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Sociedad

Peticiones ciudadanas para mejorar la justicia

03/03/2020
Por: Leonardo Álvarez Arango- Periodista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Corrupción, baja calidad de los servicios y desconfianza en el sistema, son quejas reiteradas frente al sistema judicial. La Universidad de Antioquia fue anfitriona de la consulta ciudadana impulsada por la Procuraduría General para presentar un proyecto de reforma a la justicia.

En el coliseo de la Universidad de Antioquia, con el apoyo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se realizó el último de los encuentros territoriales Voz por la Justicia, en el que participaron cerca de 650 asistentes. Foto: cortesía Procuraduría Delegada Asuntos Civiles.

Agilizar la justicia y hacerla más eficiente, son dos de los principales saldos en rojo del sistema judicial colombiano. Así lo señaló la viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita María López Patrón, durante su participación en el último encuentro territorial Voz por la Justicia —realizado en la Universidad de Antioquia el 13 de febrero—, organizado por la Procuraduría para escuchar a sectores sociales e incluir sus percepciones en una propuesta de reforma a la justicia.

En el encuentro participaron 650 representantes de distintas instituciones públicas, de la rama judicial, los sindicatos y la ciudadanía. La consulta hace parte de la estrategia conjunta entre el Gobierno nacional, la rama judicial, la Procuraduría y otras organizaciones, para preguntarle a la gente sobre las falencias del sistema, puesto que el Ejecutivo planea presentar, en marzo, un nuevo intento de reforma a la justicia del que ya se conoció un primer borrador del proyecto de acto legislativo.

Para el Ministerio Público el sistema de justicia del país requiere una mejora que permita la materialización de los fines del Estado social de derecho, relacionados con la promoción de la prosperidad general, la efectividad de los principios y garantías constitucionales, la protección de los derechos, el cumplimiento de los deberes consagrados en el ordenamiento jurídico y la vigencia de un orden social justo.

La reforma se centra, primordialmente, en los requisitos y facultades de los magistrados Peticiones ciudadanas para mejorar la justicia de alta corte, así como en inhabilidades que tendrían quienes están en altos cargos para presentarse a cargos de elección popular. Según el borrador presentado por el Gobierno nacional, se establecerá que la edad mínima para llegar a ser magistrados de la Corte Suprema, la Constitucional o el Consejo de Estado sea de 50 años, y tendrán que haber ejercido en la rama judicial o el Ministerio Público por al menos 25 años, diez más de los exigidos hoy.

De igual manera se requiere una inversión mayor de la administración de justicia, según dijo la viceministra López; así como «trabajar en la transparencia y la actualización tecnológica, y hacer unos ajustes a los códigos para que sean más agiles». Además, habló de fortalecer a los operadores de justicia territoriales, como los jueces de paz, las comisarías de familia y las inspecciones de policía, para que se realicen filtros que permitan la descongestión del sistema.

Mejorar el acceso, prioridad para la ciudadanía

Las voces ciudadanas que participaron en el encuentro Voz por la Justicia —del cual fue anfitriona la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas—, manifestaron que la prioridad debe ser el acceso. El Procurador delegado para Asuntos Civiles y Laborales, Gilberto Blanco Zúñiga, indicó que la gente no está tan interesada en cuáles son los requisitos, ni los periodos de los jueces, ni su órgano de gobierno. Su necesidad es que le resuelvan sus problemas cotidianos con eficacia y eficiencia.

Los datos de la consulta en Medellín arrojaron que el 97 % de las personas piensan que los procesos judiciales son demorados y que esto se debe a la falta de jueces y funcionarios en la rama judicial para atender la cantidad de trabajo, sumados a la mala capacitación del personal y la falta de la tecnología.

El directivo en Antioquía de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial —Asonal Judicial—, y funcionario de la Procuraduría, Eduardo Benavides, consideró la consulta como «un ejercicio valioso pero un poco inútil», pues la justicia está «sobrediagnosticada» y las reformas que ahora ofrece el Gobierno, no son soluciones para la justicia. «El problema de la justicia es que no responde las demandas del ciudadano», contó Benavides, quien no está lejos del sentir de la consulta, que además se refleja en la mala calificación que se le dio en la medición de la confianza en el sistema —3.8 sobre 10—. Las bandas criminales, la delincuencia común, la impunidad y el conflicto armado, también preocupan a más del 40 % de los colombianos en los temas relacionados a la justicia.

La viceministra anunció que se vienen un par de reformas: la primera de carácter constitucional, que recoge los intentos reformistas de años atrás y que se presentará el 18 de marzo. Luego, la ley estatutaria de la administración a la justicia, programada para junio.

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