Periódico Alma Máter

En medio de un entorno internacional relativamente favorable, aunque con sombras que presagian una ralentización del crecimiento mundial, la desaceleración de la economía colombiana habría tocado fondo. De hecho, la tasa de crecimiento del PIB colombiano, que en el tercer trimestre de 2016 se había situado en 0.8 % anual, se ha recuperado desde entonces y posiblemente se sitúe alrededor de 2.7 % en 2018 (ver gráfico 1).

En otras palabras, los primeros meses del gobierno actual han transcurrido en medio de una situación de la economía que puede caracterizarse como de recuperación, aunque todavía parece frágil y heterogénea. Los desbalances macroeconómicos se han moderado, pero continúan en niveles todavía preocupantes: los déficits externo y fiscal —Gobierno nacional central— probablemente cierren el año en torno al 3.0 % del PIB.

Sin duda, los mejores precios del petróleo y la política monetaria de menores tasas de interés han contribuido en forma importante a esta recuperación de la economía colombiana. La inflación se sitúa cercana al 3.0 %, mientras que el precio del dólar ha venido aumentando sin grandes sobresaltos y la tasa de cambio real se encuentra en niveles altos. En consecuencia, el reto inmediato del nuevo gobierno es consolidar la recuperación económica, donde el programa de ajuste fiscal constituye su principal herramienta.

Gráfico 1: Colombia, tasas de crecimiento anuales del Producto Interno Bruto. Trimestre IV de 2013-trimestre III de 2018. Fuente: Dane.

Ley de financiamiento

La fragilidad colombiana de las finanzas públicas en el corto y mediano plazo, explica que la decisión en materia económica más importante del gobierno del presidente Duque sea la denominada Ley de Financiamiento, un conjunto de normas que buscan modificar el régimen tributario colombiano, con el fin de recaudar 14 billones de pesos que cubran el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación en 2019 y aumenten el recaudo en los siguientes años.

De lo que finalmente apruebe el Congreso dependerá el comportamiento en el futuro inmediato de la economía colombiana. En el corto plazo, el mayor recaudo esperado afectará negativamente el consumo de los hogares —el componente más importante del gasto total de la economía—, cuya recuperación todavía es débil¹ (ver gráfico 2). Sin embargo, el gobierno espera que los probables efectos favorables de la reducción de la tasa del impuesto a la renta de las empresas sobre la inversión privada y el empleo, puedan morigerar los impactos negativos en el consumo privado.

Las perspectivas económicas para el próximo año parecen ser un poco mejores de las que finalmente se registrarán en el presente año. La tasa de crecimiento del PIB podría bordear el 3.5 %, muy cercana a la tasa de crecimiento potencial de la economía colombiana. En consecuencia, las políticas de consolidación de la recuperación deben estar orientadas a elevar el crecimiento de la productividad de la economía. El cumplimiento de la regla fiscal es clave para preservar la estabilidad macroeconómica, pero insuficiente para mejorar el crecimiento económico colombiano de largo plazo. La política monetaria ha desempeñado su papel de controlar las presiones inflacionarias, así como los grandes desajustes entre la producción efectiva y la potencial. Y seguramente lo seguirá haciendo.

Preocupa el gasto público

En una perspectiva de más largo plazo, preocupa que los gastos de funcionamiento —excluyendo pensiones— del Gobierno nacional central hayan aumentado pari passu con los mayores ingresos tributarios entre 1991 y 2017. Y, en términos reales, el consumo público subió aproximadamente entre 5 y 8 puntos porcentuales del PIB en igual período² .

Estas tendencias parecen persistir, por lo menos, en el futuro inmediato, a juzgar por el incremento de 9.3 % en los gastos de funcionamiento aprobado en el Presupuesto General de la Nación de 2019, y el mayor dinamismo del consumo público observado en el pasado reciente³ (ver gráfico 2).

En un artículo próximo a divulgarse, Gómez, Posada y Rhenals (2018) encuentran evidencia de un efecto negativo del consumo público sobre la productividad de la economía. Y concluyen que si las economías latinoamericanas hubiesen frenado el consumo público, limitándolo a lo requerido para garantizar el imperio de la ley, la soberanía nacional y unas coberturas universales en educación y salud básicas, probablemente sus ingresos por habitante habrían subido mucho más y las brechas con los de las economías del este asiático no se habrían ampliado tanto^_4.

Notas

1. En el corto plazo, la magnitud de los impactos negativos en el consumo privado podrían ser mayores o menores dependiendo de la fuente de los recaudos esperados.
2. Este rango se explica por los diferentes años bases de las cuentas nacionales de Colombia. Los gastos de funcionamiento del gobierno es una medida presupuestal y los gastos de consumo público es una medida de contabilidad nacional. Además, la cobertura es diferente.
3. Como otros, el gobierno actual ha anunciado un recorte del gasto que, en este caso, sería de $ 1.2 billones en 2019 y de $6 billones en el cuatrienio.
4. Gómez, Wilman; Posada, Carlos E. y Rhenals, Remberto. Elementos determinantes de la productividad multifactorial: los casos de las principales economías latinoamericanas y emergentes de Asia (1960-2015). Noviembre de 2018

Gráfico 2: Colombia, tasas de crecimiento anuales de los principales componentes del gasto. Trimestre IV de 2014-trimestre II de 2018. Fuente: Dane.

La seguridad jurídica es clave

Preocupan algunos cambios institucionales propuestos por el nuevo gobierno, y las dificultades o fracasos que enfrentan otros tendientes a mejorar el ambiente en que se llevan a cabo las políticas y decisiones económicas. La literatura académica ha resaltado el papel importante que juega la calidad de las instituciones en la productividad de la economía, desde las normas que regulan las actividades económicas, pasando por la seguridad jurídica, hasta la eficacia y transparencia de la administración pública. La seguridad jurídica se refiere a un marco de normas anónimas y estables, pero también a la garantía de su cumplimiento que necesita de una justicia eficaz e independiente.

Los sesgos en el desarrollo y aplicación de estas normas generalmente se producen a favor de grupos o empresas ya establecidas, que gozan de relaciones especiales con los poderes públicos, y terminan frenando o entorpeciendo sustancialmente las actividades empresariales, especialmente las más innovadoras. No resulta, entonces, fácil de entender la relativa pasividad de un gobierno, cuyos ejes centrales de su plan de desarrollo son «legalidad, emprendimiento y equidad», en la gestión de las reformas institucionales puestas a consideración del Congreso de la República.