Opinión

Las descripciones de lo que ocurre en Bello que emiten las autoridades en sus declaraciones, difunde la prensa en sus noticias y repiten los ciudadanos, son discursos de fábrica diseñados para eludir responsabilidades directas acudiendo a una falacia clásica que consiste en definir por sus consecuencias aquello por lo cual se pregunta. Son artificios que permiten hacerle finta a las causas y aplazar soluciones.

Es notorio, en efecto, el hecho de que todas esas descripciones repitan en coro que la intensificación de la violencia es un problema de orden público anormal debido a un remezón entre las tradicionales, poderosas y bien empoderadas bandas de delincuentes. Como si fuera una novedad, como si no lo supiéramos.

Y además, al magnificar la  novedad para que parezca más grave se induce a la creencia de que si las bandas se autocontrolan o son controladas por las autoridades, termina el remezón y en consecuencia la sociedad bellanita recupera la normalidad perdida transitoriamente y, entones, solo entonces, “vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas”.

Pero si esforzáramos la capacidad de razonamiento y preguntáramos por esa normalidad a la que se regresaría una vez superada “su” propia crísis, podríamos encontrar que al evaluar la intensificación de la violencia como un desmadre de lo habitual nos están induciendo a recuperar y a desear un estado de violencia normal que hemos naturalizado y normalizado no solo porque parece insuperable sino porque se comporta en “justas proporciones”, porque no se desmadra y porque se produce en cuerpo ajeno.

Para nada se tiene en cuenta que volver a esa normalidad de las justas proporciones le resuelve el problema a los que lo causaron porque el Estado con la aprobación ciudadana les ayuda a “podar el árbol” y a “drenar el pantano”. Y no creo estrujar la suspicacia si afirmo que esta complicidad estratégica no es ingenua ni espontánea porque conocemos que los responsables de nuestras instituciones aun sabiendo qué es lo correcto terminan diciendo y haciendo lo contrario.

Pero además, el problema de una violencia normalizada no es el único de Bello. Como ocurre en muchas partes de Colombia, es costumbre aceptada y defendida que el Estado sea menos importante que el grupo político que gobierna.

Cuando un estado municipal con la Alcaldía a la cabeza está supeditado al directorio o al “equipo” -que es aquello en lo que terminaron caricaturizados los partidos políticos-, los funcionarios le deben lealtad y eficiencia al equipo político antes que al Estado. Y eso explica que si alguien tramita un interés público o privado en una institución estatal, considere normal acudir primero al intermediario político, al funcionario del partido que es a la vez funcionario del Estado.

Y eso explica además, que se administre bordeando el reglamento, entre la legalidad, la informalidad y la ilegalidad en una intrincada red de relaciones entre gobiernos, subgogiernos, criptogobiernos y paragobiernos y que se despache en el directorio, en el club, en la taberna, en el cafetín o en el antro, de la misma manera que se despacha en la oficina pública.

La prioridad del bien común se pervierte así porque se calcula con base en el equilibrio de poderes y de intereses del grupo o del “equipo político” en relación con poderosos intereses particulares y no con base en la equidad social.

Sólo así podría explicarse, por ejemplo, que al igual que en Sabaneta, se produzca un crecimiento desaforado en la construcción horizontal y que se promueva como sinónimo de progreso y emprendimiento para esconder el “apeñuscamiento” del espacio público, la promiscuidad entre personas, cemento y hollín y el desorden urbanístico, ambiental y social. 

En las próximas elecciones se pone a prueba la intención de los candidatos de recuperar la primacía del estado sobre el gobierno y sobre los partidos políticos, la superioridad ética, legal y política de lo público sobre lo privado, del interés general sobre el particular, la recuperación del monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza, la primacía del derecho sobre la política, la  simbiosis entre democracia social y democracia política. Sin esos conceptos como línea de base de la norma fundamental volvemos a la normalidad de antes.

Pero estas elecciones también retan a la ciudadanía a que exprese, como ya lo han hecho otras veces, pero ahora con mayor firmeza, su capacidad de gobernar a los gobernantes, de mandar sobre los que mandan y no solo de elegirlos, es decir, a  cambiar esa falsa normalidad que se ha hecho costumbre.

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Nota

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