Opinión

Es evidente que el actual Gobierno nacional quiere, antes de finalizar su mandato, cumplir con la palabra de modificar el Acuerdo Final. La insistencia en volver a la vieja estrategia de fumigar los territorios donde se cultiva la hoja de coca, evidencia su apuesta por reformar e irrespetar lo acordado y avanzado en materia de solución al problema de las drogas y los cultivos ilícitos en Colombia.

El Acuerdo Final es claro en reconocer que uno de los problemas que originaron el conflicto armado está en las drogas ilícitas. Además, que esta economía ilegal es producto de las condiciones de pobreza y marginalidad que ha facilitado la vinculación de poblaciones vulnerables al narcotráfico. En esta medida, el componente militar orientado a perseguir y capturar a los cultivadores queda cuestionado como única salida para erradicar los cultivos.

Esto quedó establecido en el punto cuatro del Acuerdo Final donde se identificaron y señalaron posibles soluciones en el marco del posconflicto con las Farc-ep. Una propuesta integral que plantea visiones alternas que involucra la participación ciudadana desde un enfoque territorial. Además, lo vincula directamente a la transformación estructural del campo, que se busca con la Reforma Rural Integral (RRI).

El Acuerdo Final prometió un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, que son los cultivadores de las drogas —marihuana, coca y amapola— y consumidores de la misma.  Al igual que generar unas condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por estos cultivos.

Este propone una solución que dialoga con la reforma al sector rural; que fuera una construcción conjunta, participativa y concertada con las comunidades; con un enfoque diferencial, que considere las condiciones de cada territorio; y, finalmente, que respete los principios constitucionales de convivencia ciudadana y sustitución voluntaria.

Por eso, el tratado de paz propuso explícitamente programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Unos “planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos”.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se materializó con el Decreto Ley 896 de 2017 y el Decreto Reglamentario 362 de 2018. En el cual aparece la sustitución voluntaria de las comunidades un factor fundamental para el logro de la transformación estructural del campo y el bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por estos cultivos.

Para la implementación de estos programas la norma establece la creación de espacios y acuerdos locales, que involucren a las comunidades en los procesos de sustitución voluntaria y fomenta la vinculación de las familias a estos proyectos. Así como el reconocimiento a las particularidades étnicas y sociales de las comunidades cocaleras.

Igualmente, advierte de la necesidad de construir un enfoque de salud pública en lo referente a la prevención y no estigmatización de los cultivadores. Una concepción, evidentemente, muy alejada de la tradición que se tenía en el país y donde los cultivadores, recolectores y otros oficios conexos eran criminalizados.

Sin embargo, una cosa es lo que dicen los acuerdos y las leyes que los crearon y otra muy distinta es lo que se viene implementando. En los últimos dos años y medio se han mostrado cómo, de nuevo, se intenta cambiar lo acordado. El gobierno actual está trabajando en revertir los avances, dejando el carácter de sustitución para convertirlo en uno de erradicación

El gobierno Duque quiere controvertir la implementación del Acuerdo Final. Y, entre las estrategias adoptadas para cambiar lo acordado está en la no admisión al programa de más cocaleros; y en cambiar el estatus administrativo, al suprimir la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito (Decreto 179 de 2019) y poner el PNIS bajo la administración de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación.

Una de las formas más expeditas de ver la involución y el no cumplimiento de lo acordado esta en la propuesta en la que hoy se insiste desde el gobierno Duque de volver a las aspersiones aéreas con glifosato como mecanismo de erradicación forzada. Esto pone en riesgo los planes de sustitución de las familias inscritas.

Además, insiste en darle un papel secundario en su política de drogas; con lo cual, el énfasis estaría puesto en la erradicación, haciendo uso de la aspersión con glifosato y dejando de lado el diálogo social con los cultivadores.

Siendo, lo más grave, el giro en el nivel de importancia en el eslabón a atacar. La estrategia del Gobierno es poner el cultivo de la hoja de coca como el actor a perseguir. Lo cual muestra al campesino como un actor criminal a través del enfoque punitivo de la gobernanza nacional.

En síntesis, la implementación de los PNIS está evidenciando la ruptura que se tiene con el enfoque inicial del Acuerdo Final. Se está implementando un programa muy distinto al que se acordó y aprobó con la ley. Es un programa desarticulado a la Reforma Rural Integral, carente de proyectos integrales, que le falta concertación y participación de las comunidades, y con una proyección de corto plazo.

Y lo peor, se está retrocediendo al utilizar la erradicación forzada, sobre la voluntaria, como estrategia central. Con esto, se está fracasando en los objetivos de la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos en el país y, al mismo tiempo, reproduciendo las dinámicas de cultura de la violencia local de manos de un Estado que se deslegitima y pierde gobernanza. Todo esto imposibilitando avanzar en la construcción y consolidación de infraestructuras locales de paz.

Desaprovechando la oportunidad de implementar y ampliar un programa que bien trabajado permitiría construir capital social en el país. Pues se lograría fortalecer a las comunidades cocaleras al mismo tiempo que se mejoraría los procesos locales de concertación y participación para la sustitución de cultivos en un contexto de bajos niveles de asociatividad y cooperación.

Este texto fue publicado en la página de la Fundación Paz y Reconciliación el lunes 15 de marzo de 2021

Notas:

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