Opinión

Con ocasión de la reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe en un proceso por soborno a testigos y fraude procesal, se ha reactivado un fuerte debate sobre el significado político de un proceso penal que se inició hace seis años y que, según algunos de los abogados de las víctimas, podría culminar con la prescripción de la acción penal en uno o dos años. Veamos la tensión sociopolítica que subyace a este debate. 

Uribe y sus asesores han promovido desde hace años, especialmente durante su gobierno, una perspectiva cercana al realismo político, según la cual las relaciones de poder se imponen sobre los límites éticos y jurídicos. En tal sentido, el uribismo ha usado el derecho como arma de combate, como escudo, como instrumento de negociación, o como mecanismo de evasión de responsabilidades, según los propósitos políticos del caso.

Otra orientación, muy diferente a la anterior, ha sido defendida por sectores liberales y garantistas más cercanos a la defensa de los derechos humanos. De acuerdo con esta visión, el ejercicio del poder, ya sea de derecha o de izquierda, debe reconocer límites éticos y jurídicos, como la existencia de un sistema de pesos y contrapesos, la autonomía e independencia de los jueces y, especialmente, el respeto por los derechos humanos. 

Esta tensión, que se expresa en la dificultad de Uribe para reconocer límites institucionales a su proyecto político, se presentó con especial intensidad durante su gobierno. Este acudió a diferentes formas de instrumentalización del derecho, ya fuera como un mecanismo de negociación, como ocurrió con el proyecto de Alternatividad Penal —antecedente de la Ley de Justicia y Paz—, o ya fuera a través del uso ilegal de las instituciones para defender intereses políticos y atacar a quienes cuestionaban las políticas de la «seguridad democrática». Uno de los casos más conocidos está relacionado con las interceptaciones ilegales por parte del DAS a integrantes de la Corte Suprema de Justicia por las investigaciones que esta institución adelantaba sobre la parapolítica. 

Dicha tensión continuó cuando Uribe dejó de ser presidente y asumió su rol como senador. En este periodo, el uribismo ejerció una fuerte oposición al proceso de paz con las Farc y a la institucionalización de los mecanismos de Justicia Transicional. Hay dos ejemplos que resultan bastante ilustrativos. El primero está relacionado con los múltiples ataques en contra de la JEP y de la Comisión de la Verdad, así como con la construcción de un relato de negación por parte del uribismo como respuesta a las búsquedas de esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia. 

El segundo caso fue la reacción de Uribe al debate que Iván Cepeda promovió en el Congreso de la República en 2012, en el cual este senador cuestionaba las posibles relaciones de Uribe con grupos paramilitares. Recordemos que ante la denuncia que Uribe interpuso en contra de Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, la Corte Suprema de Justicia, no solo se inhibió para abrir investigación en contra del senador Cepeda, sino que, en 2018, compulsó copias para que se iniciara una investigación penal en contra del senador Uribe.  

Con respeto al actual proceso por un posible soborno y fraude procesal, Uribe y sus asesores saben que no se trata solamente de un asunto técnico. Es un proceso de alta significación social y, por tal razón, han buscado politizarlo a través de varias estrategias, entre las cuales se pueden identificar: la elaboración de un relato que muestra a Uribe como víctima de una persecución judicial; la renuncia al Senado para cambiar de juez; la cooptación de la Fiscalía General de la Nación, que fue bastante funcional a sus propósitos durante la cuestionable administración Barbosa; la deslegitimación de los fiscales y jueces que toman decisiones contrarias a sus intereses; y la atribución de responsabilidades a un antiguo colaborador que, según el nuevo relato, actuó a sus espaldas.  

Hasta ahora tales estrategias han sido relativamente exitosas para Uribe y sus asesores en el sentido de haber creado las condiciones para una probable prescripción. Sin embargo, este aparente triunfo jurídico y político también refleja la precaria solvencia ética de quien ha sido considerado la persona más poderosa del país. 
  
No se trata de que se condene o se absuelva al expresidente Uribe por razones políticas. Al expresidente Uribe, como a cualquier otro ciudadano, se le deben garantizar derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso. Sin embargo, lo menos que se espera en una sociedad que pretende ser democrática es que la administración de justicia funcione de manera honesta, transparente y autónoma cuando los procesados sean sujetos poderosos, en lugar de normalizar la existencia de privilegios e impunidades para aquellos que se creen superiores a las instituciones y al resto de la sociedad.

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