Opinión

William Fredy Pérez Toro, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia se refirió a dichos reparos así:

Aprobada con reparos del Senado, justicia para la transición

El profesor Pérez argumentó el por qué de la dilación para aprobar las leyes procedimentales de la Jurisdicción Especial para la Paz tendría el objetivo de modificar a largo plazo el acto legislativo de la JEP.

“El argumento de quienes se opusieron a la ley procedimental es que era innecesaria, inútil, perturbadora, la expedición de esa ley ordinaria procedimental mientras la Corte Constitucional no se hubiera pronunciado, argumento poco creíble que al final pudo aclararse”, dijo el profesor Pérez, infiriendo cuál era el verdadero objetivo del desacuerdo.

Dilación para aprobar leyes procedimentales de la JEP

Por otro lado, Pérez se refirió a que la JEP ya está en marcha y que obstaculizar su funcionamiento es negar a la sociedad vulnerada, el compromiso del acuerdo de paz en cuanto a reparación y no repetición: “frenar la JEP es frenar la concreción de la paz, por lo menos en lo que tiene que ver con quienes participaron directamente en la confrontación”.

Obstaculizar la JEP es dar la espalda a la paz

Como lo ha explicado el profesor Pérez, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, también es la herramienta procesal para juzgar a los exguerrilleros y militares por delitos cometidos en el conflicto armado. Luego de que el Congreso de la República aprobara el proyecto de ley que regula la JEP, el Legislativo realizó dos modificaciones al texto final de los Acuerdos de Paz con las Farc.

¿Qué podría pasar tras las modificaciones de la JEP?
 

El profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Juan José Martínez Volkmar, resaltó que los cambios propuestos por el Centro Democrático se realizaron “a las normas que regulan el procedimiento interno de la Jurisdicción Especial para la Paz, no es que se esté aprobando o desaprobando, porque la JEP jurídicamente tiene otros componentes”.

De acuerdo con los cambios propuestos por la bancada del presidente electo Iván Duque, los militares tendrían una sala especial para ser juzgados y el Tribunal de la JEP no podrá decidir sobre la extradición de aquellos implicados en el conflicto armado.

En ese sentido, los procesos contra los militares que están en marcha y los que deban o deseen acudir a la JEP serán congelados, mientras que se crea para ellos un procedimiento diferenciado y especial que sería nombrado como “sala especial”.

La otra modificación, le quita la facultad a la JEP para practicar pruebas en casos de extradición para quienes estén acogidos a ella, limitando la competencia a la revisión de la fecha del delito y no sobre el fondo del asunto y la responsabilidad del implicado.

Ante los cambios el presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior Guillermo Rivera y otros líderes políticos, catalogaron estas modificaciones como “no constitucionales”.

Martínez Volkmar destacó que en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto entre el Estado y las Farc es un compromiso de ambas partes con los colombianos y la comunidad internacional, de ahí la preocupación por los cambios realizados.

“Con estos cambios hay algo importante y grave que está pasando y es el desconocimiento por parte del Estado del Acuerdo de Paz y el incumplimiento de los compromisos que adquirió. Lo estamos viendo también con las circunscripciones especiales para la paz, con las garantías e incumplimiento de los proyectos productivos a la población en reincorporación”, añadió.

El profesor destacó que el nuevo Gobierno ha manifestado varias intenciones de cambio al Acuerdo: “Hay muchos elementos, como el de la Reforma Rural Integral y la proposición de cerrar las puertas de la participación política a las Farc; digamos que es un asunto mucho más amplio que ponen en riesgo los Acuerdos y la posibilidad de que la paz sea efectiva”, agregó Martínez.

Según el docente, a partir del 7 de agosto, el Centro Democrático será mayoría en el Congreso y los cambios podrían seguir presentándose, lo que pondría en riesgo el Acuerdo y hacerlo “trizas”.

Para Juan José Martínez lo más importante es que la veeduría ciudadana entienda y valore esta posibilidad de construir la paz y se movilice por el respeto de lo acordado.