Opinión

Una de las lecturas de la protesta democrática ocurrida el 21N es que fue una convocatoria legal, amplia, grande, variopinta, incluyente, influyente y referente histórico en Colombia; con un matiz pacífica, festiva y con demostraciones culturales.

Ha salido a las calles a pedir equidad económica y social, justicia, trabajo y remuneración dignas, educación y salud de calidad y sin mediación económica ni política, satisfacción de necesidades básicas, mayor seguridad contra la delincuencia y actores armados organizados, respeto a los derechos humanos, inclusión de los diversos, mayor protección a indígenas, afrodescendientes y líderes sociales, custodia de los recursos naturales y cuido del medio ambiente.

La queja fue también contra la corrupción que se estima en un costo anual de más de 50 billones de pesos; aproximadamente 17 mil millones de dólares anuales, que representa el 5 % del PIB y el 21 % del presupuesto nacional que son saqueados a la inversión social.

También la denuncia fue contra la generalización de la impunidad en Colombia y que ocupa el quinto lugar en América Latina y sólo detrás de Venezuela, México, Perú y Brasil, y el octavo en el ámbito internacional de los 59 países que se midieron en el 2017, lo que lleva a pensar al infractor y al criminal que la justicia no lo toca, lo que los concita y los perpetúa en el ciclo de los intocables y la delincuencia se derrama en todas las esferas sociales.

También el disgusto es por la masacre de indígenas, 198 desde 2016, y de los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia, 39 están se encuentran en riesgo de extinción. Igualmente, el lamento es porque tras la firma del acuerdo de paz en 2016, las zonas despejadas están en disputa con fines económicos (narcotráfico y minería) por parte de diferentes grupos armados ilegales y que ha generado violencia, desplazamiento, desarraigo, restricción de la amovilidad de la población civil al generarles miedo zozobra y asesinatos selectivos, de quienes defienden y luchan por su territorio, sus tradiciones y cultura, lo que desconoce la pluralidad étnica, de pensamientos y multiculturalidad de nuestro país.

Las manifestaciones del 21N en el Valle de Aburrá en general, fueron un clamor de sus habitantes, con cantos, arengas, danzas, voces y gritos proferidos con vehemencia por la multitud, para quejarse por la situación por la que ha atravesado y atraviesa nuestra patria; por el descontento surgido contra las políticas sociales y económicas, la polarización acentuada a la que ha llegado Colombia en el siglo XXI, aunado al descontento por el manejo del conflicto armado y el fracaso del gobierno para mantener la paz tras los acuerdos de La Habana con los excombatientes.

Las marchas en su recorrido aclamaron que ¡basta ya! a los dirigentes políticos, multinacionales, empresarios y al Estado, que viene una horda enardecida ofendida y vulnerada, que existe un volcán social contenido al límite que no aguanta más, que está en falsa calma social y a la espera de una gota más de infamia para que supere su cota de mesura y desmadrarse.

La expresión del cacerolazo de habitantes de más de cinco ciudades capitales de Colombia luego de la jornada de movilizaciones, y sin precedentes recientes en Colombia, fue la más franca demostración de apoyo pacifista al paro del 21N.

Algo bueno vendrá, es el despertar de la juventud que prende la esperanza, que tiene la palabra que les ha sido arrebatada históricamente, tiene el ánimo contagioso de las redes sociales que delatan las crisis de gobernabilidad sudamericana que se desarrolla con las protestas realizadas en Chile, Bolivia y Ecuador.

El ejecutivo ha minimizado el impacto de la desmovilización, y ha dejado una sensación de desgobierno; y más bien es, aceptar humildemente tal expresión del malestar de la gente a un llamado a andar piano piano en sus medidas amañadas ecocidas y en favor de los pudientes y sin necesidad de recurrir tardíamente en el futuro a reversazos y timonazos en sus decisiones antipopulares.

Hubo civismo y pacifismo, pero la mácula se presentó en inmediaciones de la Universidad Nacional y Universidad de Antioquia por la presencia de uno pocos desadaptados, vándalos y unos agentes del Estado infiltrados con intereses oscuros. Hechos aprovechados por los medios de comunicación amarillistas que pretenden generar más división y caos, y en subestimar y opacar el mensaje de las mayorías de más justicia, paz, seguridad y equidad.

Los mass media utilizan el sensacionalismo centrado en la agresividad, el espectáculo y la tensión, que tiende a exaltar algunas reacciones primarias, la violencia, el morbo o el rumoreo, y cuyos fines últimos de esta manipulación o estrategia es crear y mostrar la intención de una marcha pacífica con una atmósfera de extrema inseguridad y que la gente consuma más este tipo de contenidos con el afán de vender más y ganar rating; adoctrinan, influencian y entretienen pero a costa de desvirtuar el compromiso de informar objetivamente a la comunidad.

Parece que hubiere una intención marcada de ciertos sectores del gobierno y de la población de envilecer las reclamaciones, justas, populares y desprestigiar a las universidades públicas. El uso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en la Universidad sin mediar palabras, es una violación de las garantías democráticas, que reprime las manifestaciones pacíficas y estigmatiza el malestar del ciudadano.

Son acciones que desconocen que los claustros universitarios son centro de investigación, pilar de las grandes transformaciones sociales, económicas y ambientales, lugares del disenso, de la diversidad, la creatividad, de la innovación, de construcción de paz y cunas de la democracia. Difícil es reconocer los antidemócratas que una sociedad educada exige derechos, aprieta y reclama cambios, y como lo ratificó Francis Bacon cuando dijo: “El conocimiento es poder”.

La ignorancia no permite ver la realidad de uno mismo y del interno y hace que la gente sea fácilmente instrumentalizada; y es mediante la educación que sale de la ingenuidad. Luego en el ejercicio demócrata corresponde tener unas personas educadas, que es la garantía mínima en el desarrollo de las democracias.

La universidad es el alma de la democracia y el alma no se toca, no se transa. No es justo que por unos pocos y malintencionados se siga estigmatizando las universidades y a toda una comunidad que lucha para construir una Colombia mejor y en paz.

Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.