Opinión

Al modo norteamericano, algunos “opinadores” e “influenciadores” colombianos, pretenden reducir la discusión sobre política y religión al cobro de impuestos si las iglesias intervienen en política. Sabemos que lo hacen, pues los resultados electorales últimos en Colombia han pasado por las manos del integrismo cristiano y el silencio cómplice de otros sectores menos recalcitrantes

El problema es no solo electoral, es un problema político y teológico, es un problema filosófico. Querer vindicativamente secar las fuentes de enormes ingresos a pastores e iglesias es una salida menor para un problema mayor. 

La tarea pendiente es poner en discusión pública la participación de la(s) iglesia(s) cristiana(s) en política. La tarea es volver siempre al problema de la relación Estado e Iglesia, entre derechos civiles y religión. En primer lugar, no podemos que miles y millones de personas viven en sociedades secularizadas jurídicamente pero como creyentes.

Su moral, la de los creyentes, está fundada en principios religiosos, muchas veces contrapuestos a derechos consagrados constitucionalmente, y eso crea conflictos como los que tenemos ahora en torno al problema de la supuesta “ideología de género”. 

Quienes estamos familiarizados con el problema que nos ocupa, recordamos que, en los tiempos de la colonia y la primera modernidad, los jesuitas fueron acusados de defender el regicidio. Tesis que puso en tensión las relaciones entre Estado y religión, terminando con las múltiples expulsiones de los jesuitas. Incluso, ya en el pasado siglo, un teólogo protestante alemán, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), llamó a los cristianos desde su púlpito a matar a Hitler como un acto completamente coherente con el mensaje evangélico. Como puede notarse con estos ejemplos el problema que tenemos entre manos no es menor. 

Karl Barth (1886-1968) teólogo protestante, y quizá uno de los mayores teólogos de la tradición cristiana, pensó a fondo el problema que nos ocupa.

En 1946, Barth publicó: “Comunidad cristiana y comunidad civil”, allí plantea la distinción entre estos dos órdenes: “Entendemos por «comunidad cristiana» lo que se designa de otro modo como «Iglesia», y por «comunidad civil» lo que de otro modo se designa como «Estado». Esta distinción permite, igualmente, separar la Iglesia y el Reino de Dios, pues plantea que “La Iglesia tiene que seguir siendo Iglesia. Tiene que conformarse con su existencia como círculo interior del reino de Cristo”, pero que su estado actual como institución no debe olvidar que el Reino de Dios es también una realización escatológica que remite a un final pleno en Dios.

La iglesia como comunidad cristiana, es perfectible. Sin embargo, el aspecto central del argumento de Barth es que de ningún modo hay que considerar a la comunidad cristiana como apolítica. Para este teólogo protestante, la Iglesia, en modo alguno puede estar indiferente o neutral frente al surgimiento de leyes que puedan estar en relación con su propia misión. Para Barth, la Iglesia es responsable de la comunidad civil, pero ello no implica que deba mantener ninguna concepción específica de lo que signifique esa comunidad civil, pues no está en condiciones de plantear una teoría cristiana del Estado justo y, mucho menos, establecer que, en caso de existir una teoría tal, deba asumirse como norma para toda la comunidad civil. 

Barth, en el mismo texto, plantea que la Iglesia y el Estado no son el Reino de Dios. La Iglesia es la que hace “recordar al Reino de Dios”, pero esto no implica que el Estado se transforme en el reino de Dios. El cristiano asume que “el reino de Dios es la soberanía universal de Jesucristo, salida de lo oculto, manifestada para honra de Dios Padre”, pero el cristiano sabe que “la comunidad cristiana tampoco es el reino de Dios, pero lo conoce, espera en él, cree en él […]”. Es pues, una experiencia de fe. Y desde esta experiencia, la Iglesia debe comprometerse en la lucha por la justicia social.

En tal sentido, Barth insiste en que la comunidad cristiana lo es también en el ámbito político y, por ello, tiene que implicarse en la búsqueda de la justicia social. El teólogo protestante plantea que la comunidad cristiana o la Iglesia debe tener como criterio político una forma de Estado que ofrezca la máxima medida de justicia social. Y justamente esto es lo más ausente en el debate y en las posturas electorales asumidas por quienes pretenden hablar por sus comunidades. 

Como podemos ver el problema no es simplemente electoral. El problema puede ser formulado en términos de una reflexión filosófica y teológica sobre la política. El marketing electoral puede ser fácilmente desnudado cuando podemos plantear sin temores que la Iglesia como comunidad cristiana está implicada en la búsqueda de la justicia social. 

Nota

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