Opinión

En los procesos penales internacionales construidos en el marco de la justicia transicional como el Tribunal de Núremberg y el que juzgó a Eichmann, se buscó hacer justicia a los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los nazis. A pesar de las críticas de aquellos que cuestionaron la autonomía e imparcialidad de los jueces y los fiscales –Bull–, que señalaron que los procesos habían sido utilizados intencionalmente por los vencedores con fines propagandísticos –Röling–, o que pusieron en duda el valor y la eficacia de una respuesta jurídica a la atrocidad nazi –Arendt–, estos juicos fueron considerados justos y legítimos porque respondieron no solamente a las expectativas de la justicia legal, y posibilitaron también salvar la memoria que quiso destruir la criminalidad de los nazis.

Lo que se puede destacar de estos juicios –de cara a los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad (CV)–  es que mostraron el valor fundamental que tiene para una sociedad que se dé una respuesta jurídica frente a las grandes atrocidades.

En el caso de Colombia, el Acuerdo Final (AF) ha sufrido desde su inicio un fuerte rechazo por una parte de la sociedad y por el Partido Centro Democrático. Los serios problemas de aceptación y apoyo social que han tenido el AF, la JEP y la CV, se agravaron con el triunfo del No en el plebiscito de finales de 2016 y la victoria posterior del CD en las elecciones presidenciales de 2018.

Pero en las últimas semanas se ha dado una nueva situación: la JEP y la CV están mostrando que irán hasta el fondo a fin de esclarecer la verdad del conflicto armado. En este sentido, es importante destacar la decisión que tomó la Sala de Reconocimiento de la JEP, en el Auto No. 19 de 2001. Este puede producir, —si los exintegrantes del Secretariado aceptan su responsabilidad y cumplen con las obligaciones que impondrán las sanciones de restricción de la libertad— un cambio de actitud de la sociedad colombiana frente a la visión escéptica y negativa que se ha tenido del AF. La sociedad colombiana puede ver ahora que efectivamente se está iniciando un proceso de justicia imparcial, que la JEP no es un tribunal al servicio de la impunidad de las FARC, que va a haber justicia retributiva y se impondrán penas dentro de lo establecido en el Acuerdo Final.

En el mencionado auto, la JEP imputa al antiguo Secretariado de las Farc-Ep, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por secuestros. Esto permite apreciar que se está avanzando hacia una paz con verdad y justicia y se está superando el déficit de legitimidad de la JEP, así como las dudas que hay sobre la imparcialidad de sus magistrados. La decisión, basada en una amplia investigación y contraste riguroso de diversas fuentes, muestra que la justicia de la JEP no es política ni es un juicio espectáculo. Es un juicio político anclado en la legalidad.

 Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 9 de febrero de 2021