Ciencia

Foto: cortesía periódico Alma Máter. 

La investigación titulada “Agrotóxicos: exposición, prácticas y acciones organizadas de prevención prenatal en gestantes de familias agricultoras en municipios del suroeste antioqueño 2015 - 2016”, profundiza en el conocimiento sobre estas sustancias y su incidencia en la población del Suroeste antioqueño. 

El estudio, realizado por los egresados de Administración en Salud: Jor Fránklin Maturana Cuesta, Mariana Arango Cadavid y Melanny Parra Ruiz, los hizo merecedores del primer puesto del Premio a la investigación estudiantil en el área de ciencias de la salud.

“Los municipios del Suroeste se destacan por su actividad agrícola y en la zona se ha incrementado el uso de agrotóxicos en las cadenas productivas para generar mayor rentabilidad en las cosechas,  sin tener en cuenta las consecuencias para la salud que se pueden derivar de la exposición a los tóxicos”, señala Maturana Cuesta. 

Esta situación, comentan los investigadores, los llevó a describir las prácticas agrícolas que involucran el uso de estas sustancias y las consecuencias que pueden generar en las familias caficultoras y en las mujeres gestantes en los municipios de la zona: Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín. 

Los estudiantes comenzaron a trabajar el tema en 2014 y su objetivo era realizar una investigación enfocada en la salud pública que le diera voz a la comunidad afectada. Se seleccionó el suroeste antioqueño porque era la zona que presentaba las tasas más altas de intoxicación por agrotóxicos y carecía de estudios sobre el asunto.

Además, el proyecto de atención primaria en salud que estaba desarrollando la Facultad de Salud Pública en la zona, les permitió articular sus esfuerzos con las instituciones de los municipios y les facilitó relacionarse con la población objeto de su proyecto. 

Para la investigación se realizó un estudio exploratorio que brindó un marco de referencia para el acercamiento a la problemática. “Los datos arrojados evidenciaron que la mujer tiene un papel importante en la labor agrícola, por lo que está constantemente expuesta a estos venenos, de manera directa e indirecta”, observa Maturana Cuesta. 

Las sustancias, además de contaminar el ecosistema en general, afectan la salud de los trabajadores, los coaledaños y los consumidores de los productos. En este sentido, Arango Cadavid señala que “notamos que las mujeres en estado de gestación y lactancia son la población más afectada, por ese motivo también nos interesamos en cómo este fenómeno había organizado a la comunidad y a las instituciones alrededor de la creación de medidas de prevención contra la exposición a estos tóxicos durante la gestación y la niñez”.   

El estudio sugiere que no hay una respuesta eficiente por parte de las organizaciones ambientales y de salud respecto a la exposición a los teratógenos ambientales —sustancias que afectan al desarrollo del embrión o feto—. Encontraron que las acciones realizadas solo obedecen al quehacer puntual de cada institución, lo que demuestra una desarticulación de las políticas orientadas a afrontar el problema.

“Pese a que en la Ley 100 de 1993 se priorizó la atención de madres gestantes y lactantes por medio de un servicio de atención prenatal, las instituciones carecen de un proceso de información, capacitación y educación que las oriente acerca de los riesgos que corren en su entorno”, explica Parra Ruiz.

Por su parte, Arango Cadavid considera que “la situación se presenta debido a la fragmentación del Sistema General de Seguridad Social, lo que evidencia dificultades para establecer diálogos comunitarios y gubernamentales que fortalezcan las acciones de prevención a la exposición a agrotóxicos, especialmente para el binomio madre e hijo, que es invisible en este panorama”.

La investigación concluye que las mujeres gestantes son una de las poblaciones más vulnerables y menos priorizadas por la acción estatal. Pero rescata que se pueden encontrar estrategias innovadoras para el control de riesgos por la exposición a agrotóxicos. 

Sin embargo, los investigadores sostienen que hace falta visibilizar el problema, para que, de este modo, se logre articular a sectores gubernamentales y no gubernamentales en el desarrollo de mecanismos que ayuden a solucionar esta situación. 

“Y eso es precisamente lo que se busca: demostrar que es una problemática que permea varios grupos poblacionales y que hace mella en la calidad de vida de las personas de las zonas rurales, no sólo de Antioquia sino de Colombia”, finaliza Parra Ruiz.