marco de la Política Pública de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado. Otra es la cooperación con organismos internacionales para que resguarden una copia de estos archivos por fuera del país, como han pedido desde hace ya varios años las organizaciones sociales, una alternativa que  ha  sido implementada en otros países, por ejemplo el respaldo del Archivo histórico de la Policía de Guatemala en laUniversidad de Texas.

Sobre todo, les queda a archivistas, abogados, historiadores y a la sociedad civil en general, la tarea de dar el paso al frente y comprometerse públicamente con la salvaguarda de estos archivos y la protección de quienes los han producido. Sólo si reconocemos la legitimidad de las luchas de estas organizaciones y el valor de su voz en la vida pública se darán las condiciones para la confianza cívica.

Este texto fue publicado en el periódico El Espectador el viernes 8 de marzo de 2019

Nota

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