Opinión

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo en términos de ingreso, riqueza, propiedad y tenencia de la tierra. “Según las declaraciones de renta del año 2017, el decil 10 (superricos) concentró el 95,4 % de la riqueza total de las personas jurídicas del país, mientras que el decil 1 de los más pobres aglutinó tan sólo el 0,001 %” (Garay-Espitia, 2019). En la reforma tributaria del 2020, las tarifas del impuesto a la renta según el ingreso bruto fueron muy moderadas para las empresas más ricas del país, resultado de la multiplicidad de exenciones, deducciones y tratos diferenciales.

La actual propuesta de reforma tributaria del gobierno continúa esta tendencia desigualitaria, manteniendo algunas de las exenciones tributarias a los ricos y buscando más declarantes en los deciles de menores ingresos y de rentas que provienen del trabajo. En la medida en que el gobierno puede satisfacer a los parlamentarios que mueven el trámite en el Congreso con promesas y prebendas, se garantizará el paso –clientelista– de la tercera reforma tributaria del presidente Duque.

Con esto, y es lo realmente importante, se pierde una nueva ocasión para que los ciudadanos puedan decidir democráticamente qué recursos quieren dedicar a sus proyectos comunes: educación, salud, jubilación, empleo, desarrollo sostenible, inseguridad y violencia. No hay decisión soberana y democrática sobre impuestos si el ministro Alberto Carrasquilla y su poderoso séquito de economistas neoliberales, impone un modelo que exime de impuestos a los ingresos de capital, favoreciendo a los más ricos y desconociendo las obligaciones del régimen progresivo del impuesto sobre el ingreso.

El gobierno considera que mantener estas exenciones de impuestos es fundamental y necesario en las actuales circunstancias de competencia económica global porque son la base para que haya más inversión, crecimiento y empleo. Pero esto no ha sucedido durante estos años. Por el contrario, hay un aumento de la desigualdad, mayor concentración de ingreso y riquezas, el sistema de protección social en salud, educación y pensiones es cada vez más reducido y precario, han aumentado los niveles de desempleo e informalidad y la inseguridad y la violencia se han disparado.

Para que Colombia pueda ser una sociedad justa se requiere de otro tipo de política fiscal y social, otra forma de contrato social. La desigualdad no se podrá superar si se mantienen las actuales políticas impositivas que reducen el impuesto sobre los beneficios de las empresas y se exceptúan los dividendos y otros ingresos financieros del régimen impositivo. Tendremos que aceptar que la política fiscal no es sólo de recursos, sino también de redistribución del gasto público y de una política equitativa de beneficios tributarios.

Thomas Piketty dice que “el impuesto no es un asunto técnico, sino eminentemente político y filosófico, sin duda el primero de todos. Sin impuestos no puede haber destino común ni capacidad colectiva para actuar”. Se requiere un régimen tributario progresivo, que grave realmente a los más ricos y con tasas equitativas y proporcionales a sus ingresos a las clases medias y a los más pobres.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 30 de marzo de 2021