Opinión

La propuesta hecha por el Centro Democrático (CD) de agregar un artículo transitorio -5A- a la Constitución Política, para evitar el acceso a información reservada por parte de la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, es un ataque frontal al Acuerdo de Paz (AP).

Con esto busca impedir que estas tres instituciones puedan alcanzar la verdad sobre el conflicto armado, que es fundamental en la estructura institucional que se ha configurado a partir del AP. Sin poder alcanzar la verdad no tiene ningún sentido la existencia de las instituciones que le dan vida a la justicia transicional.

El CD anunció desde hace mucho que desarticularía o haría trizas el AP y es claro que esta propuesta, junto con el proyecto que presentó con Cambio Radical para crear una sala especial para militares, avanza en esta dirección. ¿Por qué el CD arremete con estos proyectos legislativos contra la política de la memoria, planteada en el AP, y aboga por una política del olvido?

El olvido ha regido la lógica de la política y del derecho durante siglos. Se impuso en el siglo XX mediante amnistías absolutas en España, Argentina y Chile, en función de la prescripción de los graves crímenes cometidos durante las dictaduras. En este sentido, lo que quieren decir nuestros apologistas del olvido es que hay épocas en que es mejor no recordar algunas cosas, pues no estamos preparados como sociedad para afrontar las consecuencias de la memoria. Afirman que la memoria, en la medida en que probablemente develará el involucramiento de miembros de las Fuerzas Armadas, líderes políticos, agentes del Estado, en casos como el exterminio de la Unión Patriótica, los falsos positivos, conducirá de nuevo a la guerra y no a la reconciliación. Por esta razón, concluyen que es necesario tapar con un manto de silencio los asesinatos y atrocidades cometidos por los actores involucrados en el conflicto armado y salvaguardarlos así de la acción judicial. En suma, es claro que los políticos de la coalición gubernamental, líderados por el CD, se ponen del lado del olvido para proteger a los perpetradores y dejan a las víctimas nuevamente desamparadas.

El olvido sirvió para proteger a Franco, Videla, Pinochet, pero la memoria, que tiene la mirada puesta en la víctima, triunfó años después, y abrió los expedientes que la política y el derecho habían cerrado. En la medida en que hubo injusticias en el pasado y no habían sido saldadas, la memoria proclama la vigencia de esa injusticia. “Justicia y memoria”, escribe Reyes-Mate, “son indisociables porque sin memoria de la injusticia no hay justicia posible”. Por estas razones no se puede abogar por el deber de olvidar, —“el recuerdo de la violencia puede conllevar una retraumatización de las víctimas”— (Garzón I), sino por el deber de recordar. Hace mucho mal el CD al pretender dañar de esta forma el AP, negándole el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad sobre el conflicto armado.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 23 de octubre de 2018

El olvido y la memoria

Desde el inicio de las negociaciones del gobierno anterior con las Farc se ha dado un tenaz antagonismo contra este proceso. Los opositores afirmaron con vehemencia que si los guerrilleros no son juzgados en términos del derecho penal vigente habrá impunidad. Sobre la Comisión de la Verdad-CV han aseverado que su objetivo no es reconstruir la verdad de lo ocurrido con ocasión del conflicto armado, sino hacer una cacería de brujas.

En los últimos meses y tras la posesión del presidente Iván Duque, han aumentado los ataques contra estas instituciones que surgieron del Acuerdo Final. En términos legislativos, lo más problemático ha sido el proyecto de creación de una sala especial para militares y el proyecto para agregar un artículo transitorio a la Constitución Política, para evitar el acceso a información reservada por parte de la CV y la JEP.

Esta última propuesta fue retirada, y la otra está siendo negociada, pero con independencia de lo que suceda con estos proyectos de ley, debemos discutir por qué el CD, liderado por Álvaro Uribe, arremete con estas propuestas contra la política de la memoria, planteada en el Acuerdo Final.

Los dos proyectos de ley encarnan una visión del proceso de transición que puede interpretarse en términos del paradigma del olvido, representado, entre otros autores, por David Rieff. Su postura deriva del realismo. Considera un grave error político anteponer la justicia a la paz. Según Rieff, los acuerdos de paz de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia son un ejemplo de ello. “Desde el punto de vista de los derechos humanos, Dayton fue una paz injusta, pues de hecho permitió al principal arquitecto de la muerte de Yugoslavia, Slabodan Milosevic, quedar impune” (Rieff). Pero la exigencia de la paz era simplemente más apremiante que la exigencia de justicia. La paz, dice, no importa cuán injusta sea, es preferible a la continuación de la masacre. Otro ejemplo que destaca es el de Pinochet, que permitió el inicio de la vida democrática sacrificando la justicia.

Según Rieff, si la memoria es llevada al extremo, conduce a las sociedades a la polarización, al enfrentamiento y la violencia. La memoria colectiva, que es producida por instituciones como la CV o el Centro de Memoria Histórica, se basa, dicen los apologistas del olvido, en el despertar del dolor de las heridas históricas, que conduce al aumento del odio, la violencia y la guerra. Por esto es preferible no cumplir con el deber de recordar, sino con el deber de olvidar.

La política del olvido, representada en los proyectos mencionados, propone la negación de los acontecimientos traumáticos y violentos del pasado. Sustraer a los militares de la JEP y evitar el acceso a información reservada a la CV y la JEP, significan decir no a la memoria. En la negociación que se está dando en el Congreso habría que encontrar un compromiso entre la memoria y el olvido, sin venganza ni mutua destrucción, pero estableciendo las responsabilidades en la guerra.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 6 de noviembre de 2018

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Nota

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