Opinión

Profesores, estudiantes, trabajadores, algunos rectores y consejos académicos de las universidades públicas han levantado su voz de protesta por la defensa de la educación pública. La situación financiera de las 32 universidades públicas ha llegado a un punto dramático, puesto que enfrentan un déficit en funcionamiento de 3.2 billones de pesos y 15 billones de inversión.

En Colombia se ha dado en los últimos meses una serie de manifestaciones multitudinarias en Medellín, Cali, Bogotá, Manizales, Armenia, las cuales confluirán en la gran movilización, toma de Bogotá y Foro Nacional por la Dignidad de la Educación Pública Superior en el Congreso de la República, el 10 de octubre. Se busca no solamente hacer visible esta situación crítica de las universidades ante el país, sino presionar mediante la movilización y la protesta pacífica, para que el Congreso, al aprobar el presupuesto de 2019, aumente las partidas destinadas a educación, ciencia y tecnología; y resuelva el desfinanciamiento estructural de las universidades públicas.

La decisión más problemática que han tomado los últimos gobiernos sobre política universitaria, ha sido quitarles a las universidades públicas la base material de su existencia al desfinanciarlas. El aumento de la cobertura es otro asunto importante que afecta el equilibrio financiero de las universidades públicas, pues pasaron de tener 158.218 estudiantes en pregrado en 1993 a 576.393 en 2013. Pero este aumento no se correspondió con el crecimiento de la planta profesoral. Así, la falta de profesores, contratados mediante concurso público de méritos, se ha resuelto mediante la contratación, en condiciones menos favorables, de docentes ocasionales y de cátedra.

Así, se cruzan desfinanciación, cobertura y precarización del trabajo académico. La precarización del profesorado es una consecuencia de este proceso y significa: degradación profesional, descalificación de los perfiles académicos, de los títulos y producción académica. Todo esto tiene consecuencias salariales negativas. La relación laboral normal de la que han gozado los académicos en virtud de un grado mayor de formación, una actividad cualificada y cierto prestigio, tiende a deteriorarse.

Es importante destacar la solicitud que hacen los rectores del Sistema Universitario Estatal a los parlamentarios del Congreso de la República, en su comunicado del 28 de septiembre de 2018, en el cual piden la no aprobación del proyecto de Ley n.° 052 de 2018 de la Cámara y 059 de 2018 del Senado, por los cuales se fija el presupuesto de la nación para el 2019, porque en estos no están contempladas las demandas económicas requeridas para superar la crisis de financiación del sistema universitario estatal.

El gobierno de Duque –en su práctica, el ministro dice y el presidente corrige–, es ambiguo frente a la educación. La ministra ha señalado una ruta anunciando recursos y el Congreso avanza en el proyecto del presupuesto negándolos.

Por estas razones, –profesores, estudiantes, rectores–, pedimos al Congreso de la República, al Ejecutivo, y a la ciudadanía, no solamente comprensión del problema, sino un decidido apoyo a las movilizaciones en defensa de la educación pública.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 2 de octubre de 2018

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Nota

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